Nadie podía imaginar, cuando trascendió el descuento de los US$ 25 mil al presidente Yamandú Orsi por su camioneta, hasta qué nivel escalaría el tema. Y lo peor es que no creció porque los medios lo mantuvieran en agenda forzadamente sino por la opacidad en las respuestas del propio gobierno. En cada salida y explicación que se dio con intención de ponerle la tapa a la polémica, se abrieron nuevas incógnitas, algunas de las cuales aun persisten.
7 de junio de 2026 5:00 hs
Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe
Foco-Gastón Britos
Más allá de las dudas éticas en la conducta del presidente que mostró el episodio, se abrió un nuevo flanco y es la opacidad financiera con la que se manejan los partidos, y de eso te hablaré en esta entrega de la newsletter EnClave.
La opacidad en las respuestas
La cadena de errores políticos y comunicacionales del gobierno tuvo varios puntos altos. Uno de ellos ocurrió el sábado cuando el presidente Yamandú Orsi dijo en Salto la célebre frase (con gesto incluido) de que se “tira de cabeza” cuando ve un descuento y luego el martes en el video en el que pidió disculpas si alguien se "ofendió". Allí afirmó: Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así se transforma en mentira. Con sus explicaciones estaba dibujando la verdad, a la luz de lo que divulgó Búsqueda 15 o 20 minutos después, que informó: "Orsi entregó un auto donado para su campaña electoral como parte del pago de la camioneta Hyundai".
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Se trataba de una Renault Stepway que le donó el dueño de Car One a Orsi, que en el comando de campaña ofrecieron en un rifa como premio, pero que nadie ganó y terminó siendo entregada a la automotora Oliva como parte del pago de la Huyndai Santa Fe.
Esa información motivó nuevas preguntas que llevaron al equipo de asesores a organizar la reunión del miércoles con cuatro periodistas de medios escritos, entre los que estuvo Ramiro Pisabarro de nuestra redacción. Allí se mostraría toda la documentación para, ahora sí, poner fin al tema. De allí también surgió la noticia, que sonó a manotazo de ahogado, de anunciar la donación de la camioneta Hyundai de alta gama a la ANEP para que se destine al traslado de escolares, un sinsentido por dónde se lo analice.
Luego de que mostraron papeles y respondieron dudas, siguieron quedando interrogantes o surgieron nuevas, como explicaba Ramiro en su nota del jueves. En esa reunión en la que estaban junto a Orsi el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de Servicio Civil, Sergio Pérez, informaron que el comité de campaña de Orsi donó el 28 de abril de 2025 unos $17 millones al Frente Amplio como parte del superávit que dejó la campaña en lo que se incluyó el valor de la Renault.
No obstante, las rendiciones de cuentas que la candidatura frenteamplista presentó a la Corte Electoral muestran un saldo mucho mayor: de $89.028.991 en las nacionales de octubre, y de $56.053.433 en el balotaje, lo que equivale a unos US$ 3,6 millones, de los cuales según la versión del gobierno le entregaron US$ 425 mil al FA.
Las fuentes que citaba Ramiro adjudicaban la diferencia a que en la transición se tuvieron que cubrir gastos cuando aun los funcionarios no cobraban sueldos, mientras que otros refirieron a gastos de la campaña que no habían sido liquidados. Como sea, es bastante plata de la que no se tiene noción sobre su destino o en qué se gastó.
Consultado por esos montos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en el programa Arriba gente, de Canal 10, que no tenía aún la “información suficiente” para referirse al tema. “No me estoy lavando las manos, no estuve en el proceso. Entonces no quiero ser inexacto porque por cuatro o cinco preguntas que pude hacer antes de venir para acá, no le voy a decir más del tema porque no sé del tema. Quienes saben del tema van a dar la explicación”, sostuvo.
La otra duda que quedó gira en torno a la rifa en la que se ofrecía como premio la Renault Stepway –que permitió recaudar por más de US$ 78 mil para la campaña–. Federico Comesaña en el programa Así Nos Va de Radio Carve reveló esta semana que la organización de esa rifa debió contar con la autorización de Loterías y Quinielas del MEF y por sus características no podía haber sido autorizada. La ley exige que se registren aquellas rifas cuya “emisión” supere las 2.000 unidades reajustables.
Tampoco se ha aclarado cómo fue la negociación con Oliva Automotores para la entrega del Hyundai Ioniq que usaron presidente y vice para desfilar camino a la Torre Ejecutiva el 1 de marzo de 2025. Si bien en la reunión del martes descartaron rotundamente que guardara relación con el descuento otorgado a Orsi, la suspicacia quedó. Búsqueda informó que Presidencia le negó esa información, que también fue solicitada por el diputado colorado Felipe Schipani en un pedido de informe. El prosecretario Jorge Díaz había dicho la semana anterior que era muy bueno que se pidiera la información.
“No estamos controlando nada”
La frase la dijo Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep y de la Secretaría Antilavado, un contador que es de filiación frenteamplista pero no orgánico y es de los que más sabe sobre normas éticas de la función pública.
Entrevistado por Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva dijo el jueves que el episodio de la rifa y la otra camioneta eran un coletazo del tema grande —el descuento de US$ 25 mil en la Hyundai Santa Fe— y que lo que le dejaba era “la preocupación por el financiamiento de los partido políticos”. Si bien en 2024 se actualizó la ley de 2009, e implicó estar “un poquito mejor”, Gil Iribarne se quejó: “No estamos controlando nada”.
“Te genera perplejidad”, afirmó y señaló que la preocupación mayor que le dejaba el episodio es que se erosiona “la confianza de la gente” en el sistema político.
Los ajustes votados en 2024 surgieron luego del impacto político que generaron los escándalos en el gobierno anterior sobre el exjefe presidencial Alejandro Astesiano y el narco Sebastián Marset. Mucho se habló de los peligros de que el narcotráfico se infiltrara en la política a causa de los débiles controles y se terminó formando una comisión especial integrada por todos los partidos que redactó el proyecto y tras varios meses de negociaciones se votó la norma.
Expertos en la ley de financiamiento que consulté para esta columna opinaron que el gran agujero negro que sigue teniendo la norma es justamente el control del gasto.
No puede discutirse que las campañas necesitan financiarse, que durante los meses en los que los candidatos (y otras decenas de dirigentes que los acompañan) se dedican de lleno a la actividad política tienen necesidades porque no están cobrando un sueldo. El problema a los ojos de la opinión pública es que un bien donado para la campaña aparezca luego integrado a un precio de un bien que adquiere el candidato a título personal.
Los políticos todos —no sólo los del Frente Amplio— deberían entender que los estándares de exigencia para explicar cómo y en qué se gasta han aumentado. Si surgen dudas debería estar claro cómo quedaron registrados esos gastos.
Los entendidos en la ley señalaban que no se requiere más leyes o seguir modificando la que tenemos, sino que lo que hace falta es "auditar el gasto de las campañas" y eso se podría incorporar en una reglamentación de la normativa vigente.
Una innovación de la última ley fue que la Corte Electoral le transfiera al Tribunal de Cuentas (TCR) los gastos para que haga una auditoría, pero la hace sobre los gastos que los candidatos le dicen que hicieron. Hoy puede pasar que se haya gastado en otras cosas y se oculte fácilmente.
Si bien en la última campaña se empezó a auditar mínimamente en el rubro TV al monitorear cuanto se gastó en publicidad y se podría hacer en Meta, los técnicos afirmaban que se podrían mejorar las exigencias, que sean razonables y no sean un obstáculo para hacer politica, y a la vez asegurarse de que el dinero con el que se hace política sea dinero limpio.
Para lograrlo, se necesita un compromiso con ese cambio. ¿Será que este bochornoso episodio sirve a los frenteamplistas y también a los opositores para hacer las cosas mejor?