He estado leyendo durante los últimos días muchos comentarios sobre la situación migratoria en Doral y, la verdad, resulta bastante penoso ver a venezolanos que están fuera de Estados Unidos opinando desde una incomprensión absoluta de la realidad y despotricando contra sus propios compatriotas.
Hay demasiados matices en esta situación como para sencillamente darle la razón a unos o a otros sin tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
Trump tenía razón
Lo primero que hay que reconocer es que el presidente Trump tuvo razón cuando durante años denunció las políticas de fronteras abiertas de los demócratas y la entrada de millones de inmigrantes ilegales al país sin controles adecuados. Eso estuvo terriblemente mal. Lo denunciamos durante años y, en buena medida, hemos llegado a la situación actual como consecuencia de ese desorden.
Pero cada proceso migratorio es diferente. Por eso, al menos yo, siempre he defendido la expulsión inmediata de quienes cometen delitos y de quienes permanecen ilegalmente en el país sin ningún proceso migratorio válido. El problema es que ahora se ha comenzado a tratar como “ilegal” a personas que tienen procesos migratorios abiertos, cuyos casos no han avanzado no necesariamente por irresponsabilidad del migrante, sino porque las propias autoridades migratorias no han respondido durante años.
Esa es, precisamente, una de las principales denuncias de muchas de las personas afectadas. Pongamos un ejemplo: una persona ingresa a Estados Unidos en 2017, solicita asilo político y pasa nueve años sin recibir siquiera una entrevista de USCIS. Esto es mucho más común de lo que muchos creen.
Si esa persona ha cumplido con las obligaciones impuestas por las autoridades estadounidenses, ha presentado sus solicitudes, ha asistido a las citas correspondientes y ha mantenido vigente el proceso que le permite permanecer mientras su caso es atendido, ¿cómo puede responsabilizársele por el hecho de que el gobierno no haya resuelto su expediente?
Diferencias entre tipos de inmigrantes
No es lo mismo una persona que entra ilegalmente al país, no presenta ningún proceso migratorio y permanece deliberadamente al margen de la ley, que alguien que inició un procedimiento ante las autoridades estadounidenses y lleva años esperando una respuesta. Y, por supuesto, esto no es un problema creado por la Administración Trump.
Es consecuencia de un sistema migratorio colapsado que se ha venido acumulando durante décadas bajo gobiernos de ambos partidos. Hay personas que han cumplido durante años con las directrices del gobierno estadounidense precisamente para intentar regularizar su situación o, en caso de recibir una negativa definitiva, abandonar el país.
Pero cuando pasan cinco, ocho o diez años sin que el gobierno resuelva un caso, resulta difícil sostener que toda la responsabilidad recae sobre el inmigrante. También escucho con frecuencia que existen “muchos asilos falsos”. Es posible que los haya. Pero determinar si una solicitud de asilo es legítima o fraudulenta corresponde a las autoridad,es migratorias y, cuando corresponde, a un juez, no a ICE o a la opinión pública.
El caso de Venezuela
Y en el caso de Venezuela existe además una realidad que muchos ahora quieren obviar: la represión del chavismo nunca ha sido exclusivamente contra figuras políticas de alto perfil. El régimen ha utilizado durante décadas la persecución de ciudadanos comunes como mecanismo para enviar un mensaje al resto de la población.
Hace poco vimos, nuevamente, un caso que ilustra esa lógica: una doctora de 65 años fue detenida por mensajes enviados a través de WhatsApp y recibió una condena de más de 30 años de prisión. ¿Era una dirigente política importante? No. Precisamente ahí está el punto.
En Venezuela no hace falta ser una figura pública para convertirse en objetivo de la represión. Una persona común puede ser detenida, perseguida o encarcelada simplemente por expresar una opinión que el régimen considere inconveniente.
Por eso resulta demasiado simplista decir que cualquier venezolano que solicita asilo está inventando una persecución.
Manifestante en Doral, la ciudad del condado de Miami-Dade con mayor inmigración venezonala, le agradece a Trump tras la captura de Maduro.
AFP
La existencia de solicitudes fraudulentas no significa que todas lo sean, de la misma manera que la existencia de inmigrantes que violan las leyes no significa que todos los inmigrantes lo hagan. Y a quienes preguntan: “Bueno, si Estados Unidos no los quiere, ¿por qué sencillamente no se van?”, les haría una pregunta: ¿han pensado que existen millones de venezolanos alrededor del mundo que ni siquiera tienen un pasaporte vigente?
Mi propio caso
Yo, por ejemplo, llevo casi una década sin pasaporte venezolano porque la dictadura se ha negado a otorgarme documentación.
Y en muchos países donde viven venezolanos no existen consulados ni mecanismos efectivos para obtener un nuevo pasaporte. Entonces, ¿cómo se supone que esa persona debe movilizarse? ¿Cómo puede regresar a Venezuela? ¿Cómo puede siquiera viajar legalmente a otro país? La realidad es mucho más compleja que decir simplemente “que se vayan”.
La única manera sostenible de que los millones de venezolanos que hoy están dispersos por el mundo, incluidos los cientos de miles que viven en Estados Unidos, puedan regresar a su país es que Venezuela recupere la democracia, el Estado de derecho y unas instituciones capaces de garantizar que regresar no signifique exponerse nuevamente a la persecución política.
Mientras eso no ocurra, continuarán los procesos y operativos destinados a expulsar a venezolanos y a otros inmigrantes que no tengan un estatus migratorio válido. Y Estados Unidos tiene, por supuesto, todo el derecho de decidir quién puede permanecer dentro de su territorio y bajo qué condiciones.
Pero una cosa es defender el derecho soberano de Estados Unidos a hacer cumplir sus leyes migratorias y otra muy distinta es convertir en criminales, por definición, a personas que llevan años intentando cumplir esas mismas leyes mientras esperan una respuesta de un sistema migratorio colapsado. Y, sobre todo, resulta incomprensible ver a venezolanos culpando a otros venezolanos por intentar permanecer dentro de un proceso migratorio establecido por Estados Unidos.
Podemos defender las leyes migratorias estadounidenses. Podemos defender la deportación de criminales. Podemos defender controles fronterizos estrictos. Podemos incluso considerar que determinadas personas no tienen derecho a permanecer en el país. Lo que no deberíamos hacer es asumir que todos los casos son iguales, porque no lo son.