En el marco de su dura política migratoria, la administración de Donald Trump podría llevar adelante la mayor revocación de visas de la historia. El plan del Departamento de Estado es anular las visas de turistas y de negocios a 200.000 personas que hayan solicitado o busquen solicitar asilo en Estados Unidos.
"Estamos coordinando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", dijo el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott a la agencia AP.
Se espera que el gobierno anuncie en las próximas semanas la revocación de las llamadas visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 para los que solicitaron asilo. Pigott no confirmó la cantidad de visados que serán anulados y dijo que "como el proceso estará en curso, la cifra de revocaciones sigue siendo dinámica y se llevará a cabo de forma continua".
Según dijeron al medio fuentes del Departamento de Estado, la medida podría afectar a hasta 200.000 personas. De todas formas, aclararon que no se espera que éstas sean deportadas inmediatamente, sino que sus casos serán recategorizados y ya no podrán contar con un visado B1 y B2.
La política migratoria de Trump
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó en una publicación en la red social X que el sistema migratorio estadounidense "ha estado saturado desde hace mucho tiempo por solicitudes de asilo infundadas". "El asilo no debe ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración", aseguró el funcionario, que citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y luego solicitó asilo.
Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump priorizó la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también restringió significativamente la entrada legal de extranjeros. Algunas de sus medidas más emblemáticas fueron anuladas por los tribunales y se espera que la revocación de visas también enfrente desafíos legales.
Una jueza de Nueva York anuló el viernes pasado la decisión del gobierno de Trump de suspender la tramitación de visas de residencia permanente para inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia, por considerarla "contraria a la ley".
A principios de junio, un juez federal había anulado la tarifa anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visas H-1B, otorgadas a los trabajadores calificados. La medida había representado un importante golpe para las compañías tecnológicas en Estados Unidos, que son las que recurren mayormente a este tipo de visados.
La Corte Suprema había bloqueado a fines de junio un decreto emitido por Trump apenas iniciado su segundo mandato que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales nacidos en EEUU no fueran ciudadanos estadounidenses.
Ante el revés judicial, el presidente firmó hace un par de semanas dos nuevas órdenes ejecutivas enfocadas en lo que denomina "turismo de maternidad", que consiste en que una persona entre como turista a Estados Unidos para que su hijo nazca allí y reciba la ciudadanía, y en restringir el derecho de suelo en determinadas circunstancias.
Sin embargo, una de las políticas migratorias del republicano contó con el aval de la Corte Suprema. El año pasado, el máximo tribunal autorizó el fin del llamado estatus de protección temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y recientemente falló de forma similar en el caso de miles de haitianos y sirios. El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerra, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias.
Las visas B1 y B2
Las visas B1 se expiden generalmente para viajes de negocios y las visas B2 para turismo, visitas familiares o atención médica. A los que solicitan estos visados se les pide que afirmen que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren que tienen la intención de regresar a sus países de origen.
El Departamento de Estado comunicó a principios de mes que revocó más de 175.000 visas de extranjeros desde la vuelta de Trump al poder. En general se trató de personas condenadas o acusadas de delitos, así como otras que se pronunciaron públicamente contra las políticas estadounidenses, especialmente en relación a Medio Oriente.
Organizaciones de derechos humanos consideran que esta avanzada viola derechos como la libertad de expresión y crea un entorno inseguro, especialmente para las minoría étnicas, que han expresado su preocupación por discriminación racial.
