Un proyecto de ley para la protección de deudores de bajos recursos se analiza en el Parlamento, mientras los legisladores reciben propuestas de diferentes actores del sistema financiero. Algunas apuntan al combate de la usura y a una mejor gestión de la mora que se genera por atrasos en los pagos de préstamos.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Representantes en junio del año pasado impulsada por la bancada del Frente Amplio y se centra en tres ejes: la creación de un mecanismo de reestructuración de deudas, generar topes a la usura y prohibir las prácticas de cobro abusivas. Para el análisis del proyecto, la Comisión de Hacienda de Diputados recibió esta semana a una delegación del sindicato bancario (AEBU).
En el intercambio con los legisladores, la presidenta María Eugenia Estoup planteó la preocupación por el endeudamiento y marcó la necesidad de defender a los usuarios de los abusos en el otorgamiento de créditos, sobre todo en la población más vulnerable.
Agregó que desde la visión del sindicato atacar solamente los aspectos del sistema financiero no va resolver el problema de los ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la población. Por tanto, ese inconveniente no se resolverá con una baja de interés de los créditos. Y ese contexto genera otra preocupación: atacar únicamente a una parte del problema podría impactar en diferentes actores del sistema financiero.
prestamos-online.webp
Programa para cancelar deudas
“Uno de los riesgos que se corre es el cierre de las empresas de administración de crédito. Esto puede generar que en el interior del país se pierdan puestos de trabajo y eso haga que se vea afectada la economía de las pequeñas localidades”, expuso Estoup. Otro escenario posible es que las modificaciones previstas generen una baja disponibilidad de créditos destinados a satisfacer las necesidades de algunos segmentos de la población. “Esto puede generar la expulsión hacia el mercado informal o ilegal del crédito”, señaló.
La postura sindical es que el problema debe atacarse desde dos dimensiones: la de los nuevos tomadores de crédito y la de los usuarios que actualmente se encuentran calificados como deudores irrecuperables.
“Para el primer caso es fundamental atacar la usura y regular el tratamiento y gestión de la mora”, dijo. “Para el segundo es primordial generar reestructuras que permitan salir de la condición de irrecuperables, mejorar su calificación, reinsertarse en el mercado y ampliar sus posibilidades de operaciones”, añadió.
También trasladó la necesidad de regular a los gestores de deudas. “Estas empresas, una vez que tienen deudas en morosidad las venden a estudios jurídicos o empresas que gestionan y ahí perdemos de vista cómo hacen para recuperar el crédito”, expresó. Y en ese caso, los deudores pasan a ser rehenes de las condiciones que pongan, tanto empresas tercerizadas como estudios jurídicos.
Sobre este punto el presidente del sector privado de AEBU, José Iglesias, señaló que las empresas gestionadoras de deudas son parte del sistema financiero y, por tanto, deberían estar reguladas.
1705526204983.webp
Préstamos personales online
Karolina Grabowska
Luego se refirió a la morosidad que actualmente abarca a 750.000 personas. “¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que muchas veces los saldos adeudados son varias veces el capital inicial que la persona debía. Por lo tanto es necesario considerar el hecho de bajar las tasas de mora y sus plazos de aplicación”, dijo.
Qué dice el proyecto sobre usura y mora
La iniciativa que se analiza a nivel parlamentario incluye un capítulo dedicado a los topes máximos de interés. Allí plantea que se considerarán intereses usurarios al arancel que esté en un 35% por encima de las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central (BCU), correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de generada la obligación. Actualmente, ese porcentaje se ubica en 55%.
El proyecto también refiere a la mora y explica que se establecerá que existen intereses usurarios cuando la tasa supere en un 60% a las divulgadas por el BCU. La normativa actual maneja un porcentaje de 120%.
