5 de junio de 2026 16:32 hs

Después de meses de tensión en el Congreso, el Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada de este viernes un proyecto de ley que garantiza a Donald Trump financiamiento para su emblemática ofensiva migratoria hasta el final del mandato. La legislación destina 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza y permite así su funcionamiento durante los próximos tres años.

El texto fue aprobado por 52 votos a favor y 47 en contra, sin apoyo demócrata, después de una maratónica sesión en la que se votaron múltiples enmiendas que evidenciaron las divisiones entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente. La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana en oponerse a la propuesta, al cuestionar el proceso utilizado para su aprobación por mayoría simple.

John Thune - 2-6-26- AP
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado

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El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La legislación permite proteger a las agencias migratorias de futuras disputas relacionadas con un posible cierre del gobierno, como ocurrió con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, tras la negativa de los demócratas a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones, tras las muertes a tiros de dos manifestantes por parte de agentes federales en enero. Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

La disputa por el fondo "contra la instrumentalización" de la Justicia

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley es la ausencia de una cláusula para prohibir el fondo de 1.800 millones de dólares con el que Trump quería compensar a sus aliados que tuvieron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden y se consideran perseguidos por motivos políticos.

Durante la sesión, que duró unas 18 horas, los republicanos lograron frenar por un estrecho margen los múltiples intentos de miembros de ambos partidos de añadir un texto que prohibiera de forma permanente ese fondo de compensación.

Los críticos lo consideraron un "fondo opaco" que podría permitir que personas condenadas por el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio recibieran dinero de los contribuyentes.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo a los legisladores esta semana que el gobierno no seguiría adelante con el fondo. Pero Trump lo siguió defendiendo como un proyecto "hermoso" y dijo que tendría que "preguntar a los abogados" si estaba muerto o simplemente en pausa. Esa ambigüedad llevó a algunos republicanos a intentar dejar por escrito la eliminación del fondo en la ley.

Todd Blanche - AP
Todd Blanche, fiscal general interino

Todd Blanche, fiscal general interino

Las enmiendas pusieron a prueba la unidad del partido y complicaron lo que debería haber sido una votación fácil para los republicanos, que querían mantener el foco en la aplicación de las leyes migratorias en un año electoral. En cambio, pasaron casi un día entero regateando entre ellos sobre si bloquear el fondo.

"Los republicanos se negaron a prohibir de forma permanente el fondo para gastos discrecionales de 2.000 millones de dólares de Trump, dejando a los contribuyentes a merced de nada más que una promesa del hombre de confianza de Donald Trump", afirmó el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, en un comunicado. "Eso no es rendir cuentas. Eso es dar carta blanca", apuntó.

Otros cuestionamientos a la propuesta republicana

Entre los debates en torno al proyecto de ley estuvo el de una partida de 1.000 millones de dólares para la seguridad del salón de baile que Trump planea construir en la Casa Blanca, que finalmente fue excluida del texto final.

Donald Trump - 16-3-26- AFP

Los demócratas también aprovecharon para intentar redirigir el dinero de la aplicación de las leyes migratorias hacia vivienda y otras áreas sociales.

Ante la cercanía de las elecciones de mitad de mandato, marcadas por la inflación, los demócratas argumentaron que los republicanos estaban priorizando la agenda de deportaciones de Trump por encima del costo de la vida.

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