La presidenta presentó el pacto, que otorga a Estados Unidos la explotación de 17 campos con reservas probadas de 65.000 millones de barriles, como un paso hacia la prosperidad que tendrá “un gran impacto en la vida de los venezolanos en el mediano y largo plazo”.
Rodríguez quiso disipar la idea sembrada por Donald Trump de que las reservas de petróleo pasan a ser propiedad de Estados Unidos, afirmando que “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”. El país solo otorga contratos para que empresas extranjeras operen los campos por 25 años y alcancen una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
Las empresas extranjeras le pagan a Venezuela, como propietario del petróleo, regalía e impuesto sobre la renta. Tomando como referencia un precio de 65 dólares el barril el estimado es que el país recibirá 209.335 millones de dólares, lo que significa que, por cada barril vendido, Venezuela obtendrá alrededor de 19 dólares.
De los 17 campos a explotar, 8 son bloques “verdes”, aún sin desarrollo ni infraestructura. Estos campos pagarán una regalía mínima de 16% y un impuesto sobre la renta de 34%. Rodríguez no ofreció datos sobre los bloques con infraestructura o en producción.
Refinería de Amuay en Venezuela
AP
Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, señaló el problema de establecer una carga de regalía e impuesto fija que no se ajusta a distintos escenarios: “Si algo sabemos es que los precios serán volátiles. Esto termina resultando en que paradójicamente haya menor inversión y menor recaudación para el Estado. Ojalá se revise eso antes de que se firmen toda esta camada de contratos”.
Delcy Rodríguez no se refirió a cuál es el rol que jugará la administración de Donald Trump en el acuerdo, se limitó a señalar que “escogimos el camino de la diplomacia con Estados Unidos para transformar nuestras diferencias en cooperación y esa cooperación en inversión, producción, bienestar, resultados concretos para los venezolanos”.
Un socio inusual
La opacidad reina, pero ha trascendido que el gobierno de Estados Unidos, en un paso inusual, se convertirá en accionista mayoritario de una nueva empresa con derecho a desarrollar los 17 campos. Un funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, indicó a Associated Press que el acuerdo otorga a Washington el 55% del petróleo producido a precio de costo, destinado a alimentar las reservas estratégicas estadounidenses.
Un elemento clave, aún sin mayor precisión, es que si Estados Unidos compra más de la mitad del petróleo a costo —un valor inferior al precio de mercado— disminuye el pago por impuesto sobre la renta y, en consecuencia, lo que ingresa a las arcas venezolanas. Se desconoce si este aspecto cuenta con alguna cláusula que lo compense en los contratos que todavía no se conocen.
La nueva empresa en la que participaría Estados Unidos buscará asociarse con compañías petroleras dispuestas a asumir los miles de millones de dólares necesarios para desarrollar los campos y extraer el crudo. Hasta ahora, grandes firmas como Exxon y Conoco, que fueron expropiadas en Venezuela, han considerado demasiado riesgoso retornar al país.
Otras compañías como Chevron, Repsol y ENI han firmado acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo para desarrollar los 17 campos “traerá cerca de 100 mil millones de dólares en inversión privada” a Venezuela, sin especificar qué compañías se han comprometido.
Fuentes aseguran que el gobierno estadounidense actuaría como garante de los contratos a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, con el objetivo de reducir la percepción de riesgo. Esta oficina fue creada durante la administración de Joe Biden para impulsar inversiones en tecnologías críticas para la seguridad nacional.
¿Y el rol de Betancourt?
Si bien no ha habido confirmación oficial, se maneja que Estados Unidos estaría trabajando en el esquema junto a Alejandro Betancourt, quien dirige la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), una de las privadas con mayor producción de petróleo en Venezuela.
Betancourt es una figura controversial. En 2010 recibió contratos del gobierno de Hugo Chávez para importar plantas eléctricas en una operación que desde entonces ha estado bajo escrutinio. Sus empresas y cuentas bancarias han sido investigadas en Suiza por presunta malversación y lavado de dinero, aunque sus abogados han negado reiteradamente cualquier irregularidad.
En un comunicado enviado al New York Times, NABEP señaló que esperaba trabajar con el gobierno estadounidense para reconstruir la industria energética de Venezuela, pero agregó que “sería prematuro comentar exactamente qué papel desempeñará nuestra empresa”.
A largo plazo
Al cierre de julio, según la información entregada por el gobierno venezolano a la OPEP, la producción del país se ubicó en 1,2 millones de barriles diarios, apenas un tercio de lo que extraía en 1998, cuando el chavismo llegó al poder. Años de pésima gerencia, corrupción rampante y el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro derrumbaron la producción.
Balancín petrolero, en Cabimas Venezuela
EFE
Analistas consideran que llevar la producción del país a 3 o 4 millones de barriles diarios requerirá tiempo e inversiones cuantiosas, cuya concreción está aún por verse.
Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, dijo que la industria petrolera está a la espera de claridad sobre los detalles del acuerdo. Afirmó que Venezuela tiene espacio para aumentar su producción de petróleo: en el pasado, producía más de 2,5 millones de barriles diarios por encima de los niveles actuales, pero inversiones de esta magnitud no se presentan rápidamente.
“Va a tomar tiempo —muchos años— desplegar todo ese capital y producir el tipo de resultados incrementales que la historia indica que es posible”, señaló Book.
La ilegitimidad
Tras la intervención militar con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para juzgarlo por narcotráfico, Delcy Rodríguez —quien ocupaba la vicepresidencia bajo Maduro— permanece en el poder. Maduro se había reelegido en 2024 mediante unas elecciones empañadas por contundentes denuncias de fraude electoral.
Las críticas sobre la falta de legitimidad de Rodríguez para firmar un acuerdo que compromete la quinta parte de las reservas del país se multiplican. Ricardo Hausmann, economista venezolano director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, señaló que “un gobierno interino ilegítimo con una ley de hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para firmar este acuerdo inconstitucional. Será un fiasco para todos los involucrados”.
Delcy Rodríguez junto a Cris Wright secretario de Energía de EEUU
AP
A través de su cuenta de X le señaló a Marco Rubio en referencia a Delcy Rodríguez que “ella no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela a ningún acuerdo de ese tipo. Los venezolanos no respetarán este acuerdo ilegítimo y ninguna gran compañía petrolera de EEUU lo tomará en serio porque saben que no durará”.
Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado, indicó que “mientras tengamos a la gente que destruyó el país y PDVSA manejando el dinero que salga de este acuerdo, pues se está construyendo un rascacielos con pilares de barro”.
Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA —señalado por la oposición como responsable de su declive y endeudamiento— coincidió en criticar el pacto: “Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera. Otra emboscada: nos tuvimos que enterar por Trump”.