Desde su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump no sólo viene llevando adelante una campaña de deportaciones masivas, sino que también viene tomando diversas medidas para frenar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos. Después de que la semana pasada una jueza bloqueara los intentos del gobierno de frenar la tramitación de visas de residencia permanente para ciudadanos de 75 países, las autoridades suspendieron temporalmente las citas para este tipo de visados en los consulados de todo el mundo.
La explicación del Departamento de Estado es que esta pausa se debe a la necesidad de llevar adelante una "capacitación a fondo" de los funcionarios consulares, para que puedan evaluar mejor la situación de cada solicitante. La administración Trump quiere evitar que se otorguen permisos de residencia permanente a extranjeros que luego dependan de la asistencia del Estado.
"Un Estados Unidos más próspero implica garantizar que los solicitantes de visa no sean propensos a convertirse en una carga pública, tal como se define en la legislación y normativa estadounidenses, ni a depender de los beneficios públicos de Estados Unidos reservados para los estadounidenses que reúnan los requisitos y los necesiten", declaró este martes un portavoz del Departamento de Estado al Financial Times.
Las personas que tenían agendada una entrevista para este tipo de visas en cualquier consulado o embajada estadounidense del mundo recibieron mails en los que les avisaban que las citas serían reprogramadas y que les llegaría una notificación con una nueva fecha y horario.
Según el vocero, el Departamento de Estado lanzó este mes una "iniciativa global de capacitación" para "garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visado de manera exhaustiva y coherente".
Un fallo judicial adverso
La decisión se da después de que el viernes pasado la jueza Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, considerara "contraria a la ley" la suspensión de la tramitación de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia. Al bloquear la medida, aseguró además que excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.
Al anunciar la decisión en enero, el Departamento de Estado argumentó que se trataba de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables". "La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó en su momento.
La suspensión afectó específicamente a visas para extranjeros que quieren vivir en Estados Unidos, pero no para las de corto plazo como las de trabajadores temporales, estudiantes o turistas. La lista incluyó a 75 países, que representan casi el 40% del total mundial y ninguno de ellos europeo, entre los que estaban Brasil, Cuba, Colombia, Egipto, Guatemala, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Nicaragua, Rusia, Somalia, Uruguay o Yemen.
La jueza Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que éste cumplía con los demás requisitos y contaba con medios para sostenerse en EEUU, lo que viola una ley que exige evaluaciones individualizadas.
Según la magistrada, la política contraviene una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, así como una disposición separada que niega al secretario de Estado cualquier autoridad sobre la forma en que los funcionarios consulares deciden los casos individuales.
El plan para revocar 200.000 visas
Esta semana se supo además que, en el marco de su dura política migratoria, la administración de Donald Trump podría llevar adelante la mayor revocación de visas de la historia. El plan del Departamento de Estado es anular las visas de turistas y de negocios a 200.000 personas que hayan solicitado o busquen solicitar asilo en Estados Unidos.
"Estamos coordinando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", dijo el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott a la agencia AP.
Se espera que el gobierno anuncie en las próximas semanas la revocación de las llamadas visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 para los que solicitaron asilo. Pigott no confirmó la cantidad de visados que serán anulados y dijo que "como el proceso estará en curso, la cifra de revocaciones sigue siendo dinámica y se llevará a cabo de forma continua".
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó en una publicación en la red social X que el sistema migratorio estadounidense "ha estado saturado desde hace mucho tiempo por solicitudes de asilo infundadas". "El asilo no debe ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración", aseguró el funcionario, que citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y luego solicitó asilo.
La política migratoria de Trump
En su segundo mandato, Trump priorizó la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también restringió significativamente la entrada legal de extranjeros. Algunas de sus medidas más emblemáticas fueron anuladas por los tribunales y se espera que la revocación de visas también enfrente desafíos legales.
A principios de junio, un juez federal había anulado la tarifa anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visas H-1B, otorgadas a los trabajadores calificados. La medida había representado un importante golpe para las compañías tecnológicas en Estados Unidos, que son las que recurren mayormente a este tipo de visados.
Protesta frente a la Corte Suprema a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento
AP
La Corte Suprema había bloqueado a fines de junio un decreto emitido por Trump apenas iniciado su segundo mandato que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales nacidos en EEUU no fueran ciudadanos estadounidenses. Ante el revés judicial, el presidente firmó hace un par de semanas dos nuevas órdenes ejecutivas enfocadas en lo que denomina "turismo de maternidad", que consiste en que una persona entre como turista a Estados Unidos para que su hijo nazca allí y reciba la ciudadanía, y en restringir el derecho de suelo en determinadas circunstancias.
Sin embargo, una de las políticas migratorias del republicano contó con el aval de la Corte Suprema. El año pasado, el máximo tribunal autorizó el fin del llamado estatus de protección temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y recientemente falló de forma similar en el caso de miles de haitianos y sirios. El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerra, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias.
