El juez federal de distrito F. Dennis Saylor, de Boston, falló el lunes a favor de una coalición de sindicatos, grupos de defensa de la educación superior y de periodistas para bloquear la nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez federal F. Dennis Saylor
En su dictamen de 48 páginas escribió que "el daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos" causado por la norma "probablemente sería catastrófico", según recogió The New York Times. A la vez, consideró que las nuevas medidas desalentarían a los estudiantes internacionales a asistir a universidades estadounidenses.
"Más allá de la magnitud del daño probable, los argumentos presentados por el gobierno para justificar la norma son excepcionalmente débiles", aseguró.
Qué establecían las nuevas normas de visado
A mediados de julio, el gobierno de Trump había modificado las normas para las visas F para estudiantes internacionales, las J que permite a los asistentes a programas de intercambio cultural trabajar en EEUU y las I para los miembros de la prensa que tenían que entrar en vigor a los 60 días.
Estos cambios establecían que los extranjeros con visados de estudiante serían admitidos por un máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga, lo mismo para las visas J. Los estudiantes de posgrado no podían cambiar de estudios mientras se acogieran a este visado y tendrían solo 30 días para salir de EEUU al acabar su formación, cuando hasta ahora eran 60. Los estudiantes de programas para aprender inglés no podían estar más de 24 meses en el país con un visado de este tipo.
En tanto, los periodistas extranjeros podían recibir una visa de hasta 240 días, es decir, unos ocho meses, con la posibilidad de solicitar renovaciones por un período similar. Los periodistas chinos estarían sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.
Hasta ahora, Estados Unidos emitía visas por la duración del programa educativo del estudiante o de la misión del periodista, aunque ningún permiso supera los 10 años de validez. El cambio afectaba particularmente a los estudiantes de posgrado.
"Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visados permanezcan en Estados Unidos prácticamente de forma indefinida, lo que supone un riesgo para la seguridad, cuesta una cantidad incalculable de dinero a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses", señaló un portavoz del DHS en un comunicado al presentar el plan el año pasado.
Las medidas se tomaron en el marco de la política migratoria adoptada por el presidente Trump desde su vuelta a la Casa Blanca en 2025, con deportaciones masivas, la revocación de protecciones legales para inmigrantes, así como el endurecimiento de las condiciones para otorgar visados a ciudadanos de decenas de países.
Los argumentos del juez
Para el juez Saylor la afirmación del gobierno de "que la norma es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional raya en lo absurdo". Además dijo que los funcionarios "no explicaron cómo un límite de cuatro años impedirá que las personas obtengan visas de manera fraudulenta".
El magistrado dejó en suspenso, por el momento, la aplicación de las nuevas normas del DHS sin pronunciarse sobre el fondo del caso y fijó otra audiencia para el 2 de octubre. Saylor señaló que si se implementaban las nuevas medidas, las denegaciones de prórrogas de visado por parte del DHS serían "totalmente discrecionales e inapelables".
Además apuntó que el sistema actual permitió la llegada de decenas de millones de estudiantes extranjeros a Estados Unidos, lo que dio lugar a "investigaciones innovadoras en ciencia, medicina y tecnología, un importante crecimiento económico y una serie de otros beneficios".
"En lugar de intentar mejorar ese sistema, el DHS optó por reemplazarlo con un nuevo programa que restringirá sustancialmente el número total de estudiantes, investigadores, profesores y periodistas extranjeros", afirmó, en declaraciones que recogió la agencia AFP. Agregó que se podrían "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo".
Los periodistas extranjeros que soliciten prórrogas de visado tampoco tendrían "ningún recurso ni posibilidad de apelación" en caso de ser rechazados, apuntó Saylor. "Las posibilidades de abuso son enormes, en particular la obvia probabilidad de que no se renueven los visados de periodistas extranjeros que sean críticos con el gobierno (o, más concretamente, con los funcionarios del DHS)", afirmó.
Las repercusiones
En 2020, al final de su primer mandato, Trump ya había presentado una iniciativa similar, pero no llegó a entrar en vigor porque se acabó su periodo en el poder y Joe Biden no siguió adelante.
Estados Unidos recibió a más de 1,1 millones de estudiantes internacionales en el año académico 2023-2024, más que cualquier otro país, lo que es una fuente de ingresos para las instituciones porque los extranjeros suelen pagar la matrícula completa.
Un grupo que representa a directivos de colegios y universidades estadounidenses denunció la medida como un obstáculo burocrático innecesario que interfiere en la toma de decisiones académicas y que podría disuadir aún más a posibles estudiantes que contribuirían a la investigación y creación de empleos.
"Esta propuesta envía un mensaje a las personas con talento de todo el mundo de que sus contribuciones no son valoradas en Estados Unidos", señaló en su momento Miriam Feldblum, presidenta de una alianza sobre educación superior y migración, cuando se dio a conocer la propuesta. "Esto no solo perjudica a los estudiantes internacionales, sino que también debilita la capacidad de las universidades estadounidenses para atraer a los mejores talentos, lo que reduce nuestra competitividad global", aseguró.
Feldblum dijo este lunes que el fallo del juez reconocía el daño que la norma causaría a los estudiantes internacionales, a las universidades y a la economía si se permitiera su entrada en vigor. "Mientras el caso sigue en curso, esta medida mantiene el sistema de larga data que permite a nuestras universidades —y a nuestro país— atraer, formar y retener talento de todo el mundo", afirmó, citada por Reuters.