El informe de esta organización, dedicada a prevenir y resolver conflictos, advierte que “el aumento del precio del oro ha impulsado una minería ilegal descontrolada, fortaleciendo a las bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas”. Este negocio está dañando frágiles ecosistemas y desatando violencia contra comunidades locales y trabajadores migrantes, víctimas de abusos sexuales, reclutamiento infantil e incluso ejecuciones sumarias.
Minería ilegal de oro en Venezuela. AFP
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La magnitud real de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela sigue siendo difícil de cuantificar. Según Crisis Group, en 2023 estas actividades se estimaban en unas 140.000 hectáreas, lo que representa un aumento de 59.000 hectáreas desde 2018. Diversos reportes citados por la organización coinciden en que “Venezuela actualmente alberga más del 30% de las explotaciones mineras ilegales de la cuenca del Amazonas”.
Las estimaciones sobre la producción anual de oro en Venezuela varían de forma significativa, y sigue siendo extremadamente difícil determinar cuánta proviene de actividades ilícitas. En 2021, señala Crisis Group, fuentes estadounidenses calcularon una producción total cercana a las 75 toneladas, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofreció una cifra mucho más conservadora: entre 25 y 37,5 toneladas.
La guerrilla colombiana
La minería ilícita en el sur de Venezuela ha crecido velozmente en los últimos diez años a manos de grupos de crimen organizado y la guerrilla colombiana que ejercen un férreo control sobre amplias zonas de los estados Bolívar y Amazonas.
Según el informe, la Segunda Marquetalia —facción disidente de las FARC liderada por Iván Márquez— opera en estrecha alianza con el ELN, compartiendo embarcaciones para el transporte de drogas y repartiéndose el control de las minas. “Estos frentes se fortalecieron muchísimo con estos pactos de no agresión”, señaló un funcionario colombiano, citado por Crisis Group.
Ambos grupos imponen un dominio asfixiante: controlan el acceso a las zonas, extorsionan a comerciantes locales y aplican una justicia implacable que, en algunos casos, incluye ejecuciones sumarias por delitos como la agresión sexual. “A veces los muchachos se metían en problemas y la única opción era muerte o vincularse con ellos”, relató un minero indígena.
El clientelismo se convierte en otra herramienta de dominio. Los grupos armados reclutan jóvenes indígenas para cobrar extorsiones y transportar droga hacia Brasil, y los desplazan como combatientes a departamentos colombianos en conflicto. En paralelo, buscan apoyo local financiando escuelas, pagando salarios a maestros y facilitando el traslado de enfermos a centros médicos.
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AFP
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Crimen organizado
En el estado Bolívar, las organizaciones criminales venezolanas conocidas como sistemas han participado en la minería ilegal durante más de una década. Estos grupos —antes llamados pranes o sindicatos— operan con estructuras de cientos de miembros. Según el informe de Crisis Group, los sistemas “exigen una parte de la producción de oro de las minas gestionadas por operadores ilegales o las manejan ellos mismos”.
Su actividad no se limita al oro: también están involucrados en el tráfico de combustible, drogas y la explotación sexual de mujeres. Además, extorsionan cada vez con mayor frecuencia a empresas locales. En El Callao, por ejemplo, vendedores de alimentos declararon que pagan hasta 100 dólares mensuales a estos grupos, mientras que las plantas de procesamiento entregan el 20% de la arena aurífera como tributo.
Las Fuerzas Armadas
Crisis Group explica que desde 2022, el Gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado un discurso ambientalista para justificar operativos militares en regiones mineras, presentados como medidas de conservación. Sin embargo, imágenes satelitales y trabajo de campo indican que la actividad extractiva continúa, con las tropas encargándose de administrar minas o cobrar tributos a los operadores. En varios casos, oficiales de alto rango han entregado el control a grupos armados no estatales o introducido sus propios equipos de explotación.}
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Mural de Maduro en Caracas
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“Los lugareños dicen que las fuerzas gubernamentales tienen una alianza tácita con los grupos armados colombianos, lo que permite que las minas operadas por estos grupos evadan la ley”, dice Crisis Group.
Agrega que “con un apoyo popular cada vez menor, el gobierno depende en mayor medida de los militares para mantenerse en el poder, lo que hace difícil que Maduro presione a las fuerzas armadas para que detengan su comportamiento depredador en el sur, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios financieros que produce”.
La violencia
La minería ilegal se desarrolla en un entorno marcado por abusos. Residentes, dice Crisis Group, denuncian que funcionarios estatales, guerrillas y grupos criminales cometen actos de violencia con frecuencia, aunque la lejanía de la región contribuye a que estas denuncias pasen desapercibidas.
No obstante, explica que sus testimonios han sido corroborados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otras organizaciones, que han documentado que el trabajo infantil forzoso, los asesinatos en masa, las desapariciones y la violencia sexual son fenómenos generalizados en los distritos mineros.
La promesa de ingresos provoca, además, una deserción escolar alarmante: algunas escuelas pierden hasta la mitad de su alumnado cada año, mientras que fuentes reportan la presencia de niños menores de diez años en las minas.
Trabajo infantil en las minas de oro ilegales de Venezuela. AFP
Trabajo infantil en las minas de oro ilegales de Venezuela.
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Daño ambiental
La minería ilegal ha tomado por asalto el sur de Venezuela, “casi universalmente empleando prácticas nocivas”, según advierte Crisis Group, lo que incluye el uso de mercurio y productos químicos altamente contaminantes. Estas operaciones han penetrado en 27 de las 41 áreas protegidas bajo régimen de administración especial en la Amazonía venezolana, violando prohibiciones explícitas y comprometiendo el ecosistema.
La supervisión ambiental se ha desplomado. Organizaciones civiles denuncian la opacidad informativa por parte del Estado, mientras las instituciones encargadas de la protección se han debilitado por “recortes presupuestarios, mala gestión y corrupción”, señala Crisis Group. La decisión gubernamental de levantar las restricciones a la minería fluvial en 2022 pone en riesgo los ríos del estado Bolívar, fuente del 90% del agua dulce del país.
El consumo de pescado contaminado con mercurio ha afectado a comunidades cercanas a zonas mineras, mientras especies como el delfín de agua dulce presentan niveles tóxicos. El informe también revela que la minería ilegal alcanza casi 30 ríos, un aumento del 106% en seis años, afectando cuencas como las del Cuyuní, Caroní, Paragua, Caura y el Orinoco medio.
Frente al deterioro ambiental y la violencia sistemática el informe de Crisis Group sugiere que la presión internacional podría jugar un papel clave. “Aunque es difícil persuadir al presidente Nicolás Maduro”, señala, “los gobiernos extranjeros deben aprovechar su supuesta preocupación por el medio ambiente y su deseo de obtener legitimidad internacional tras las controversiales elecciones de 2024 para presionar por medidas para el control de la minería ilegal y la violencia que conlleva”.
Añade que los compradores de oro —en particular en Oriente Medio y Asia— “deben exigir oro libre de conflicto”, como parte de una estrategia para frenar el comercio ilícito que alimenta la devastación en el sur de Venezuela.
