La sentencia de la Suprema Corte de Justicia les cayó como un baldazo de agua fría a las autoridades educativas, a varios legisladores de la oposición y a casi todos los docentes que alguna vez pisaron un aula. El máximo órgano judicial autorizó a que en una comunidad menonita los niños puedas estar fuera del radar —y la protección— del sistema educativo uruguayo. Y aunque no hay jurisprudencia y cada caso debe hacer su recorrido legal, sienta un antecedente que habilita el homeschooling (educación en el hogar o fuera de las instituciones reguladas).
Los cinco consejeros del Codicen (ANEP) resolvieron por unanimidad solicitarle al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) una reunión para encontrar una “solución legal”. El presidente del ente autónomo, Pablo Caggiani, dijo a El Observador que les preocupa el antecedente. Recordó que ya tienen en proceso judicial otros tres casos (no solo de menonitas) de homeschooling, una práctica que estaba prohibida porque se entiende vulnera los derechos del niño.
Como pocas veces pasa en el debate educativo, las voces discordantes son casi solitarias (incluyen al exministro Pablo Da Silveira y al exconsejero Juan Gabito). En el resto los fundamentos son más del Derecho: si se lee el artículo que habilita a los padres el tipo de educación que se quiere para sus hijos de manera lineal o si se analiza la Constitución de manera más armónica y en conjugación con otros artículos que protegen los derechos de los niños.
Para Robert Silva la sentencia de la Suprema Corte de Justicia “es peligrosa”. No solo por la relevancia de socialización que implica un centro educativo —público o privado—, porque se aprende en la diversidad, por la importancia del avance cognitivo y emocional, y porque, “en la práctica, el centro educativo obligatorio es el que detecta la mayor cantidad de negligencias, abusos a niños, y cualquier otra violación que estén ejerciendo sobre los niños. Hasta hay prestaciones del Estado vinculadas… son la garantía”.
Por eso estuvo conversando con legisladores de distintos partidos para que su proyecto de ley de que la obligatoriedad educativa sea a partir de los tres años, ya haga un revés al cambio de la ley de Educación que impuso la LUC (la cual borró la palabra de obligatoriedad de inscripción y eso da lugar a duda).
Silva habla con un tono un poco enojado. “Nunca pensé que la Suprema Corte de Justicia pudiera pronunciarse como lo hizo”. Por eso busca salidas legales cuanto antes.
Con una de las que conversó es con la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi. Ella lo escuchó y le pidió un tiempo para pensar. Quería leer el fallo en su totalidad y también asesorarse con constitucionalistas.
Pero en diálogo con El Observador, la senadora rompió el silencio y adelantó algunos puntos que le parecen clave. “La Suprema Corte de Justicia se equivocó en su fallo”. Hace una pausa y aclara que hay que decirlo con cautela. “Tiendo a pensar que a la Corte le faltó conocimiento de las políticas públicas y de los artículos que defienden el bien superior del niño. Porque lo primero que pensé cuando leí la noticia fue: ‘¿Entonces ahora se habilita que surja cualquier secta y se priva al niño a pensar libremente?’”.
Bianchi va hilando ideas a medida que habla. La palabra libertad le es fundamental. Por eso no es una extremista —dice— en pensar tanto cuál es el formato educativo, sino en “cómo se garantiza que el estudiante pueda pensar por sí mismo, de manera libre”.
Cita entonces a la pedagoga Reina Reyes cuando decía que el sentido laico en la educación no significa prohibirle a un docente dar su opinión, sino que fomente y valore que el estudiante vaya adquiriendo sus propias opiniones y libertad de pensar por sí mismos.
Pese a las vacaciones de primavera, distintos actores se expresaron.
Otras reacciones al fallo de la SCJ
El rechazo al recurso de casación de ANEP por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respaldó el ejercicio de la libertad en la enseñanza y, por ende, permitió que niñas de una comunidad menonita en Florida reciban su educación bajo formatos alternativos. Esta decisión es particular en Uruguay y ha generado diversas repercusiones a lo largo de los días.
Una de ellas es la de Pablo Da Silveira, exministro de Educación y Cultura durante la administración de Luis Lacalle Pou. Da Silveira es también uno de los impulsores del artículo de la LUC que permitió, entre otros argumentos, la habilitación de este formato de enseñanza. El artículo 127 de la ley eliminó la obligatoriedad de la inscripción en centros educativos uruguayos, y determinó que la obligatoriedad se refiere a que los niños reciban educación (inicial, primaria y media), no a la institución donde la reciban.
Sobre el fallo de la SCJ, Da Silveira escribió en X que "hay una única lectura razonable de la Constitución" y defendió que la LUC "no eliminó un inexistente deber de escolarizar a los hijos sino una grave inconstitucionalidad". Sobre la socialización de niños y niños a través de los ámbitos educativos, el exministro agregó: "Otra cosa es si es bueno o no que los niños socialicen en la escuela. Muchos pensamos que sí y por eso escolarizamos a nuestros hijos. Pero la solución no es violar la Constitución e imponer una obligación totalmente ilegítima, sino construir escuelas y liceos amigables y capaces de generar aprendizajes".
Muchos, en la misma red social, coincidieron de forma general con el planteo del exministro bajo la premisa de libertad. Entre ellos, el diputado Gerardo Sotelo, que escribió: "La norma armonizó, como lo confirma la SCJ, la libertad de enseñanza, el derecho de elección de las familias y el de los niños a recibir una educación adecuada".
En línea opuesta, otras personas compartieron sus comentarios en rechazo al fallo de la SCJ, entre ellos, alertando por el derecho de niñas y niños "a socializar y educarse en ciudadanía". En particular, Juan Pedro Mir, exdirector nacional de Educación, aseguró que la sentencia de la SCJ abre "una puerta inquietante" y afirmó que "educar no es solo adquirir contenidos".
"La escuela pública no es un proveedor ni una plataforma. Es la institución democrática que reúne a quienes no se eligieron, los reconoce como iguales y les enseña a convivir con la diferencia. Sin ese encuentro, la sociedad se fragmenta en comunidades cerradas. La libertad de enseñanza no concede a las familias un derecho ilimitado a sustraer a sus hijos de la vida común. El derecho a la educación pertenece, ante todo, a niños y niñas. El Estado debe garantizar saberes, autonomía, ciudadanía y contacto real con la pluralidad", escribió Mir en un posteo en X.
Sobre el tema, la académica Adriana Marrero, doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca, mencionó que, en su momento, la LUC "levantó mucho ruido" pero que este aspecto "no fue discutido por la oposición" y tildó de "curioso" que "expertos en educación que hoy publican, indignados, no la conozcan".
El sociólogo especializado en desigualdad educativa, Pablo Menese, le dio contexto: