22 de julio de 2026 5:00 hs

Rodrigo Fabián González Mattiauda no recuerda cuántos traslados hizo esposado entre cárceles estadounidenses ni cuántas peleas libró para seguir con vida. Tampoco podría decir cuántas veces creyó que iba a morir, pero hay una imagen que permanece intacta casi veinte años después: un túnel.

Era octubre de 2007 y tenía apenas 18 años cuando un juez estadounidense terminó de leer la sentencia: 32 años de prisión. Dice que después de escuchar ese número dejó de prestar atención al resto. "No escuchaba más nada", recuerda en diálogo con El Observador desde la Unidad Nº6 de Punta de Rieles.

Aquel día fue condenado a 32 años de prisión por mantener una relación homosexual con quien entonces era su pareja, un adolescente de 14 años. Los policías le colocaron las esposas y lo condujeron por un túnel que comunicaba la sala con el sector de traslado de detenidos. Caminó unos metros intentando mantenerse entero, hasta que se quedó solo. Entonces apoyó la espalda contra la pared de hormigón y se dejó caer para llorar "por la impotencia de saber que su vida había cambiado para siempre".

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Casi dos décadas después, su historia trascendió los muros de cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos. Su caso fue seguido de cerca por el entonces presidente José Mujica, quien impulsó las gestiones para que pudiera cumplir la condena en Uruguay, y años más tarde llegó hasta la Suprema Corte de Justicia con un amicus curiae —una figura mediante la cual un tercero aporta argumentos jurídicos al tribunal— presentado por el entonces comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en favor de revisar la forma en que se ejecutaba su pena.

Aquel día en el túnel, sin embargo, nada de eso existía. Para aquel joven de 18 años, convencido de que jamás volvería a abrazar a sus padres, solo había una certeza: acababa de empezar una condena que parecía consumir toda una vida.

Un gurí de Paysandú que soñaba con quedarse en Estados Unidos

Mucho antes de convertirse en un preso del sistema penitenciario estadounidense, González Mattiauda era un adolescente que soñaba con hacer su vida en California. Había nacido en Paysandú el 26 de julio de 1988 y pasó allí parte de su infancia, hasta que sus padres emigraron a Canadá en busca de mejores oportunidades. Aquella experiencia terminó de manera abrupta cuando la familia fue deportada y regresó a Uruguay, donde tuvo que empezar nuevamente desde cero. Tiempo después emprendieron un nuevo viaje, esta vez hacia Estados Unidos, un país que terminaría marcando para siempre su historia.

California fue el lugar donde comenzó a construir la vida que imaginaba para la adultez. Terminó los estudios secundarios, consiguió trabajo, empezó a independizarse y logró comprarse un Toyota Supra con el que recorría con frecuencia las carreteras entre Los Ángeles, San Francisco y Oakland. Recuerda esos años como una etapa de estabilidad, rodeado de amigos y con la sensación de haber encontrado, por fin, el lugar donde quería quedarse. "Nunca imaginé todo lo que me iba a pasar", dice. Ese sueño se derrumbó el 10 de octubre de 2007.

Según dice, ese día fue condenado por mantener una relación homosexual consentida con Bryce, un adolescente de 14 años. Según su versión, el vínculo era consentido y durante la investigación la Fiscalía le ofreció distintos acuerdos para evitar el juicio oral: primero una pena de ocho años de prisión, luego una de doce y finalmente una condena de veinte años acompañada de la posibilidad de ser deportado una vez cumplida.

Rechazó todas las propuestas porque aceptarlas implicaba declararse culpable de un delito que sostiene no haber cometido. "Era la única decisión que sentía correcta", afirma.

Para la Justicia de California, sin embargo, no se trató de una relación entre pares sino de un delito sexual contra un menor de edad. El jurado lo declaró culpable y el tribunal le impuso una pena de 32 años de prisión.

Con el paso del tiempo el caso incorporó nuevos elementos. González Mattiauda asegura que años después Bryce volvió a contactarlo y envió una carta a la Justicia estadounidense en la que sostuvo haber recibido presiones de la Fiscalía y de su propia familia durante la investigación. Ese documento, junto con otras actuaciones impulsadas posteriormente en Uruguay, terminaría formando parte del proceso que años más tarde derivó en la revisión de su situación jurídica.

Sin embargo, cuando abandonó aquel tribunal todo eso pertenecía a un futuro imposible de imaginar. Para el joven de 18 años que subía esposado al vehículo penitenciario solo existía una certeza: la mayor parte de su vida transcurriría detrás de las rejas.

Aprender a sobrevivir

Dos meses después de escuchar aquella condena ingresó a High Desert State Prison, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el norte de California.

La puerta metálica se cerró con un golpe seco que todavía recuerda. Durante unos segundos permaneció inmóvil en el centro de la celda, sin saber qué hacer con las manos ni hacia dónde mirar. Había una cama de hierro, un inodoro de acero inoxidable y una pequeña ventana por la que apenas entraba luz. Se sentó en el colchón, apoyó los codos sobre las rodillas y empezó a pensar en Paysandú, en sus padres y en el Toyota Supra que había quedado estacionado afuera como si alguien fuera a volver a buscarlo al día siguiente.

No durmió casi nada. Cada ruido en el pasillo lo hacía incorporarse. Cada portazo le recordaba que, mientras el mundo seguía avanzando, él era el único uruguayo en un establecimiento donde convivían personas condenadas por homicidios, narcotráfico, crimen organizado y cadenas perpetuas.

Los primeros días fueron los más difíciles. Dice que lloró durante una semana entera, convencido de que nunca volvería a abrazar a sus padres ni a recuperar la vida que había dejado afuera. Pensaba en su familia, en el trabajo, en los amigos y en todo aquello que había desaparecido de un momento para otro. Con el paso del tiempo comprendió que seguir lamentándose no iba a cambiar su realidad. "Entendí que mi objetivo ya no era salir, mi objetivo era sobrevivir", resume.

La adaptación implicó aprender un código completamente distinto al que había conocido fuera de prisión. Según relata, las cárceles de máxima seguridad estadounidenses estaban organizadas por grupos raciales y nacionales que regulaban buena parte de la convivencia cotidiana. Blancos, afroamericanos, latinos y distintas pandillas compartían un equilibrio tan rígido como frágil, donde un gesto mal interpretado o una discusión menor podían terminar en un enfrentamiento.

Permanecer al margen no era una alternativa y no tardó en comprobarlo. Durante uno de sus primeros meses, dos internos lo arrinconaron en un sector elevado del pabellón e intentaron arrojarlo hacia el piso inferior. González Mattiauda dice que reaccionó sin pensar: recuerda los golpes, los gritos de otros presos y la convicción de que nadie intervendría hasta que el enfrentamiento terminara.

Consiguió defenderse, aunque quedó con heridas en la espalda cuyas cicatrices todavía conserva. A partir de entonces comprendió que, dentro de aquella prisión, mostrarse incapaz de responder podía convertirlo en un blanco permanente. "En una cárcel nunca sabés si una pelea termina cuando alguien cae al piso o cuando alguien deja de respirar", apunta.

Convivir con hombres que nunca saldrían

Con el paso de los años dejó de sorprenderse por las historias de quienes compartían el encierro. Según su relato, convivió con personas condenadas a cadena perpetua, con presos que aguardaban la ejecución de la pena de muerte y con integrantes de organizaciones criminales de notoriedad internacional. Menciona haber compartido distintos establecimientos penitenciarios con miembros de la organización de los Arellano Félix, del cartel de Sinaloa y con otros reclusos vinculados al narcotráfico mexicano. Aclara que esas relaciones existieron exclusivamente dentro del sistema penitenciario estadounidense. "Compartimos cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Ahí adentro todos estaban presos. Así como ellos me cuidaban, yo también los cuidaba", recuerda.

Con el tiempo, sostiene, fue asumiendo mayores responsabilidades dentro del grupo latino hasta convertirse en uno de sus referentes en distintos establecimientos penitenciarios, entre ellos Ironwood State Prison y el Metropolitan Correctional Center (MCC) de San Diego. Describe ese papel menos como una posición de privilegio que como una obligación permanente de evitar conflictos innecesarios. "Cuando tenés poder podés usarlo para destruir o para mantener el orden, yo siempre traté de evitar que la gente se lastimara si había otra salida", afirma.

Durante la entrevista habla con naturalidad de haber terminado ocupando un lugar de liderazgo dentro del grupo latino de distintas cárceles de máxima seguridad. Dice que utilizaba esa posición para evitar peleas, pero esa afirmación también revela el grado de adaptación que alcanzó dentro de un sistema extremadamente violento.

El paso del tiempo, la condena más difícil

En un momento la violencia dejó de ser lo que más lo afectaba y lo que comenzó a pesar fue el paso del tiempo. Durante casi seis años no recibió visitas porque su familia ya había regresado a Uruguay, las llamadas telefónicas eran escasas y cada despedida significaba volver a empezar la cuenta regresiva hasta el siguiente contacto.

Durante casi dos décadas vio cómo sus hermanos crecían, formaban sus propios hogares y tenían hijos mientras él seguía preso. Se perdió cumpleaños, Navidades, nacimientos y despedidas. Sus padres atravesaron años de viajes, trámites judiciales y esperas interminables para mantener el vínculo con su hijo. "Perdí veinte años de abrazos", dice, una frase que repite varias veces durante la conversación y que resume, mejor que cualquier otra, el costo personal de la condena.

Mientras tanto veía cómo algunos compañeros morían en prisión, otros se quitaban la vida y muchos asumían que nunca volverían a salir. "Muchos de los amigos que hice allá no llegaron vivos a recuperar la libertad", dice.

Fue en ese contexto cuando Uruguay empezó a ocupar cada vez más espacio en sus pensamientos. Recordaba las calles de Paysandú, los juegos de la infancia, las vías del tren, los mates con sus padres y la vida que había dejado atrás muchos años antes. Esa nostalgia se transformó en una idea fija: regresar algún día, aunque todavía le quedaran décadas de condena por cumplir.

Su paso por el sistema penitenciario estadounidense tampoco transcurrió en un único establecimiento. Según relata, fue trasladado varias veces entre cárceles estatales y federales, en un recorrido que calcula en unos 15.500 kilómetros. Viajó en ómnibus acondicionados para presos, en aeronaves del servicio penitenciario e incluso en vuelos comerciales bajo estrictas medidas de seguridad. Cada traslado implicaba volver a empezar: aprender nuevas reglas, conocer otros internos y reconstruir el lugar que ocupaba dentro de un ambiente donde la confianza prácticamente no existía.

Cuando ya llevaba casi una década preso recibió una noticia que jamás había esperado: la posibilidad de ser trasladado a Uruguay para continuar allí el cumplimiento de la condena. Un funcionario llegó hasta su celda y le ordenó que preparara sus pertenencias. En prisión, esa frase podía anunciar un castigo, un nuevo traslado o semanas de incertidumbre, por lo que evitó entusiasmarse. Recién después le explicaron que había comenzado el proceso para enviarlo a Uruguay, donde continuaría cumpliendo la condena.

El proceso para llegar a Uruguay, explica, no fue una extradición sino un traslado de personas condenadas previsto en un tratado internacional. Desde la prisión de máxima seguridad de Ironwood State Prison comenzó a impulsar ese mecanismo durante años. "Tuve que luchar muchísimo para que mi caso pudiera ser estudiado en Uruguay", recuerda.

No lo creyó de inmediato, había visto demasiadas expectativas frustrarse antes de concretarse. Durante los días siguientes guardó sus pocas cosas, se despidió de algunos compañeros y esperó sin hacer preguntas. Solo cuando el avión despegó comprendió que realmente estaba dejando atrás las prisiones estadounidenses.

Volver a un país que ya no era el mismo

El regreso a Uruguay no significó recuperar la libertad. Cuando aterrizó en Montevideo en 2016 todavía le quedaban años de condena por cumplir, pero la sensación era completamente distinta a la que había experimentado durante casi una década en Estados Unidos.

Uno de los primeros objetos que llamó su atención fue un teléfono inteligente. Había ingresado a prisión en 2007, cuando los celulares todavía tenían teclas y se utilizaban principalmente para llamar o enviar mensajes de texto. Ahora veía a las personas deslizar los dedos sobre una pantalla, hacer videollamadas y conversar mediante aplicaciones que nunca había escuchado nombrar. Tomó uno entre las manos y preguntó cómo funcionaba. “Yo me había quedado en otra época”, recuerda. Mientras él aprendía a sobrevivir entre requisas y encierros, el mundo había cambiado de lenguaje.

"Cuando vi un celular táctil me sorprendí. Yo había quedado detenido en 2007. Cuando llegué existían WhatsApp, Instagram, TikTok... Sentía que el mundo había seguido mientras para mí el tiempo se había detenido", recuerda.

El contraste no terminaba en la tecnología, sino que también encontró un sistema penitenciario diferente. Después de pasar años en cárceles donde los controles eran permanentes y cualquier objeto cotidiano podía convertirse en un riesgo para la seguridad, Punta de Rieles le mostró otra forma de entender el encierro.

Había talleres, emprendimientos productivos, circulación entre distintos espacios y un modelo que apostaba a que el trabajo formara parte del proceso de rehabilitación. No todo le parecía perfecto, aclara, pero sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a construir algo que mirara más allá de los muros.

Una segunda batalla, esta vez en los tribunales

Mientras aprendía a moverse dentro del sistema penitenciario uruguayo, otra batalla seguía librándose fuera de la cárcel. Ya no era una pelea por sobrevivir entre rejas, sino una disputa jurídica que buscaba definir cómo debía ejecutarse en Uruguay la condena impuesta por un tribunal estadounidense.

González Mattiauda asegura que durante años su expediente pasó por las manos de cerca de una veintena de abogados hasta que el caso fue asumido por el exsecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Paralelamente, el entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia en el que sostuvo que la ejecución de la pena merecía una revisión.

El trámite judicial se extendió durante varios años, pero terminó modificando por completo el horizonte con el que había aprendido a convivir. La fecha en la que esperaba recuperar la libertad dejó de ubicarse en 2036 y pasó a fijarse para 2026. Al principio pidió que se lo repitieran, después llamó a sus padres. Hubo varios segundos de silencio antes de que empezaran a llorar. González Mattiauda dice que permaneció con el teléfono contra el oído sin encontrar palabras. “Fue como volver a respirar”, recuerda.

Por primera vez desde la sentencia, la libertad podía medirse en años y no en décadas. La libertad dejaba de ser una idea remota para convertirse en una fecha marcada en el calendario.

Durante esos años escribió Un uruguayo sobreviviendo a las prisiones estadounidenses, un libro en el que reconstruye su experiencia en el sistema penitenciario norteamericano (publicado de forma independiente por su autor, el periodista y escritor J. P. Ponce de León y próximamente por Editorial Planeta Uruguay, en simultáneo con Planeta Argentina y Planeta Chile). También asegura haber firmado un contrato con la directora Beatriz Flores Silva para desarrollar una película y una serie inspiradas en su historia, mientras el documentalista Sebastián Bednarik trabaja en una producción audiovisual sobre su vida.

Sin embargo, cuando imagina el futuro, rara vez menciona esos proyectos. Habla de cosas mucho más sencillas: sentarse a comer con sus padres sin horarios ni custodios, caminar por una calle sin contar los pasos o recuperar una rutina que para la mayoría de las personas resulta insignificante, pero que para él lleva casi veinte años suspendida.

Atribuye esas oportunidades a una sucesión de entrevistas y publicaciones que, poco a poco, permitieron que su historia saliera de la cárcel. Menciona apariciones en semanarios, canales de televisión y diarios nacionales. “Cada publicación me ayudó a encontrar alguna puerta para la nueva vida que me espera”, sostiene.

"Las rejas no son eternas", repite, una frase con la que resume su historia atravesada por casi dos décadas de prisión, por un recorrido que —según su relato— lo llevó a convivir con algunos de los criminales más conocidos de América y por un aprendizaje que transformó para siempre su manera de entender la libertad.

Del encierro a las redes sociales

Mientras esa cuenta regresiva comenzaba a correr, su vida volvió a cambiar por un motivo inesperado. La iniciativa surgió, dice, por insistencia de su madre, que le propuso abrir una cuenta de TikTok para contar su historia y transmitir un mensaje dirigido especialmente a jóvenes. Lo que comenzó como una experiencia casi improvisada terminó convirtiéndose en un fenómeno que hoy supera los 135.000 seguidores y acumula millones de reproducciones.

Cada vez que abre sus redes sociales encuentra cientos de mensajes. Algunos llegan desde lugares tan distantes como Tenerife o Ushuaia; otros están acompañados únicamente por una bandera y una frase de apoyo. González Mattiauda asegura que sus publicaciones fueron vistas en 121 países y que, en conjunto, su historia alcanzó a más de 50 millones de personas. Entre sus videos más difundidos menciona uno con 14,3 millones de reproducciones, otro con 3,5 millones y un tercero que superó los 2,5 millones. Publicaciones con medio millón de visualizaciones, dice, dejaron de ser excepcionales.

En las publicaciones responde preguntas sobre las cárceles estadounidenses, reconstruye episodios de sus casi veinte años de prisión y reflexiona sobre la violencia, la disciplina y las segundas oportunidades. Los mensajes llegan desde Uruguay, pero también desde otros países de América Latina y Estados Unidos. Muchos provienen de familiares de personas privadas de libertad; otros, de adolescentes que descubrieron por primera vez el funcionamiento de una prisión de máxima seguridad a través de sus relatos. "Si mi experiencia sirve para que alguien no tome el mismo camino, ya valió la pena contarla", sostiene.

El crecimiento fue gradual. Primero comenzaron a circular algunos relatos sobre sus años en las cárceles estadounidenses y luego llegaron las preguntas de familiares de personas privadas de libertad. Con el tiempo, sostiene, su imagen se transformó y pasó a ser reconocido como un referente por parte de la población carcelaria uruguaya y de muchas de sus familias. “Desde una celda de cuatro paredes, de alguna forma pude compartir mi voz y mi experiencia de vida con millones de personas”, afirma.

Las redes sociales, sin embargo, ocupan un lugar secundario cuando habla de su presente. Lo que más destaca es el trabajo que desarrolla dentro de la Unidad Nº6 de Punta de Rieles, donde comenzó participando en pequeños emprendimientos hasta involucrarse en distintos proyectos productivos. Está convencido de que esa experiencia demuestra que el trabajo puede transformarse en una herramienta efectiva de rehabilitación y suele poner como ejemplo que decenas de personas privadas de libertad hoy generan ingresos a través de actividades desarrolladas dentro del establecimiento.

Su experiencia no es la habitual dentro del sistema penitenciario uruguayo. El acceso al trabajo sigue siendo limitado y los programas de preegreso alcanzan solo a una parte de la población carcelaria. Distintos especialistas consultados por El Observador en esta nota especial coinciden en que el empleo es uno de los factores más importantes para reducir la reincidencia y facilitar el regreso a la sociedad.

El trabajo como forma de empezar de nuevo

La audiencia que construyó en internet también se transformó en una herramienta comercial. González Mattiauda aclara que él no fabrica los sillones que comercializa, su papel consiste en promocionar los productos elaborados por el taller de tapicería a través de sus redes sociales, responder consultas y conseguir clientes. Dice que esa difusión hizo crecer las ventas del emprendimiento y le permitió aprender una tarea que jamás había imaginado realizar mientras cumplía una condena. "Yo no fabrico los juegos de living, pero puedo vender muchísimos", resume.

Su participación dejó de limitarse a la difusión por redes y pasó a representar a los emprendimientos de Punta de Rieles en actividades públicas. Asegura que llegó a integrar mesas de conferencistas para hablar sobre trabajo, rehabilitación y generación de oportunidades dentro de las cárceles. Para él, esa experiencia demuestra que una persona privada de libertad puede producir, vender, asumir responsabilidades y comenzar a construir una salida laboral antes de cruzar la puerta de la prisión.

En los últimos años el Estado intentó fortalecer la inserción laboral de personas liberadas mediante programas de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), acuerdos con empresas privadas e incentivos económicos para quienes las contraten. Sin embargo, autoridades y organizaciones coinciden en que los prejuicios siguen siendo uno de los principales obstáculos para conseguir empleo después de la cárcel.

Su mirada sobre el sistema penitenciario uruguayo combina elogios y críticas. Valora las oportunidades de estudio y trabajo que, asegura, jamás encontró durante su paso por las cárceles estadounidenses, pero entiende que todavía existen desafíos importantes, especialmente en el combate al ingreso y consumo de drogas dentro de las prisiones.

También cuestiona la idea de que el endurecimiento de las penas, por sí solo, pueda reducir la reincidencia. "La cárcel sola no cambia a nadie, lo que cambia a una persona es darle herramientas para construir otra vida", afirma.

Por eso, cuando habla de sus planes, insiste en que no quiere abandonar ese trabajo una vez liberado. Aspira a colaborar con el gobierno o con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para crear y extender emprendimientos productivos en otras unidades penitenciarias del país. Entiende que el modelo de Punta de Rieles puede reproducirse y convertirse en una alternativa para miles de personas que, sin herramientas laborales, recuperan la libertad con pocas posibilidades de empezar de nuevo.

La vida que quedó esperando afuera

Paradójicamente, cuando se le pregunta qué fue lo más difícil de estos años, no habla de la violencia, de las peleas ni de las cárceles de máxima seguridad. La respuesta siempre termina en el mismo lugar: su familia.

Ahora espera que el próximo capítulo de su vida transcurra lejos de cualquier celda. No busca borrar el pasado, dice que sería imposible, y sabe que los prejuicios siguen siendo una de las principales barreras. El 65,6% de quienes recuperaron la libertad reincide antes de los tres años y las estimaciones oficiales proyectan que la cifra se estabiliza cerca del 70%. De hecho, una encuesta de Equipos realizada en enero del 2025 mostró que el 38% de los uruguayos desconfía de las personas que recuperan la libertad, mientras empresarios y autoridades reconocen que los incentivos económicos por sí solos no alcanzan para revertir esa percepción.

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