Otras organizaciones sociales y la Institución de Derechos Humanos ya habían intentado, sin éxito, detener el proceso
La agrupación de ambientalistas, Costa Viva Rocha, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para detener la exploración petrolera en aguas uruguayas, debido a que denuncian "riesgo ambiental y social".
El recurso fue presentado bajo la Ley 16.011 a cargo del abogado Hoenir Sarthou, según comunicó la propia organización.
"Constituye una acción judicial expedita destinada a proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, como el artículo 47, que se consideran vulnerados por las actividades de exploración sísmica offshore", denuncian los ambientalistas.
Este articulado dispone, entre otras cuestiones, que "la protección del medio ambiente es de interés general". El abogado de la organización consideró que "se están tomando decisiones que afectan a un conjunto de personas y a un recurso vital del país sin contar con un respaldo institucional, parlamentario, y sin garantías de control".
La iniciativa de Costa Viva Rocha, también "cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, sindicales y ambientales como la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y Acuicultura (AUVEPA), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (SUDEPPU), la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera de Uruguay (OTIPU) y Mar Azul Uruguayo".
El recurso presentado ante la Justicia "incorpora un informe elaborado por científicos uruguayos (...) pertenecientes a la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ciencias del Mar (Undecimar), el Centro Universitario Regional del Este (CURE), el Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) y de la Universidad de Chile".
"El documento presenta evidencia científica internacional sobre los impactos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos, con especial énfasis en sus implicancias en aguas uruguayas" y enumera los "efectos negativos", "desde organismos microscópicos como el plancton hasta crustáceos, peces, corales, tortugas y mamíferos marinos".
"El estudio señala la contradicción entre estas actividades extractivas y las políticas de conservación que lleva adelante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente que tiene la intención de crear áreas marinas protegidas en la zona", agregaron los ambientalistas.
Los científicos "en consecuencia, plantean la necesidad de postergar estas intervenciones hasta contar con evaluaciones ambientales integrales, que incluyan mecanismos claros de medición de impacto y contemplen escenarios de incertidumbre", sentenció el comunicado.
Hace exactamente un mes, el gobierno nacional autorizó a la empresa Viridien (CGG Services) a comenzar con las tareas de exploración sísmica en el mar territorial uruguayo. La empresa es una de las cuatro que recibió la autorización ambiental meses atrás, pero el comienzo de las tareas estaba sujeto al aval del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que presentaran.
Otras organizaciones sociales y la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) intentaron, sin éxito, detener el proceso. Al tiempo que las cámaras pesqueras consideraron "insuficientes" las compensaciones económicas que les darán por las pérdidas que tendrán.
