El proyecto para construir un barrio de alto poder adquisitivo en la zona de Bañados de Carrasco continúa generando diferencias en la interna del Frente Amplio y cuestionamientos de vecinos y organizaciones sociales.
La iniciativa está a estudio de la Junta Departamental de Montevideo ya que necesita una declaración de interés para comenzar los trámites de recategorización del suelo. A su vez, está siendo discutida por el plenario de la izquierda departamental con reuniones complejas por las divergencias –principalmente– entre quienes están a favor y en contra.
A estas tensiones que ya se conocían por tratarse de una nueva urbanización elitista en el departamento se sumó en los últimos días la novedad de que en los momentos en que se presentaba el proyecto la zona fue excluida de los humedales que fueron declarados de “importancia ambiental” por parte del gobierno de Yamandú Orsi.
La información fue dada por Brecha y TV Ciudad tras revisar el expediente de aprobación de ese decreto mediante una solicitud de acceso a la información pública a la que también accedió El Observador.
El expediente de 438 páginas muestra que los Bañados de Carrasco fueron quitados a último momento en el Ministerio de Ambiente cuando el documento llegó a la gerencia de Jurídica desde la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise).
La Dinabise, liderada entonces por Estela Delgado, había avalado –con consulta pública previa incluida– que 38 humedales fueran considerados de importancia ambiental.
La selección se había hecho eligiendo los que estaban categorizados con una importancia “muy alta” en informes previos, incluida una consultoría del investigador de la Facultad de Ciencias, Bernardo Zabaleta. Los primeros dentro de los que están en la cuenca del Río de la Plata eran los Bañados de Carrasco.
Al principio, en una comunicación firmada por Marcelo Cousillas y Florencia de Castro –el gerente y la directora de la asesoría legal– el 23 de setiembre de 2025, Jurídica mantuvo los 38 humedales y elevó tres días después a la Dirección General de Secretaría un decreto que incluía los Bañados de Carrasco. El día 29 –a la tarde– agregó un anexo con los mapas con la ubicación de los humedales.
El GEX –el sistema de expedientes– revisado por El Observador da cuenta que la Dirección General de Secretaría recibió esos documentos el 30 a la mañana y los devolvió a Jurídica el 2 de octubre a las 16 y 19.
En Jurídica, el expediente permaneció poco tiempo, ya que fue enviado nuevamente a la Dirección General de Secretaría a las 17 y 17, menos de una hora después.
Sin embargo, en ese lapso la abogada Florencia de Castro informó que habían quitado los Bañados de Carrasco. También dio cuenta de un cambio en el artículo 5 que fue acordado con el Ministerio de Ganadería.
“No se incluye en esta instancia a los Bañados de Carrasco”, escribió.
De Castro no fundamentó las razones que habían llevado a realizar el cambio. El Observador consultó este jueves a las autoridades implicadas pero no obtuvo respuestas. Fuentes de la Dinabise señalaron que ellos no estuvieron al tanto ni avalaron la modificación.
Tras el cambio, el proyecto de decreto siguió su curso y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre.
Un día después, el 21 de octubre Bislun SA –el grupo encabezado por el argentino Eduardo Costantini– presentó un tercer documento técnico ante la Intendencia de Montevideo para avanzar en la declaración de interés previa a los trámites de recategorización de los suelos.
El proyecto supone intervenir 228 hectáreas de los Bañados de Carrasco e implica una inversión de US$ 1.248 millones en 15 años.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros reglamentó el artículo 159 del Código de Aguas. Este código establece que el propietario de un “terreno pantanoso o encharcadizo podrá desecarlo por su cuenta” si consigue la autorización ambiental. A su vez, prohíbe estos trabajos en las zonas que sean declaradas por el Poder Ejecutivo como “humedales de importancia ambiental”.
Al quedar por fuera los Bañados de Carrasco, la empresa quedó habilitada a comenzar los trámites para realizar el proyecto.
