Con un costo fiscal estimado en más de US$ 400 millones, el Ministerio de Vivienda anunció ayer el plan de refinanciación para los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que, en esta primera etapa involucra a 17.762 personas.
El plan surge de una controvertida ley aprobada en diciembre del año pasado y también de una promesa hecha por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General.
Según informó ayer el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, el proyecto contempla tres tipos de beneficios que varían según la antigüedad de la deuda.
A las personas cuya deuda fue contraída hace 40 años o más, el Estado les perdonará ese pasivo y los eximirá totalmente de pagar ese crédito en UR. Según Lozano, en esta primera etapa hay unas 1.636 familias que se encuentran en esa situación, cifra que irá en aumento en la medida en que otros deudores alcancen la antigüedad de 40 años.
"Esta situación es dinámica ya que hay familias que de repente tienen 39 años y 10 meses, quiere decir que dentro de dos meses van a tener 40. Evidentemente, a esa familia también se le va a extinguir el crédito", detalló el jerarca quien además confirmó que el plan ya entró en vigencia y no tiene prevista una fecha de cierre.
La segunda y tercera variante que contempla el esquema de beneficios es para las personas que contrajeron la deuda desde hace ya 30 a 40 años atrás, quienes tendrán una tasa de interés de 0% sobre la UR, mientras que aquellas que tomaron el crédito hace 15 a 30 años deberán pagar sus cuotas con una tasa de interés de 2,5%.
Requisitos para acceder al plan de deudores y cómo hacerlo
Para quedar comprendido en el plan del MVOT y la ANV, el deudor tiene que acreditar que realizó como mínimo 110 pagos en los últimos 10 años, que el capital adeudado total es del 65% de los colgamentos como máximo, que el monto máximo del crédito a la fecha de su otorgamiento fue de US$ 80.000 y que haya pagado las últimas tres cuotas.
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Raúl Lozano, ministro de Vivienda
Para verificar si la persona está incluida dentro del registro de beneficiarios del gobierno, deberá ingresar a la página web de la ANV con un usuario de identidad digital. Allí se podrá consultar de cuánto es la deuda y si están comprendidos dentro del plan de beneficios.
Entre la "justicia social" y la advertencia por el costo fiscal "elevado"
La discusión del proyecto de ley de deudores en UR estuvo envuelta en múltiples polémicas y largas negociaciones entre actores del sistema político, autoridades del Poder Ejecutivo y hasta la propia presidenta del BHU, Casilda Echevarría quien desde un inicio criticó la normativa por entender que era "injusta" y "demagógica".
"Floridos discursos no harán correcto, ni justa una ley. La UR, ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos", había expresado la jerarca en un tuit el año pasado.
Pero más allá de los cuestionamientos de la titular del BHU sobre los motivos que impulsaron el proyecto de ley, una de las principales controversias señaladas tanto por parte de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, como de las principales consultoras económicas del país, tuvo que ver con el impacto fiscal de la medida.
En octubre del año pasado, el MEF había estimado que por cómo estaba redactado el texto en ese entonces, la medida podía implicar un costo fiscal de US$ 590 millones, mientras que el gerente general del BHU, Álvaro Carella había proyectado que se trataba de un stock de créditos de entre US$ 450 millones y US$ 500 millones.
Al ser consultado por El Observador respecto a cuánto dinero deja de recaudar el Estado por este plan de beneficios, Lozano señaló que son "más de US$ 400 millones" y admitió que si bien "es una cifra importante", defendió que se trata de un proyecto de "justicia y sensibilidad social".
El costo fiscal de esta medida, es decir, lo que el Estado renunciará a recaudar por el cobro de estos créditos, es igual al gasto que hizo el gobierno durante todo el año 2022 al destinar recursos para el Fondo Covid.
La crítica de economistas
El proyecto de ley había sido fuertemente criticado por múltiples economistas dado que entendían que los deudores en UR no se vieron perjudicados por el aumento de los salarios frente a quienes contrayeron deudas en unidades indexadas (UI, que se ajusta por inflación).
En ese sentido, el entonces socio de CPA Ferrere y actual candidato a ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio, Gabriel Oddone había dicho que la normativa era "inconveniente" e "injusta" dado que "cuesta mucho dinero y limitará el crédito, especialmente a las personas de menor ingreso". En ese entonces, Oddone recordaba además que "en el pasado (no tan lejano), iniciativas de este tipo comprometieron severamente a las finanzas públicas".
En la misma línea, Pablo Rosselli desde Exante, había rechazado la premisa en la que se basa el proyecto, en cuanto a que los deudores fueron perjudicados por el aumento que tuvo la UR en el correr de los años y su evolución frente a los salarios.
Hacer quitas "es injusto con los buenos pagadores. Es inconveniente porque genera incertidumbre en el negocio de crédito" y "la reflexión que cualquiera puede hacer respecto a las prioridades del gasto público es que" es "una cifra sideral concentrada en relativamente pocos uruguayos", criticó Rosselli en ese entonces.