La subasta de Citgo, la empresa que con sus refinerías, terminales y estaciones de servicio en Estados Unidos constituye un activo logístico, comercial y simbólico para Venezuela, avanza hacia su fase final en un tribunal federal de Delaware. Las ofertas están siendo evaluadas y, si bien el proceso no está exento de acciones legales que pueden retrasarlo, una vez se concrete, la suerte de la compañía dependerá de que el Departamento del Tesoro conceda su aprobación final.
La propuesta de Red Tree Investments por 3.700 millones de dólares por la casa matriz de Citgo fue seleccionada como oferta inicial. El asesor especial del tribunal, Robert Pincus, recomendó al juez Leonard Stark, quien preside el caso, la oferta del consorcio liderado por Gold Reserve, que asciende a 7.382 millones de dólares. A partir de ahora se abre un período en el que los demás oferentes, como la firma de capital riesgo Black Lion Capital Advisors, podrán presentar escritos en respaldo de sus propuestas.
Gold Reserve concretó su oferta a través de su filial Dalinar Energy. La audiencia final, con la que se prevé concluir la subasta, está programada para el 18 de agosto. El juez Stark podría anunciar al adjudicatario ese mismo día o en una fecha posterior.
Citgo opera tres refinerías de alta complejidad, ubicadas en Lake Charles (Luisiana), Lemont (Illinois) y Corpus Christi (Texas), con una capacidad combinada para procesar unos 807.000 barriles diarios de petróleo. Además, controla una red de 4.000 estaciones de servicio que la posiciona como un actor relevante en el mercado de combustibles del este de Estados Unidos.
Crystallex abrió la compuerta
La cadena de eventos que condujo a la subasta de Citgo comenzó cuando la minera canadiense Crystallex presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a su favor y le reconoció el derecho a cobrar 1.400 millones de dólares al Estado venezolano como compensación por la expropiación, en 2008, de la mina de oro Las Cristinas, ejecutada sin indemnización por el entonces presidente Hugo Chávez.
Tras el fallo del Ciadi, Crystallex recibió un pago de 400 millones de dólares por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero exige el resto del dinero. Para hacerlo, presentó una demanda ante una corte de Delaware y, en 2018, el juez Leonard Stark determinó que Pdvsa y el Estado venezolano conforman una misma entidad jurídica. Esa decisión habilitó a Crystallex a cobrar la deuda mediante la subasta de acciones de PDV Holding, filial de Pdvsa y propietaria de Citgo.
Ese mismo fallo del juez Leonard Stark abrió la puerta para que otras 14 empresas con reclamos contra el Estado venezolano, entre ellas ConocoPhillips y Huntington Ingalls Industries, se sumaran al proceso. En conjunto, los acreedores reclaman pagos que ascienden a 18.900 millones de dólares.
En marzo del año pasado, el juez Stark reafirmó la tesis de que Pdvsa y el Estado venezolano conforman una misma entidad jurídica, al considerar que tanto la administración de Maduro, dentro del país, como la del gobierno interino de Juan Guaidó, en el exterior, gestionaron la empresa de forma tal que diluyeron la frontera entre el Ejecutivo y la petrolera.
Los bonos 2020
Además del proceso en Delaware, Citgo enfrenta una presión paralela desde el frente financiero. En diciembre de 2016, el gobierno de Maduro comprometió a la empresa al emitir bonos de Pdvsa por cerca de 3.000 millones de dólares, con vencimiento en 2020. A diferencia de otras obligaciones, estos títulos están respaldados con el 50,1% de las acciones de Citgo.
El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, al argumentar que las acciones de Citgo no podían comprometerse sin la autorización de la Asamblea Nacional, e interpuso una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras fallos y apelaciones sucesivas, el juicio sigue en curso, y el tribunal deberá decidir si, conforme a la Constitución venezolana, no era necesaria la aprobación parlamentaria para respaldar los bonos.
El litigio en Nueva York tiene implicaciones en Delaware: los tenedores de los bonos 2020 podrían recurrir a medidas legales para impedir que los fondos recaudados en la subasta se distribuyan entre otros acreedores, hasta que se resuelva su caso y se confirme si tienen derecho a ejecutar la garantía sobre Citgo. La propuesta de Red Tree Investments neutraliza ese riesgo al incluir un mecanismo de pago para los bonistas.
Sanciones y licencias
Estados Unidos considera que el gobierno de Maduro se apartó del camino democrático y utilizó el sistema financiero de su país para prácticas corruptas. En respuesta, comenzó a imponer sanciones a partir de 2017 y, en 2019, reconoció a Guaidó -entonces presidente del Parlamento venezolano- como presidente interino de Venezuela.
Las sanciones han estado acompañadas por licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que buscan proteger activos venezolanos. Una de las más relevantes es la que suspende temporalmente el derecho de los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 a ejecutar la garantía y tomar control del 50,1% de las acciones de Citgo.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha mantenido esta suspensión desde 2019. El pasado 20 de junio la prorrogó hasta el 20 de diciembre de este año mediante la emisión de la Licencia General 5S.
Otro aspecto clave es que, si la subasta en Delaware avanza hasta su fase final -como todo parece indicar- y el juez ordena la venta de las acciones, el comprador necesitará una licencia individual emitida por la OFAC para poder tomar control de Citgo.
El peso de la deuda
La pérdida de Citgo supondría para Venezuela el desprendimiento de uno de sus activos más valiosos: una red de refinerías en Estados Unidos adaptadas para procesar su crudo pesado y con capacidad para generar ingresos clave en un eventual proceso de recuperación económica.
Las dos reelecciones de Maduro, celebradas en comicios no reconocidos por una amplia lista de países, derivaron en sanciones, especialmente por parte de Washington, y en una falta de legitimidad que, hasta ahora, ha impedido que Venezuela acceda a financiamiento multilateral o avance en una reestructuración ordenada de su deuda externa que podría haber protegido a Citgo.
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En este contexto, el oficialismo ha denunciado un “robo descarado” orquestado por Estados Unidos en complicidad con sectores de la oposición, mientras que esta última responsabiliza a Maduro por el endeudamiento y la falta de legitimidad institucional. La profunda división entre ambos bandos impidió alcanzar un acuerdo que habría fortalecido la defensa de los activos del país.
El 17 de junio de 2024, el gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que advirtió que no reconoce “ni reconocerá la venta forzosa de Citgo, que se lleva adelante en flagrante desprecio de las garantías económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por cualquier nación civilizada”.
La defensa de Citgo ha estado en manos del gobierno interino, por lo que la administración de Maduro sostuvo que tanto su gobierno como Pdvsa fueron “impedidos de defender sus derechos ante los tribunales estadounidenses”. Además, advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones contra cualquier empresa o individuo que “adquiera las acciones, facilite la compra o negocie con los activos de Citgo”.
