El escenario más probable tras las elecciones es un Congreso dividido, con los republicanos reteniendo el Senado y los demócratas recuperando la Cámara de Representantes. Las encuestas les dan a estos últimos una ventaja relativa, aunque conviene leerlo sin dramatismo: desde 2006 todos los presidentes perdieron sus midterms.
Yendo a detalle, la ventaja demócrata probablemente se explique menos por la política exterior que por sus costos internos. La guerra en Medio Oriente incrementó los precios de la gasolina y de los alimentos. No obstante, este diferencial en intención de votos dista de ser irreversible. A medida que se acerque noviembre y la campaña se intensifique es esperable que se comprima, lo que nos obliga a poner la lupa en los estados que se disputan el Senado.
Si uno ordena los estados con elección de senadores por competitividad, aparece un puñado de carreras cuya diferencia hoy cabe dentro del margen de error y que, por lo tanto, definen el control de la cámara alta: Iowa, con Hinson apenas medio punto arriba; Michigan, donde El-Sayed aventaja a Rogers por un punto; Alaska, con Peltola un punto y medio sobre Sullivan; Texas, donde Talarico corre menos de dos puntos por delante de Paxton; y Ohio y Maine, con Brown y Jackson tres puntos arriba de sus rivales republicanos.
Un escalón más arriba se ubican estados todavía disputables pero con colchón, como Kansas, Minnesota, New Hampshire, Arkansas, Georgia, North Carolina y Florida, mientras que en el extremo cómodo quedan South Dakota, Montana, Idaho y Massachusetts, donde los márgenes de dos dígitos vuelven improbable cualquier sorpresa.
Varias de esas carreras ajustadas muestran hoy ventaja demócrata, y son precisamente las que resultan más sensibles a la evolución de la economía doméstica en los próximos meses. Si el costo del conflicto en Medio Oriente empieza a diluirse, o si la campaña republicana logra reordenar la conversación en torno a otros ejes, la ventaja de un punto en Michigan o de dos en Texas puede evaporarse, y con ella la posibilidad demócrata de disputar el Senado.
Cómo afecta el resultado a América Latina
La pregunta de fondo sigue siendo cuánto de ese resultado se traduce en un cambio efectivo de la política hacia la región. Una Cámara demócrata habilita, sobre todo, capacidad de fiscalización. El primer frente será la supervisión del presupuesto de ICE y de la actuación de sus agentes en las ciudades del país, pero el más novedoso para América Latina es la fiscalización sobre el uso de la fuerza militar en los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Este.
Tradicionalmente, los poderosos comités de Servicios Armados de ambas cámaras, que supervisan al Departamento de Defensa, cumplieron un rol acotado en la política hacia la región y le cedieron ese terreno a los comités de Relaciones Exteriores; si los demócratas ganan la Cámara, esa inhibición probablemente termine, y la disputa se canalice a través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, con cláusulas que restrinjan ciertos fondos para el Comando Sur y que impongan mayores exigencias de reporte.
En el terreno más clásico de la política hacia la región, el Congreso miraría con lupa el manejo de Venezuela, en particular la administración opaca de sus recursos petroleros y la influencia sobre las contrataciones del régimen, así como el uso de instalaciones como el CECOT salvadoreño para alojar deportados y el rol de los fondos estadounidenses en esos acuerdos. Toda esa fiscalización puede moderar el apetito del gobierno por los ataques marítimos y las deportaciones, pero difícilmente lo cancele.
En materia de war powers ocurre algo parecido: un Congreso demócrata forzará más votaciones y más escrutinio sobre las intervenciones en Venezuela y Cuba, pero es improbable que eso modifique la decisión del Ejecutivo, que seguirá abordando la política regional a través de una lente de seguridad y conservará el dominio sobre el uso de la fuerza. El freno más plausible a esa deriva, de hecho, no proviene tanto del Congreso como del creciente malestar interno por los costos domésticos de los conflictos.
Delcy Rodríguez con el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright
AFP
Lo mismo se observa en el frente presupuestario, donde el Ejecutivo republicano ha venido resignando la potestad constitucional del Congreso sobre el gasto. Los recortes a la asistencia externa y el desmantelamiento de USAID reconfiguraron la presencia estadounidense en la región y, aunque una mayoría demócrata intentaría recuperar terreno, los límites de ese esfuerzo ya están a la vista: hasta ahora la administración defendió con sorprendente éxito sus recortes en los tribunales.
Más elocuente todavía es la jugada de blindaje: tras el cierre de gobierno más largo de la historia, los republicanos preparan un segundo proyecto de reconciliación para inyectar miles de millones a ICE y a la CBP hasta 2029, precisamente para aislar la política migratoria de los recortes que pudiera intentar un Congreso demócrata. En aranceles y comercio el margen legislativo es algo mayor, porque la Constitución le otorga al Congreso la autoridad primaria sobre los aranceles y una mayoría demócrata buscaría reclamarla, con temas sensibles como minerales críticos, energía y comercio digital sobre la mesa.
Trump y la Doctrina Monroe
Sentado ese mapa institucional, es importante resaltar que la Doctrina Monroe no se mueve. Trump puede ver limitadas ciertas herramientas o encontrar más lentitud en su ejecución, pero la postura de fondo se mantiene, y el propio Partido Republicano trabajará para blindar esas políticas frente a una eventual administración demócrata futura.
Esta continuidad responde a dos razones, una sistémica y una política. La sistémica es China, cuyo avance en la última década es leído en Washington como una amenaza en un mundo que volvió a ser bipolar. A diferencia del orden unipolar de hace algunas décadas, donde la autoridad no necesitaba demostrarse a cada paso y se ejercía a través de incentivos que permitían evitar los costos que siempre acarrea el uso de la fuerza, en un mundo bipolar la autoridad se reclama y exhibe de forma explícita.
La razón política es que esa lectura ya no depende del dirigente de turno, porque fue asumida por las agencias permanentes del Estado norteamericano, entre ellas el Pentágono, la comunidad de inteligencia, las agencias migratorias y aduaneras y el cuerpo diplomático, que preceden y sobreviven a las administraciones.
La decisión de reducir la influencia china está tomada y se ejecutará por dos carriles. El político consiste en conservar la influencia directa sobre las elecciones de la región, un terreno en el que una Cámara demócrata poco puede hacer más allá de, con suerte, limitar alguna intervención del Tesoro. El económico apunta a acotar la presencia china en minerales críticos, logística y energía.
Es esperable, entonces, que un Congreso dividido no reescriba la política estadounidense hacia América Latina, sino que le agregue fricción. El rumbo de fondo ya fue trazado por un aparato que antecede a Trump y que seguirá operando cuando él ya no esté. Los gobiernos de la región deben evitar apostar a que un resultado electoral en Washington cambie la ecuación.