Fue a la hora del recreo en una escuela pública de Maldonado. Un niño de ocho años le tocó los genitales a otro compañero de su misma edad. La madre del pequeño “agredido” se indignó porque la institución no expulsó de inmediato al “agresor” e hizo la denuncia ante la Policía. La comisaria que tomó la acusación —especializada en violencia de género— rotuló el caso como “supuesto abuso sexual”, pese a que ese delito no aplica entre niños de esa edad. Llamó a la jueza de turno, Rossana Martínez, para ver qué medidas adoptar. Y la magistrada decidió por teléfono “la prohibición de acercamiento” de un niño al otro por 180 días.
Unas semanas después, en una escuela de Rosario, en Colonia, un niño de ocho años “manoseó” a su compañera de banco. Y la secuencia se repitió. Solo que en este caso la jueza Bettina Duter no fijó plazo para la medida cautelar de prohibición de acercamiento, sino que lo dispuso como “protección urgente”. La justificación, dijo la magistrada a El Observador, fue buscar que "la institución separara a los niños y se abriera un expediente para investigar si el niño (agresor) estaba repitiendo un comportamiento” que observaba en su hogar (es decir, si era abusado).
“La judicialización de estos casos suele traer más daños que soluciones”. La advertencia la hizo el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia Eduardo Cavalli. Porque si bien “a los padres les asiste el derecho a denunciar, lo idóneo es la resolución del problema dentro de la institución, buscar el abordaje psicológico, consultar a las maestras, pedir informes técnicos… pero nunca tratar al niño como un abusador o imponer como norma la prohibición de acercamiento por decenas o cientos de días que limita el derecho del niño de ir a la escuela”. En ese sentido, el magistrado especializado en infancia se preguntó: “¿Es legal decirle a un niño que no vaya más a un centro educativo? No lo creo”.
El ejemplo más evidente había ocurrido en el oeste de Montevideo en 2022 (más de un año antes que los casos de Maldonado y Rosario). La jueza Julia Staricco dispuso “un radio de exclusión de 300 metros” para un escolar de siete años que se había refregado, a modo de juego, contra otra niña. La resolución judicial impuso como “medidas de protección la prohibición de comunicación, relacionamiento, acercamiento y/o contacto” del niño, ya sea “en forma directa o a través de terceras personas y por cualquier medio con expresa prohibición de hacerse presente en el domicilio, lugar de estudio y lugares que frecuente” la niña, “hasta nueva resolución”. Así lo había informado La Diaria.
La inspectora y psicóloga Ana Sosa, quien en ese momento era inspectora de la zona y ahora dirige el programa de Escuelas Disfrutables, recordó a El Observador “lo traumático e inoportuno” de aquella resolución judicial. “Frente a la escuela, había otra escuela a la que el niño sancionado por la jueza no podía ir porque incumplía el radio de 300 metros. Hubo que conseguirle una computadora para que hiciera algunas clases virtuales, hubo que darle ticket de alimentación porque el almuerzo lo recibía en la institución y no tenía qué comer, la madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo, su hermano que iba a la misma escuela no tenía quién lo llevara, y encima el pequeño quedó con tanta angustia que luego tenía temor de acercarse a otra niña e incluso a la maestra”.
En Primaria —y en particular en el programa que dirige Sosa que vela por los derechos de los niños— ven con preocupación las secuelas escolares y emocionales que dejan algunas resoluciones judiciales.
“La escuela es, por definición, un espacio de construcción de ciudadanía. Eso supone que primero hay que intentar resolver los problemas con el diálogo. Hay que escuchar a ambos niños. Hay que educar sobre cómo respetar el cuerpo del otro y de uno mismo. Un abordaje psicológico si fuera necesario. Llamar a los padres. Y en el caso de que haya que separarlos de grupos, de turno o escuela tiene que ser conciliado y jamás de manera arbitraria”, dice Sosa quien además de psicóloga tiene décadas de experiencia como maestra.
En esa misma línea, la psiquiatra Magdalena García, quien representa a ASSE en el sistema de protección de niños ante violencia (Sipiav), expresa que “nunca tiene sentido que un juez intervenga en estos casos y, si lo hace, no puede ser con medidas sancionatorias hacia el niño que es muy probable que también esté siendo víctima”. Por eso, agrega la experta, el sistema de protección está pidiendo reuniones para “alfabetizar” a jueces, médicos y maestros sobre cómo abordar una “adecuada educación sexual… área en la que la sociedad uruguaya tiene enorme falencia”.
Derechos
“A un niño no se lo puede tratar como un adulto. El delito de abuso sexual no existe cuando se trata entre niños de edades similares. Por eso no son procedentes las medidas de castigo y, a cambio, deben buscarse medidas que además de legales sean idóneas… empezando por averiguar por qué el niño que agredió tuvo ese comportamiento”. Cavalli insiste con que, en cada caso, el juez tiene que analizar los derechos que están en juego cuando toma una medida.
El magistrado recuerda que él había sido parte del Tribunal de Apelaciones que revocó una polémica sentencia en la que un juez había pasado de año a una niña a la que su colegio la dejó repetidora. En aquel entonces también se discutió hasta qué punto la Justicia puede meterse en decisiones que deben darse en el ámbito escolar. Y a su entender, “el juez no es alguien que sepa de psicología infantil o pedagogía y, por tanto, debe dejarse asesorar por los que saben para el caso concreto”.
Pese a ello, admite la profesora adjunta de Psiquiatría Pediátrica Laura Canessa, “muchas veces los padres se alarman porque ven la angustia de su hijo o escuchan algo que les dijo su hijo que le pasó en el recreo y antes de buscar una solución educativa van directo a la policía o no dan el tiempo a que la institución lo resuelva. Piensan que si un niño le baja a otro el pantalón ya es un violador. Y siempre hay que distinguir el juego sexual que es natural en la etapa escolar (y sobre todo preescolar) del sometimiento, y en el caso de este último hay que estudiar la causa y no actuar a través de un juez”.
Su colega García admite que “viene siendo frecuente la consulta de instituciones y padres por contactos sexuales inadecuados entre niños y niñas de edades similares, y cuando se trata de una juego sexual abusivo es probable que detrás exista un abuso hacia el niño, o una erotización a veces causada por el consumo de pornografía, por ejemplo”.
Los especialistas coinciden en que el niño que es violentado también tiene el derecho de ir a la escuela sin miedo y con entusiasmo. Pero la medida protectora del juez puede causar el efecto contrario.
Como ejemplo, Sosa recuerda que en el caso de la escuela del oeste de Montevideo de 2022 hubo un enfrentamiento “muy violento” entre las familias. Eso supuso escraches, amenazas y los niños quedaron todavía más “atemorizados por la respuesta del mundo adulto”.
¿Amenazas de los adultos? La Institución Nacional de Derechos Humanos tomó conocimiento del caso y todavía no adoptó una postura. Pero fuentes del organismo explicaron que “una de las justificaciones del accionar de la jueza que impuso las medidas de no acercamiento es que, de esa manera, protegía a ambos niños”.
La Suprema Corte de Justicia, a su vez, abrió una investigación administrativa para evaluar si la jueza Staricco debió ser sancionada. Pero en diciembre archivó el caso y concluyó que no ameritaba un sumario. ¿Por qué? La Corte no estudió en este caso la decisión de la jueza, si era la mejor de las medidas o no, solo comprobó que la magistrada no actuó de mala fe, que no hubo un error inexcusable y, por tanto, entendió que no debía ser castigada.
¿Un juego?
“Son esperables los juegos sexuales entre niños de la misma edad”, explica Michel Dibarboure, profesor titular del Instituto de Psicología Clínica. “La exploración es normal, el manoseo como manera de sentir placer también es normal. Los problemas se dan cuando hay diferencia de edad (por ejemplo un adolescente con un niño), o cuando un niño está muy erotizado fruto de cuestiones que le pasan en su hogar y repite la conducta sin entender que está mal”. Para saber si se está ante un simple juego o algo más profundo, el psicólogo recomienda darles voz a los niños, escucharlos y, ante el sufrimiento de cualquiera de las partes, abordarlo.
En ese sentido, la psiquiatra García establece tres niveles de “juegos” sexuales. El primer de ellos es el juego propiamente dicho, en que ambas partes se sienten bien y se van reconociendo. El segundo es cuando una de las partes no quiere jugar, pero puede resolverse entendiendo que a uno no le gustaría que le hiciera eso. Y el tercero es “el juego sexual abusivo” en el que hay un sometimiento y en el que muchas veces existen diferencias de edad o de capacidad cognitiva (un niño que fuerza a otro que tiene una discapacidad).
En cualquiera de los casos, dice García, en la edad preescolar y escolar (incluso a veces en los primeros años de la adolescencia) estos juegos no son sinónimos de trastornos mentales. Puede haberlos, pero no es lo más común.
Dibarboure admite que a veces “puede haber una depresión infantil que busca la descarga placentera. De hecho, la masturbación compulsiva en un niño encubre muchas veces un padecimiento”. Esa conducta, agrega la psiquiatra Canessa, a veces se acrecienta acorde los niños están más expuestos a determinados contenidos en las redes sociales.
Y sobre todo, insisten los especialistas, hay que estar atentos si los niños están repitiendo un abuso que ven o al que son sometidos en su hogar.
La Línea Azul recepciona, a través del número
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