La primera audiencia del juicio contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera, dirigido por el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante, estuvo marcada por denuncias de presiones para guardar silencio sobre el disparo de 2012 en La Paloma y hostigamiento político actualmente, de parte de los hermanos Víctor y Daniel Hernández, que declararon como testigos de la fiscalía, mientras que la defensa dirigió sus preguntas a los testigos a demostrar que la asistencia médica y económica se tramitó "a la luz del día" y por los carriles habituales.
La fiscalía de Delitos Económicos a cargo de la fiscal Sandra Fleitas pretende que el juez condene a Carrera a una pena de 4 años por fraude y uso de información privilegiada mientras que la defensa, encabezada por Juan Manuel González Rossi, intentará demostrar que no existió delito. Así, al inicio de la audiencia tanto la fiscalía como la defensa plantearon sus alegatos.
Del pedido de silencio al hostigamiento político
En la audiencia de este lunes, los hermanos relataron -cada uno por separado- el hecho en el que se originó el caso: la noche del 12 de noviembre de 2012, en La Paloma (Rocha), Víctor Hernández recibió un impacto de bala proveniente de la vivienda del comisario Marcos Martínez, donde celebraba su cumpleaños, hecho que la justicia no logró probar.
Tras ser atendido inicialmente en Rocha y sufrir un paro cardíaco durante el traslado, fue operado en el Hospital de Clínicas de Montevideo donde estuvo internado siete u ocho meses. El disparo le provocó una lesión medular irreversible que lo dejó parapléjico y dependiente de una silla de ruedas. Tras pasar cerca de ocho meses internado en el Hospital de Clínicas, al recibir el alta en julio de 2013 y ante la falta de rehabilitación en Rocha, se coordinó su ingreso al Hospital Policial por orden de Carrera, dijo Daniel Hernández.
Agregó que nunca pidieron ayuda ni conocían al entonces jerarca, quien se presentó en el Hospital de Clínicas, se puso a disposición, les dijo que "se habían mandado una cagada muy grande" y les entregó $ 10.000 en efectivo mientras gestionaba una partida mensual de $ 20.000 en tickets de alimentación a través de la Tesorería del Ministerio del Interior.
Durante su estadía en el Policial —donde ambos contaron con habitación, alimentación y traslados en camionetas oficiales para las fiestas de fin de año—, el testigo aseguró que desde la cartera les insistían en guardar silencio. "Siempre era el silencio de que no se dijera nada; sugerían, no es una amenaza, pero decían que no se podía decir", sostuvo, agregando que percibió la internación como una maniobra para "dilatar lo judicial".
Según el relato de Daniel Hernández, toda la asistencia cesó abruptamente a mediados de 2016, cuando presentaron una demanda civil contra el Estado. Contó que tanto en 2014 como 2015 por el 2 o 3 de enero los iban a buscar para traerlos nuevamente al Policial pero eso no ocurrió en 2016. Pese a que intentaron averiguar no obtuvieron respuesta. Tiempo después llegó una ambulancia del Policial descargó sus pertenencias en su casa de Rocha sin previo aviso y sin informales el motivo.
Por su parte, Víctor Hernández confirmó que la entonces funcionaria de Asuntos Internos, Stella González, y autoridades del ministerio les pedían reiteradamente que no contaran los motivos de su internación en el Policial.
Además, denunció un clima de hostigamiento en La Paloma hasta el día de hoy por parte de militantes políticos locales y manifestó temor por su puesto laboral en la Intendencia de Rocha. "Lo que más me tiene preocupado es el ambiente en La Paloma, siempre nos están mirando con mala cara, gente del MPP [diciendo] 'en cuanto cambie el gobierno al primero que vamos a sacar del culo va a ser a este'", declaró.
Durante el contrainterrogatorio de la defensa de Carrera —ejercida por Juan Manuel González, Lucía Fernández e Ignacio Decia—, se exhibieron capturas de conversaciones de WhatsApp certificadas por escribano entre Víctor Hernández y el exministro del Interior Luis Alberto Heber, en las que el exjerarca nacionalista le indicaba que había encontrado "una punta interesante" en su caso y le pedía tiempo mientras avanzaba la investigación.
Ante una pregunta de la fiscalía, tanto Daniel como Víctor Hernández se distanciaron de las movilizaciones realizadas en La Paloma para pedir justicia por el caso y cuestionaron cómo fueron impulsadas. Mientras que Víctor dijo que "no estaba de acuerdo con ellas" y que nunca participó, su hermano dijo que eran "humo de cierto sector de la población y nada más".
Afirmó que de las tres o cuatro movilizaciones —una de ellas organizada por el fallecido alcalde Alcides Perdomo, a quien describió como amigo y a quien le dijo que hiciera lo que quisiera— y fue la única a la que asistió. Dijo que algo que le pareció raro fue que esperaba ver a mucha gente de La Paloma, pero la concurrencia estaba compuesta en un "80% [por] extranjeros" ("bohemia de la costa", argentinos) más "el grupito partidizado de siempre", afirmando que la gente local "no se presta para eso".
Ante esas declaraciones, la defensa de Carrera objetó las preguntas argumentando que las marchas no formaban parte del objeto del testomonio de esos testigos ni de las declaraciones previas en Fiscalía, postura que fue respaldada por el juez Asteggiante.
Víctor Hernández tuvo dificultades para ingresar a la sala de audiencias debido a que tiene escalones y debió ingresar por una puerta lateral que está sobre el estrado donde se ubica el juez y declarar desde allí. Al retirarse debió pararse y sentarse en el escalón mientras su hermano retiraba la silla y él comentó: "Así ven cómo me dejaron"
Los alegatos de la Fiscalía y la defensa
En los alegatos de apertura, la fiscal de Delitos Económicos de 2º Turno, Sandra Fleitas, solicitó una condena de cuatro años de penitenciaría para Carrera como autor de reiterados delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de utilización indebida de información privilegiada.
La representante del Ministerio Público calificó la maniobra como "solidaridad o caridad con las arcas del Estado" y cifró el daño patrimonial en $ 5.214.668 por las prestaciones médicas brindadas en el Hospital Policial, sumadas a los tickets de alimentación por $ 20.000 mensuales entregados durante más de tres años a una persona que no tenía derecho legal a esos beneficios. Fleitas subrayó que el juicio no evalúa si la víctima necesitaba asistencia, sino la ilegalidad de disponer de fondos públicos por fuera de la normativa vigente.
La defensa de Carrera, encabezada por Juan Manuel González, rechazó la acusación y sostuvo que el Ministerio del Interior actuó "a la luz del día" mediante mecanismos administrativos preexistentes.
El abogado argumentó que el delito de fraude requiere la existencia de un engaño, elemento que, a su juicio, no ocurrió, y señaló que el ingreso de Hernández se tramitó a través de autorizaciones especiales concedidas por la Dirección de Sanidad Policial —dependencia que, afirmó, no estaba bajo la órbita de la Dirección General de Secretaría— y con sobrantes de tickets de alimentación. "¿Qué tenía que hacer el Estado? ¿Pasar de largo?", cuestionó el defensor al negar también que existiera uso de información reservada.
La denuncia del oficial del caso por persecución de Carrera
Antes de los Hernández dio su testimonio el comisario mayor Luis Acosta, jefe del Departamento de Operaciones Policiales de la Dirección de Asuntos Internos y oficial designado para el caso en mayo de 2025 quien relató su participación en el caso como auxiliar de la fiscalía. En el tramo final de su declaración, Acosta denunció haber sido objeto de una campaña de persecución y desacreditación profesional impulsada por el propio Carrera tras conocerse la declaración de un testigo de la defensa que lo acusaba de haber intervenido de forma irregular en la causa.
El jerarca policial relató que el exsenador divulgó su nombre y grado completo en medios de prensa acusándolo de haber "construido la causa para perjudicarlo" y presentó audios reservados ante autoridades administrativas, lo que derivó en una citación ante la Oficina Nacional del Servicio Civil y el inicio de una investigación en su contra.
Acosta añadió que, entre junio y julio, un jerarca de un organismo de Presidencia de la República llamó al director de Asuntos Internos para exigir su remoción inmediata del cargo, pedido que no prosperó debido al respaldo de sus superiores.
Asimismo, denunció que Carrera contactó por WhatsApp a un hermano suyo para confirmar su vínculo familiar y enviarle enlaces de prensa con cuestionamientos hacia su actuación. "Cuestionemos la hipótesis fiscal, la podemos cuestionar, pero meterse con lo profesional, particular y familiar es grave en base a una mentira de un hecho que no sucedió", concluyó el oficial antes de finalizar su comparecencia.