La resolución del BCU describe una serie de maniobras realizadas por GBU –que tiene como titular al contador Álvaro Correa, expresidente de la Caja de Profesionales y ex vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo–, que según supo El Observador fueron denunciadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos de 3° Turno en noviembre. Esa fiscalía ya tenía otras tres denuncias, dos presentadas por los herederos de la mujer incapaz y otra por el propio juzgado de familia que al tomar conocimiento de las irregularidades, las derivó para que fueran indagadas penalmente. Por el momento el fiscal Gilberto Rodríguez no ha realizado citaciones.
Atrás de esos negocios está la disputa por la herencia de la familia Gianoli, dedicada a la minería en Chile y una de las primeras en relacionarse al Opus Dei, institución de la Iglesia Católica, que llegó desde España a esta región en la década del 50. Al enviudar la madre se trasladó a vivir a Uruguay con sus cinco hijos. Una de ellas era María Luisa Gianoli, quién fue declarada incapaz en 2010 por la justicia de familia y murió en abril de 2024. Su hermana Elina Gianoli, quién también murió en noviembre de 2022 en Argentina, fue numeraria del Opus Dei y había sido la curadora de María Luisa por ocho años.
Esos sobrinos, que son once hermanos de apellido Gatica Gianoli, decidieron reclamar la parte de la herencia que alegan les corresponde ya que María Luisa no tuvo descendencia. Desde 2010 entablaron en los tribunales uruguayos una contienda que por las derivaciones que ha tenido, ha cobrado ribetes telenovelescos.
Una inversión de US$ 33 millones que encendió las alertas de los herederos
La contienda judicial familiar comenzó en 2010 cuando María Luisa Gianoli fue declarada incapaz, y designó a su hermana Elina como curadora.
El código civil establece que cuando una persona se encuentra en esa situación, su curador deberá cada tres años presentar una rendición de cuentas del manejo de los bienes y determina que ante cualquier bien que se pretenda vender y sea superior a 500 unidades reajustables ($908 mil al valor de hoy), deberá pedir autorización al juzgado.
Sus sobrinos, que no le pudieron reclamar la herencia a Elina porque había hecho un testamento a favor de una asociación que representa al Opus Dei, le cuestionaron el manejo de las finanzas de su hermana, concretamente por donaciones que había hecho de esos bienes.
En ese marco fue que en abril de 2018, ante el interés de una empresa estadounidense de comprar la compañia de los Gianoli Banmédica (con 1.500 camas en Chile y Ecuador), de la que María Luisa tenía el 1,44%, el juzgado de Familia de 13° turno autorizó la venta de esas acciones. Ordenó que el producto de esa venta fuera invertido en instrumentos de deuda pública uruguaya.
Según surge de los numerosos expedientes judiciales a los que El Observador accedió, esas acciones eran de Gorriti SA, sociedad de la que Maria Luisa era propietaria.
Para el proceso de venta, la justicia pidió designar a un asesor de Bolsa y se nombró a Álvaro Correa, de GBU, y a la contadora Lujan Cafasso para controlar los aspectos financieros. En ese momento Elina Gianoli, en contienda con sus sobrinos había sido desplazada provisoriamente de la curaduría y se había designado al abogado José Luis Zabaleta, con trayectoria como perito del ITF del Poder Judicial.
Al principio GBU cumplió con lo dispuesto pero en determinado momento, sin pedir autorización judicial como indican las normas, Correa en acuerdo con Zabaleta decidió hacer una inversión en forestación a un plazo de 18 años.
Los herederos se enteraron de esa inversión después que María Luisa murió, cuando Zabaleta tuvo que presentar la rendición de cuentas de trienio 2021 a 2024. Allí descubrieron que de los US$ 33 millones en letras de Tesoro de EEUU, US$ 11 millones habían venido a Uruguay para la compra de campos para forestación pero los US$ 22 restantes se habían enviado a Suiza.
Citados por el juez para que dieran explicaciones, Correa se amparó en el secreto profesional y Zabaleta dijo que al ser presidente de Gorriti SA, de la que era titular María Luisa Gianoli, no tenía por qué pedir permiso.
Zabaleta declaró que Correa los asesoró y les recomendó "invertir en la tierra" porque "era algo seguro, un capital tangible y además lo ideal sería que fueran tierras donde se pudiera forestar" y "pensaron a futuro" en los herederos de Gianoli.
En un duro fallo el juez de Familia Daniel Erserguer consideró que "no era admisible” que Zabaleta justificara que no actuó como curador para no pedir permiso. Agregó que ese argumento “resulta insostenible e inaceptable” ya que si Zabaleta integraba el directorio de la sociedad anónima es porque fue designado curador y su función "era administrar su patrimonio y no disponer del mismo". Además hizo hincapié en que se trata de un monto “exorbitante” y que “la curatelada no tenía ninguna necesidad de que se invirtiera gran parte de su inmensa fortuna en un negocio forestal a largo plazo”.
El juez decidió dar cuenta entonces a la fiscalía penal ya que “resulta inadmisible y reprochable, más aún" siendo que Zabaleta es un abogado que "conoce muy bien las obligaciones y la responsabilidad que impone el cargo de curador”.
Además, rechazó la rendición de cuentas, cesó a Zabaleta como curador y a Cafasso y Correa en sus roles y les prohibió integrar a cualquier titulo las sociedades comerciales relacionadas.
La Suprema Corte de Justicia, que también intervino en la contienda familiar, designó provisoriamente al abogado Daniel Laphitz como administrador del patrimonio y derivó el trámite por la sucesión al juzgado de Familia de 12º Turno.
Ante ese juzgado se presentaron los sucesores en diciembre pasado y reclamaron además de las acciones de María Luisa Gianolli en cuatro sociedades comerciales, dos inmuebles de Maldonado, las "sumas de dinero gigantescas (afriman que son más de US$ 40 millones) que se encuentran desaparecidas".
Las graves irregularidades que detectó el Banco Central en GBU
Para tomar la decisión de castigar a GBU con la máxima sanción, el Banco Central tuvo en cuenta las graves irregularidades cometidas por el corredor de bolsa. En la resolución a la que accedió El Observador, el banco señaló que GBU no informó que la empresa Forestal I Internacional en la que decidió invertir era su cliente, ni que él mismo en su calidad de director de dicha empresa, había ordenado transferir los valores soberanos del gobierno de Estados Unidos por U$S 21,5 millones (cuya titularidad había sido anteriormente de Gorriti S.A.) a la cuenta que una sociedad denominada Silover Holding S.A.
El BCU consideró que tampoco informó dónde se encuentran actualmente los bonos extranjeros transferidos desde Gorriti S.A. por U$S 21,5 millones.
Se detectó además que en agosto de 2024 se realizó la emisión de otro producto llamado "Foresterra" por U$S 30 millones, que tiene como activo las acciones de la empresa Forestal Uruguay Limited, empresa de las Islas Vírgenes Británicas creada en marzo 2023, la cual tiene inversiones en el 100% del capital de la empresa Foresterra S.A. en Uruguay.
Y casualmente, el beneficiario final de la empresa Foresterra S.A. es el hijo de Álvaro Correa y empleado de GBU, al tiempo que un exfamiliar del contador y también empleado de GBU es el director de Forestal Uruguay Limited y de Foresterra S.A.
Esos y otros descubrimientos que hizo el Banco Central llevaron a la entidad estatal a considerar que "la gravedad de estos incumplimientos se ve incrementada por el hecho de que la beneficiaria final de la empresa era una persona incapaz". En ese sentido el BCU le achacó a GBU y a Correa que habían sido designados por el juez, conocían dicha orden y que el monto involucrado en esta inversión, U$S 33 millones, "correspondía aproximadamente a la mitad del patrimonio de la persona incapaz".
Por todo eso fue el Banco Central le retiró la autorización para funcionar a GBU, decidió dar de baja a la empresa del Registro del Mercado de Valores y le encomendó a la intereventora, la contadora Ana Chaves, devolver a los clientes los fondos y valores de su propiedad, tarea que deberá empezar inmediatamente.
