Tendrá mayoría del Frente Amplio, un presidente opositor e indagará desde 2010
Luego de varias idas y vueltas, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo para instalar una sola comisión investigadora bicameral en torno al polémico contrato con la empresa Cardama para la venta de dos patrulleras oceánicas.
El grupo de trabajo tendrá mayoría de la izquierda (9 miembros contra 8) y representantes de todos los partidos, la presidencia será de la Coalición Republicana e indagará desde el año 2010 y durante seis meses.
En primera instancia el Frente Amplio (FA) quería una investigadora en el Senado con un plazo de investigación que abarcara el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando fue firmado el contrato, y la oposición quería otra en Diputados que empezara a indagar a partir de 2005.
Pero luego la Coalición Republicana propuso una bicameral, y el Frente Amplio le realizó la contrapropuesta para que esa comisión tuviera mayoría del FA y que trabajara sobre el período 2014-2025. Finalmente se llegó a la solución del principio de esta nota.
“(La propuesta de una bicameral) no tiene que ver con los matices ni con las tácticas que tiene cada uno en torno al tema. Se trata de cuidar la institucionalidad del Parlamento porque no tiene sentido trabajar meses y meses ocupando el Senado y Diputados cuando el país tiene tantos temas importantes para abordar”, dijo a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy.
Tras el acuerdo, se suspendió la sesión prevista para esta tarde en la que el oficialismo se aprestaba a proponer la instalación de una comisión en la Cámara Alta. La conformación de esta comisión bicameral se votará en una sesión de la Asamblea General que se realizará el próximo lunes.
Tras llegar al acuerdo, el senador blanco Camy señaló en una conferencia de prensa que era un "propósito desmesurado" tener dos comisiones investigadoras funcionando sobre un mismo tema.
Sobre la fecha de inicio elegida, el dirigente nacionalista sostuvo que, de esa manera, se comprende el período de trabajo de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, que entre 2010 y 2014 analizó el tema de la compra de las patrullas oceánicas y concluyó que eran necesarias.
"Concluimos que 2010 comprendía precisamente todo ese período en el que funcionó esta comisión", señaló y agregó que hubo un "compromiso" del Frente Amplio de incluir en la indagatoria de la investigadora la decisión de rescindir el contrato con Cardama.
El senador colorado Robert Silva añadió que es "fundamental" que el Parlamento "se ocupe de los temas que le importan a la gente" y no malgaste recursos en un mismo tema, mientras que su correligionario Tabaré Viera abogó por la "transparencia" que guiará todo este proceso.
Graciela Bianchi, en tanto, estimó que el acuerdo alcanzado entre oposición y oficialismo es una muestra de la "muy fuerte" institucionalidad que se preserva en Uruguay. "Pudimos llegar a un acuerdo porque en Uruguay hay una institucionalidad muy fuerte", dijo.
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que la compra de las dos patrullas oceánicas "ha sido catalogada como el fraude más grande de la historia, por lo menos en las compras militares" de Uruguay.
Durante una rueda de prensa convocada por el oficialismo, el senador afirmó que "el proceso de compra por lo menos tuvo apariencia fraudulenta" y que entendían que era "muy pertinente" que la Cámara Alta investigara el caso debido a que "uno de los principales actores que estuvo involucrado en esa compra", en referencia al exministro de Defensa Javier García.
Finalmente la comisión será de carácter bicameral. Según Caggiani esta "esta es la primera vez en la historia que va a haber una comisión investigadora" en el ámbito de la Asamblea General.
"Que los principales responsables puedan dar cuenta y puedan defenderse. Llevar más claridad y transparencia sobre un proceso que es muy turbio y que a nosotros nos preocupa mucho", agregó el senador del FA.
