Tras asegurar el petróleo, Estados Unidos busca el control de los minerales críticos de Venezuela
La visita del secretario del Interior, Doug Burgum, sienta las bases para el desembarco de empresas estadounidenses en los yacimientos estratégicos. El reto será operar en territorios dominados por grupos armados.
Estados Unidos no ocupó Venezuela, pero ejerce un tutelaje sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En una primera fase, Washington se aseguró el suministro de petróleo y el acceso de sus empresas al país con las mayores reservas de crudo del planeta. La segunda fase, marcada por la rivalidad con China, se centra en los minerales críticos: insumos estratégicos para la defensa, la transición energética y la industria tecnológica, donde la administración Trump busca garantizar abastecimiento para su economía.
China logró consolidar un cuasi monopolio sobre varios de estos minerales y restringió su flujo en respuesta al alza de aranceles que impuso Donald Trump como parte de su agresiva política comercial. Aunque luego hubo una tregua - con reducción de aranceles por parte de Washington y flexibilización de restricciones por Pekín-, Estados Unidos tomó nota de su vulnerabilidad.
Delegación poderosa
Esta semana, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aterrizó en Caracas acompañado de 20 representantes de empresas mineras. Su objetivo: establecer condiciones para iniciar operaciones en los yacimientos venezolanos que, según información oficial divulgada en 2018, concentran unas 644 toneladas de oro en la región de Guayana y albergan recursos incluidos por Washington en su lista de 60 minerales críticos.
Aparte del oro, Venezuela, si bien no ha certificado sus reservas, cuenta con minerales esenciales: níquel, indispensable para la elaboración de baterías; carbón metalúrgico, clave en la producción de acero; coltán, esencial para la electrónica; cobre, vital en las redes eléctricas; antimonio, utilizado en el sector militar como retardante de fuego y en aleaciones; y manganeso, fundamental para fortalecer el acero y fabricar baterías.
Burgum aseguró que lo acompañaban compañías estadounidenses “de las más grandes e importantes del mundo en minerales y minería”. Añadió que “muchas ya han trabajado en Venezuela, representan millones de dólares en inversión y miles de empleos bien remunerados, y están listas para comenzar”. Entre ellas figuraban representantes de Peabody Energy, uno de los gigantes del carbón, y de la comercializadora de materias primas Glencore.
Delcy Rodríguez, tras reunirse con Burgum en el Palacio de Miraflores, anunció que pedirá al Parlamento, de mayoría oficialista, aprobar una reforma de la Ley de Minas. El proyecto incorporará “los modelos exitosos de la Ley de Hidrocarburos”, modificada recientemente para abrir el sector a la inversión extranjera.
En la otra acera, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que flexibiliza las sanciones de Washington y permite a las empresas estadounidenses realizar transacciones con el oro venezolano.
Donald Trump se refirió a este paso en la cumbre Escudo de las Américas. “Hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, destacó, y añadió: “Acabamos de alcanzar un histórico acuerdo sobre el oro para permitir que nuestros dos países trabajen juntos y faciliten la venta del oro venezolano y otros minerales. Ellos tienen grandes cantidades de oro”.
Al mismo tiempo, aunque sin confirmación oficial, circuló la versión de que Minerven, la empresa minera del Estado venezolano, habría vendido una tonelada de oro a refinerías norteamericanas a través del negociador de materias primas Trafigura.
Sobre la relación con la presidenta encargada de Venezuela, Trump subrayó que su administración ha "estado trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un gran trabajo con nosotros".
Ley de la selva
Aunque existe un entendimiento entre la administración Trump y el gobierno de Rodríguez -donde el acceso a los recursos naturales relegó por ahora la democratización-, la explotación minera enfrenta un obstáculo central: desplazar a los grupos armados que controlan yacimientos de oro, coltán y otros minerales en el sur del país, una zona marcada por violencia y la ilegalidad.
Un hombre muestra partículas de oro a orillas del río La Paragua, en La Paragua, estado Bolívar (Venezuela). EFE
Un hombre muestra partículas de oro a orillas del río La Paragua, en La Paragua, estado Bolívar (Venezuela).
EFE
En un informe publicado en julio del año pasado, Crisis Group advirtió que “el aumento del precio del oro ha impulsado una minería ilegal descontrolada, fortaleciendo a las bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas”. La organización subrayó el impacto ambiental y la violencia contra comunidades locales, víctimas de abusos sexuales, reclutamiento infantil e incluso ejecuciones sumarias.
La investigación describió el rol de las Fuerzas Armadas venezolanas, al señalar que en los últimos años “han allanado numerosas minas de oro ilegales en el sur del país, supuestamente para proteger el medio ambiente. Pero lo cierto es que explotan las minas para su propio enriquecimiento o permiten que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias”.
La magnitud real de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela sigue siendo difícil de cuantificar. Según Crisis Group, en 2023 estas actividades se estimaban en unas 140.000 hectáreas, lo que representa un aumento de 59.000 hectáreas desde 2018. Diversos reportes citados por la organización coinciden en que “Venezuela actualmente alberga más del 30% de las explotaciones mineras ilegales de la cuenca del Amazonas”.
Fuentes cercanas al gobierno de Delcy Rodríguez señalan que la participación de militares en la minería ilegal constituye un reto para su administración, ya que el acceso a esos recursos forma parte de la renta que recibe un sector clave para la estabilidad del régimen.
Otro factor a evaluar es la presencia en el sur de Venezuela de la guerrilla colombiana. Según el informe de Crisis Group, la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC liderada por Iván Márquez, opera en estrecha alianza con el ELN, compartiendo embarcaciones para el transporte de drogas y repartiéndose el control de las minas.
Minería ilegal de oro en Venezuela. AFP
AFP
En el estado Bolívar, las organizaciones criminales venezolanas conocidas como sistemas han participado en la minería ilegal durante más de una década. Estos grupos, antes llamados pranes o sindicatos, operan con estructuras de cientos de miembros. Según Crisis Group, los sistemas “exigen una parte de la producción de oro de las minas gestionadas por operadores ilegales o las manejan ellos mismos”.
La seguridad
Miembros de la delegación estadounidense plantearon en el encuentro con funcionarios venezolanos la preocupación por la ilegalidad en el sur del país. Burgum explicó luego a periodistas que el gobierno de Delcy Rodríguez garantizó protección y seguridad.
“Básicamente están abriendo las puertas para viajar y evaluar estas zonas mineras, y los más altos niveles del gobierno están garantizando personalmente la seguridad de las personas”, afirmó Burgum antes de regresar a Estados Unidos. Añadió que “quieren crear empleos y que organizaciones legítimas, y no criminales, controlen sus recursos naturales”.
“Esa actividad llenó un vacío. Entró y creó una oportunidad económica donde no la había”, admitió el funcionario estadounidense. Añadió que, en su opinión, “si existe una oportunidad económica superior, entonces verán a este gobierno muy preocupado por ofrecer el tipo correcto de seguridad”.
