El gobierno instrumentó la ley que reguló la “solución” para los deudores en UR del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Con un costo fiscal mayor a los US$ 400 millones, esta medida beneficiaría a 17.700 deudores. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Es una solución justa? Hay un escenario2, el olvidado bien común.