La historia de Viana se conoció en el libro Penadés, dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar. Al dar su primera versión allí y al declarar en fiscalía, por declaración anticipada, dijo que era menor pero luego corrigió su versión y en una segunda declaración anticipada aclaró que era mayor. Por ese caso, la fiscalía acusó a Penadés por el delito de violación.
En la audiencia de este jueves, la defensa planteó que los hechos denunciados por Viana habrían ocurrido originalmente en 1999, cuando el denunciante tenía entre 22 y 23 años (y no era menor de edad), por lo que las acciones penales estarían extintas por caducidad de la instancia o prescripción, a más tardar en 2014.
Guerrero fundó el pedido de sobreseimiento en el articulo 130 del Código del Proceso Penal que establece que la fiscalía deberá pedirlo "cuando agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba de que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su comisión". También cuando haya mediado una causa extintiva del delito o de la pretensión penal.
Robatto sostuvo que las declaraciones anticipadas son la prueba más importante. "La propia declaración de Viana lleva a que se pueda pedir el sobreseimiento, no solo fue mendaz -es un tema de credibilidad- sino que se pidió declaración ampliatoria de victima".
"En la segunda declaración va a favor del imputado porque demuestra que en la primera mintió", dijo y apuntó a que hizo denuncias gravísimas que "el Ministerio Público no se preocupó en investigar: dijo que había menores enterrados en las playas (de Punta del Este), que se hacían orgías en el Parlamento, que en las fiestas había mesas de caramelos (drogas). No se investigó. No vemos nada en la acusación que hable de la mesa de caramelos". "Tampoco hay una pericia, no hay nada que aporte nada sobre Viana".
Por ello concluyó que la acusación del Ministerio Público se desploma sobre la base de las "dos declaraciones contradictorias" brindadas por Viana.
"Viana dijo cinco veces que era menor... Dijo: “Cuando tu tenías 18 años, ya no servías y te tiraba (en relación a Penadés) y tenía 23", recriminó Robatto, afirmando que la Fiscalía salió a "buscar víctimas para armar una teoría del caso" incurriendo en un "abuso de credibilidad".
Asimismo, cuestionaron que en la segunda declaración de Viana se buscara enmendar errores alegando un "bloqueo emocional" o laguna de memoria respecto a las fechas, ya que había ubicado los hechos en 1993 primero pero luego se supo que eran de 1999.
A su turno, la fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde, le pidió a la jueza Vargas que rechazara el planteo de la defensa porque "ya es algo resuelto en primera instancia y pendiente de que se expida el tribunal de apelaciones". Lo dijo en relación a que en el caso de Viana, Guerrero y Robatto ya plantearon en audiencias anteriores que la denuncia prescribió y caducó el plazo para denunciar, lo que está a estidio de la segunda instancia.
Ithurralde insistió: "Ya dijimos por qué no opera caducidad y porque se encuentra interrumpida la prescripción. Ya pidieron o instaron el sobreseimiento con su recurso. Está prohibido volver a pedirlo por eso tendría que rechazarse".
En cuánto a la situación particular de Viana, la fiscal insistió en que Penadés era una "persona poderosa", que era "senador o diputado dependiendo del tiempo" y que con el dinero que le daba Penadés se compraba materiales de estudio. Dijo que hasta el día de hoy las víctimas sienten temor hacia la persona acusada.
"La segunda declaración fue específicamente sobre el tema temporal. Lo que Viana manifiesta es que sufrió un bloqueo emocional y no recuerda en qué año fue. Él mismo fue cayendo en la realidad de cuando fue ese periodo de tiempo que no sabía con ninguna certeza. No era año 93, como él había pensado", explicó.
La fiscal insistió que no hay "orfandad probatoria" porque existe una periodista que trabajaba en canal 5 con Viana cuando él era maquillador y declarará en el juicio sobre "la crisis de pánico" que sufrió cuando llegó el entonces legislador para ser entrevistado en un programa.
"Obviamente estos hechos de abuso no tienen prueba directa. En cuanto a las fechas se entendió que los hechos ocurrieron y que Viana tiene un bloqueo en cuanto a esa época", reiteró, mientras Penadés desde su silla miraba hacia el piso y movía la cabeza.
Armando Sartorotti/FocoUy
Tensión en la sala: el choque de la defensa con la jueza
La temperatura en la sala subió durante las intervenciones de la defensa que representa a varias víctimas (no a Viana). Cuando la representante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Soledad Suárez, estaba respondiendo en rechazo al planteo de la defensa, los ánimos se caldearon.
Mientras que el abogado Juan Williman señaló que la herramienta del sobreseimiento no puede utilizarse reiteradamente y que las defensas pretenden forzar una valoración de pruebas que le compete exclusivamente al juez de juicio oral, Suárez sostuvo que la fiscalía sólo avanza en una acusación "cuando está convencida de que tiene resto".
Luego dijo que además en el caso de Viana, "declaró en situación de intimidación", lo que generó que del otro lado tanto Robatto como Guerrero saltaran y le dijeran que no es la abogada de Viana.
En medio del griterío, la jueza Vargas le dijo a los defensores de Penadés: "No levante la voz. Voy a empezar a comunicar a la Corte, esto ha sido muy agotador. No hay una autoconciencia, lo primero que hace es gritar e interrumpir", le espetó Vargas a Guerrero.
La magistrada fustigó la actitud de las partes asegurando que lo vivido en la audiencia anterior "fue una vergüenza" y cuestionó que más que "un debate jurídico hacen una performatividad para el ámbito público". Además, les dijo que la recusen si consideran que no es imparcial.
Robatto cruzó a la jueza señalando que la defensa se siente "permanentemente atacada y retaceada" en sus derechos, al punto de cuestionar si se está garantizando el debido proceso para los imputados que se encuentran privados de libertad.
Por su parte, la defensora de Sebastián Mauvezin (coimputado con Penadés), Rossana Gavazzo, acompañó la molestia de la defensa argumentando una marcada asimetría en el uso de la palabra y el trato dispensado hacia los representantes de las víctimas frente a los abogados defensores. "La balanze entre el derecho de las víctimas y el de los imputados no logra el equilibrio", se quejó.
Robatto le pidió a la jueza que constara en actas su queja, ante lo cual Vargas le dictó a la receptora para que tomara nota: "En esta instancia las defensas del imputado manifiestan no están de acuerdo con la dirección de las audiencias".
La jueza respondió luego que hace tres años las defensas se pueden expresar ya que este caso ha superado en horas de audiencia al promedio de su sede. "Se podría calcular cuántas horas les llevó alegar. Cuando viene Brian o Jonatan no es lo que ocurre en los juzgados penales", dijo.
La resolución de la jueza: "No puedo agarrar una tijera y cortar a Viana"
Al momento de resolver, la jueza Vargas desestimó el planteo de la defensa. Explicó que no resulta viable aislar la figura o la declaración de una víctima puntual dentro de una causa que abarca una presunta dinámica sistemática y compleja.
"No puedo agarrar una tijera y cortar a Viana y analizarlo. Esto hace que esto sea diferente a un hurto o una estafa. Supone otro tipo de análisis que las normas internacionales imponen que los jueces practiquemos", argumentó Vargas.
La jueza recalcó que en la etapa procesal actual no se evalúa la prueba plena sino la verosimilitud de los elementos presentados. Agregó que la supuesta falta de denuncia oportuna por parte de las víctimas debe analizarse bajo los estándares internacionales de derechos humanos en delitos de naturaleza sexual, considerando las situaciones de "asimetría de poder" y el temor que el acusado ejercía dada su relevancia política como legislador.
"Más allá de que ustedes claman que se limpie el proceso antes de llegar al juicio, supone que en este momento no se puede establecer con precisión si la caducidad de la instancia ocurrió. Se requiere corroboración. Yo en este momento no puedo decir que VIana mintió".
Apelaciones y cruces por el rol del Estado al impedirle a las víctimas denunciar
Tras el rechazo de la jueza al planteo, la defensa interpuso el recurso de apelación oralmente. En su fundamentación, Robatto cargó contra la narrativa de la imposibilidad de denunciar por asimetría de poder. "¿El Estado fue omiso? ¿Se está diciendo a la ligera que todos los gobiernos pasados (Lacalle Herrera, Batlle, Vázquez, Mujica) silenciaron víctimas de forma sistemática?", cuestionó con ironía la abogada, recriminando que la sede esté aplicando "un código procesal de hecho para delitos sexuales y otro para los demás delitos".
Por su parte, la fiscal Isabel Ithurralde aclaró que la Fiscalía jamás afirmó que los distintos gobiernos silenciaran a nadie, sino que las víctimas compartían una condición de vulnerabilidad estructural frente al peso político y socioeconómico individual que ejercía Penadés.
Los abogados de las víctimas Williman y Suárez respaldaron la posición del Ministerio Público sosteniendo que la valoración sustancial de la prueba debe realizarse en el juicio oral.
La jueza Vargas dispuso la formación de la pieza separada para elevar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno. La próxima audiencia se fijó para el 3 de setiembre.