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Diputados aprobó ley que topea tasas de usura con votación dividida de los blancos en los puntos más sensibles
El proyecto para modificar la ley de usura del primer gobierno del Frente Amplio se aprobó este martes en Diputados con una compleja composición de votos de todos los partidos y con negociaciones a alto nivel, tras un acuerdo que había sido anunciado como el primer gran consenso tras el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración.
Desde todas las filas acompañaron a nivel general la redacción impulsada a comienzos de la legislatura por el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. El proyecto tuvo varias modificaciones en el transcurso de su discusión en la comisión de Hacienda, donde tuvo el apoyo decisivo del Frente Amplio y del blanco Marcos Portillo que sirvió para dar vuelta una iniciativa que estuvo trancada durante más de tres años.
Tan así que el cabildante Álvaro Perrone, tras fundamentar el respaldo de su partido al proyecto –contrario a lo que había ocurrido a comienzos de noviembre en la comisión– recalcó: "Nos llama la atención que se desarchivó de forma exprés y que se trató sin nosotros. El proyecto sale porque se está dando en la calle la junta de firmas que está haciendo Cabildo Abierto, un verdadero tope a la usura, no como este proyecto en que no se da realmente un tope importante".
La redacción aprobada tiene entre sus cambios más importantes que el Banco Central (BCU) "deberá excluir" del cálculo de las tasas medias de interés –con las que se definen luego las tasas que los bancos aplican al consumo– "aquellas operaciones de crédito" que a su entender "distorsionan el mercado" y "en particular" a aquellos créditos que correspondan a las administradoras de crédito. Un aditivo agregado en el plenario establece que los bancos quedan obligados "a reportar los datos sin las referidas distorsiones".
Esto se hace bajo la premisa de que los bancos privados son dueños de las administradoras de crédito que suelen prestar al consumo a tasas más altas, por estar trabajando con un segmento de mayor riesgo (es decir, con deudores más comprometidos).
Lo que se busca evitar, entonces, es que el reporte que hacen esas financieras al BCU impacte en la confección de la tasa media, ya que al ser mayores los niveles que manejan, se eleva el promedio.
"Se trata de una modificación sustantiva, que provocará una reducción significativa de las tasas medias, lo que también contribuirá a reducir el tope de usura", establece la exposición de motivos del proyecto.
Otros cambios sustanciales son nuevos topes máximos a la usura, admitiendo hasta un 30% por encima de la media informada por el BCU en los sectores con riesgo más bajo y hasta un 55% para los deudores con riesgo más alto. En caso de que haya mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando se exceda un porcentaje del 50% en los deudores con menor riesgo (categorías 1 y 2 en la Central de Riesgos Crediticios) y del 75% en los restantes segmentos.
En una reunión con los diputados del Partido Nacional horas antes a la sesión, el presidente del Banco Central, Diego Labat, aconsejó no acompañar estos artículos. Tanto AEBU como los bancos privados han alertado que topear las tasas puede conducir a restringir el crédito y empujar a los más necesitados a un peligroso mercado informal.
En esas tensas horas previas, algunos dirigentes trasladaron al coordinador Conrado Rodríguez la posibilidad de que pudiera volver a posponerse la votación, según reconstruyó El Observador, aunque esa idea no prosperó.
Tal como informó El Observador, la votación propició un escenario en que los propios oficialistas alzaron sus manos en favor de disposiciones resistidas por el propio gobierno. Ambos artículos, centrales para reducir las tasas de interés, tuvieron el apoyo de una parte de la bancada blanca, entre los que se incluyeron Álvaro Viviano (Por la Patria), Marcos Portillo y Carmen Tort (Mejor País), Nancy Núñez (Alianza Nacional), Alexandra Inzaurralde (Herrerismo), entre otros.
Los diputados de la 404, entre ellos Pedro Jisdonian, Alfonso Lereté, Álvaro Rodríguez Hunter, no alzaron su mano. Jisdonian fundamentó que pese a haber votado en general una iniciativa que se considera necesaria, "hacerlo a nivel voluntarista lo que va a hacer es traer más problemas" y terminar "encareciendo todo".
También puso el grito en el cielo sobre estos puntos de especial sensibilidad para el mercado el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, uno de los más activos en intentar coordinar con el Banco Central una redacción acorde.
El blanco Viviano, que en comisión trabajó codo con codo junto a Posada, pasó un mensaje crítico con el gobierno y con el propio Labat respecto a cómo manejaron el tema: "Cuando el proyecto salió de comisión se prendieron todas las luces, que no se habían prendido en cuatro años", dijo.
También fundamentó que en un país con una inflación de menos de dos dígitos, cobrar tasas de tres dígitos "es una verdadera estafa al ciudadano".
El colorado Ope Pasquet fue el responsable de resumir la postura de su partido: "Vamos a votar en general afirmativamente pero en la discusión particular habremos de votar negativamente algunos artículos (...) que lesionan la seguridad jurídica que es un bien a negociar y comprender". El Partido Colorado acompañó los nuevos topes de interés, aunque la disposición referida a la nueva forma de informar las tasas medias de interés –uno de los más sensibles– no tuvo su apoyo por haber provenido en un sustitutivo que no tuvieron tiempo de analizar.
Otras de las novedades del proyecto es que no se permite la exigibilidad del crédito hasta que no pasen 120 días del incumplimiento de la última cuota, en el entendido de que con la normativa vigente basta con atrasarse una cuota para que ya se exija el 100% del crédito.
Con un respaldo crítico, mientras recolecta firmas para reformar la Constitución de la República y fijar nuevas reglas de juego, Cabildo Abierto acompañó los puntos sensibles, aunque presentó aditivos para marcar su perfil en el tema, con medidas aún más restrictivas. Los cabildantes propusieron así que se pueda fijar el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% y que todas las deudas puedan ser canceladas por el deudor a una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos respecto al monto original, siempre y cuando no sea mayor a las 200 mil unidades indexadas.
Con varios artículos por revisar, el texto pasará ahora al Senado.
