Un fallo técnico de un avión de Plus Ultra que volaba de Buenos Aires a Madrid deja a 300 pasajeros atrapados en Brasil. Además de las protestas, el incidente reaviva el interés por las pesquisas de la Audiencia Nacional sobre el rescate millonario de la aerolínea que involucra al ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Plus Ultra y su vínculo corrupto con José Luis Rodríguez Zapatero.
Los cerca de 300 pasajeros del vuelo PUE502 con destino a Madrid continuaban varados este martes en la ciudad brasileña de Natal luego de que la aeronave de la cuestionada aerolínea Plus Ultra haya tenido que aterrizar de urgencia debido a lo que calificaron como "una falla técnica".
Claro que en España el nombre de Plus Ultra suena fuerte porque la compañía es investigada por la Audiencia Nacional a raíz de sus vínculos políticos con el ex presidente y referentes del PSOE, José Rodríguez Zapatero, y la gestión de un salvataje millonario con sospechas de mordidas.
La aeronave, que cubría la ruta inaugurada el pasado junio entre los aeropuertos de Ezeiza (Buenos Aires) y Barajas (Madrid), tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia el pasado domingo a las 19:14 hora local (22:14 GMT) tras declararse un problema técnico a bordo.
Testimonios de las personas situadas en las proximidades del ala denunciaron la presencia de fogonazos e intenso olor a quemado durante el vuelo.
La aerolínea intentó realizar un vuelo de sustitución programado para este lunes a las 19:30 hora local (22:30 GMT), pero la operación fue cancelada.
Según los correos enviados por Plus Ultra a los pasajeros y confirmados por la concesionaria Zúrich Airport Brasil, el trayecto se reprogramó para este martes, estimando su llegada a la capital española para el miércoles a las 7:40 hora local.
Este contratiempo operativo se produce mientras la compañía permanece bajo el foco judicial.
En marzo de 2021, en plena crisis pandémica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a Plus Ultra Líneas Aéreas un rescate público de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. La ayuda estatal se justificó por su vinculación estratégica para la conectividad con Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela).
Sin embargo, la operación generó controversia en el sector y acusaciones archivadas en primera instancia impulsadas por el PP, Vox y Manos Limpias, al tratarse de una compañía pequeña, con una cuota de mercado reducida, operada mediante cuatro aviones alquilados y con pérdidas económicas previas a la crisis sanitaria.
En 2024, tras requerimientos de cooperación judicial de autoridades de Francia y Suiza por redes de blanqueo de fondos venezolanos, la investigación dio un giro penal.
Actualmente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción investigan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situándolo presuntamente en la cúspide de una trama dedicada al tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Es el primer ex jefe del Ejecutivo en la etapa democrática investigado por este órgano penal.
La investigación sitúa el origen de los indicios en mensajes hallados por fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el teléfono de un accionista de la compañía, en el marco de pesquisas sobre lavado de dinero vinculado a Venezuela.
El material, derivado a la justicia española en marzo, apunta a gestiones de intermediación del exdirigente socialista ante el Ejecutivo para garantizar la ayuda estatal a cambio del cobro de comisiones ilegales a través de testaferros.
Los atestados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detallan que las maniobras comenzaron en marzo de 2020, citando en mensajería intervenida la intención de "tocar a Ábalos" y establecer un "puente con ZP".
Entre los textos intervenidos figura la manifestación del directivo Rodolfo Reyes en julio de 2020 tras reunirse con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".
El juez sitúa al empresario Julio Martínez Martínez, calificado en escuchas como "el banco del jefe", como el operador financiero de la red.
Martínez administró hasta 39 mercantiles entre 2020 y 2024, destacando Análisis Relevante SL como sociedad instrumental. Según las indagaciones policiales, los desvíos del dinero público y comisiones siguieron tres cauces:
Pagos directos: Plus Ultra transfirió 598.910 euros a empresas de Julio Martínez Martínez. A su vez, Análisis Relevante derivó 730.535 euros repartidos entre Rodríguez Zapatero y Whathefav SL, agencia de marketing de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa (ambas imputadas).
Sociedades interpuestas: Uso de firmas como Caletón Consultores SL (1,16 millones pagados por la aerolínea entre 2020 y 2025) y Summer Wind SL (3,98 millones cobrados en 2023).
Terceros y contratos sospechosos: Inyecciones desde entidades como Inteligencia Prospectiva (380.208 euros hacia Análisis Relevante y 561.440 euros hacia la agencia de sus hijas), Softgestor SL (145.200 euros) y Grupo Aldesa (127.050 euros).
En los registros en la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid y en Whathefav SL, la UDEF intervino un documento de comisión del 1% del total del rescate (unos 530.000 euros) condicionado al éxito del expediente.
Asimismo, en una caja fuerte se incautaron joyas por valor de 1,3 millones de euros.
Por su parte, Rodríguez Zapatero niega haber mediado en la concesión del rescate y sostiene que los cobros percibidos (unos 70.000 euros anuales) respondían a servicios de consultoría geopolítica.
El procedimiento avanzará en septiembre con la declaración de los directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (expresidente) y Roberto Roselli (ex CEO), quienes ya han admitido cobros por labores de mediación.
El juzgado prevé tomar declaración posteriormente a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, y a las dos hijas de Rodríguez Zapatero, a cargo de una consultora implicada.
La instrucción judicial examina también la proyección internacional de la trama en Emiratos Árabes Unidos, mediaciones en la venta de crudo venezolano con corporaciones chinas y negociaciones de comisiones del 3% sobre proyectos de infraestructuras en Tarragona.
