Es decir, la respuesta mayoritaria no consiste en elegir un camino u otro, sino en combinar ambos.
La diferencia no está solamente en cuánto castigar, sino también en a quiénes perseguir.
Es uno de los hallazgos de una investigación de las politólogas Rosario Queirolo y Lorena Repetto, que analizaron cómo se relacionan las preferencias de los uruguayos sobre inseguridad, mano dura, narcotráfico y políticas de drogas.
El estudio se basa en una encuesta realizada por El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira, que reunió 3.473 respuestas.
Las investigadoras encontraron que la ideología constituye una variable importante para explicar las diferencias, pero también que las opiniones ciudadanas son bastante más complejas que una división entre una izquierda partidaria de la prevención y una derecha que reclama mano dura.
Hay otros resultados que ayudan a entender esas contradicciones. Por ejemplo, aunque las drogas y la delincuencia dominan las preocupaciones de los uruguayos, solo uno de cada tres considera que la regulación de la marihuana empeoró la seguridad pública. La mitad cree que no tuvo efectos.
La percepción tampoco es idéntica en todo el territorio.
Otros datos de la misma encuesta muestran que en el interior el 37% considera que la regulación empeoró la seguridad, frente al 31% de quienes viven en Montevideo.
En la capital, además, el 45% declara haber consumido marihuana alguna vez, frente al 28% entre quienes residen fuera de Montevideo. Estos resultados van en la misma dirección que los reportados por el Observatorio Uruguayo de Drogas, que también registra una mayor prevalencia de consumo de marihuana en Montevideo que en el interior, con cifras relativamente próximas. Si bien ambas encuestas utilizan metodologías diferentes y no son directamente comparables, la coincidencia en el patrón territorial resulta interesante.
Estas asociaciones no permiten establecer relaciones causales. Tampoco las respuestas sobre seguridad constituyen una evaluación de los efectos reales de la regulación del cannabis: reflejan lo que los ciudadanos creen que ocurrió.
Legalización de la marihuana: del 74% de apoyo en la izquierda al 15% en la derecha
Las diferencias ideológicas vuelven a aparecer cuando se pregunta por la legalización del consumo de marihuana.
Entre quienes se identifican con la izquierda, el 74% está de acuerdo o muy de acuerdo con legalizar su consumo. En la derecha, ese porcentaje cae al 15%, según el análisis de Queirolo y Repetto.
A diferencia de las estimaciones anteriores sobre narcotráfico, estos porcentajes corresponden a grupos ideológicos más amplios y no a los extremos de la escala de 0 a 10.
Pero el estudio también permite observar otra particularidad: las opiniones cambian según qué droga y qué tipo de intervención estatal se proponga.
La misma encuesta revela que cuando se plantea legalizar el consumo de otras drogas, el rechazo alcanza aproximadamente al 74%, frente a un 22% que se manifiesta a favor.
El respaldo a la regulación del cannabis, por lo tanto, no se extiende automáticamente a otras sustancias.
La paradoja de la mano dura: reclamar más firmeza no significa creer que aumentar las penas funciona
Las diferencias sobre narcotráfico y marihuana forman parte de una discusión más amplia que las investigadoras procuran responder: ¿hasta qué punto la preocupación por la inseguridad se traduce en una demanda de mayor castigo?
El punto de partida es contundente:
El 55% de los encuestados identifica la seguridad y la delincuencia como el principal problema del país, mientras que otro 18% menciona las drogas y el narcotráfico. En conjunto, casi tres de cada cuatro personas ubican su principal preocupación en alguno de esos dos asuntos.
Pero compartir una preocupación no significa estar de acuerdo sobre cómo resolverla.
El estudio muestra que la probabilidad estimada de reclamar un gobierno más duro frente al delito aumenta del 15% entre quienes se ubican en el extremo izquierdo al 65% entre quienes se consideran del extremo derecho.
En sentido contrario, la preferencia por la prevención disminuye del 42% al 6%.
Hasta ahí, los resultados parecen confirmar una división ideológica relativamente previsible.
Sin embargo, Queirolo y Repetto encuentran un matiz.
En el extremo derecho, la probabilidad de preferir un gobierno más duro alcanza el 65%, pero la de considerar que aumentar los castigos es la respuesta más efectiva para reducir el delito se ubica en torno al 44%.
Es decir, reclamar mayor firmeza del gobierno no equivale necesariamente a creer que endurecer las penas sea la mejor solución.
Además, cuando se observa el conjunto de las respuestas, el 43% considera que un gobierno más duro y la prevención son igualmente necesarios. El 38% prioriza la mano dura y el 19% opta por la prevención.
La opción más frecuente, por tanto, consiste en combinar ambas estrategias.
El dilema del Frente Amplio: incorporar medidas punitivas sin abandonar la prevención
¿Qué hace un partido de izquierda cuando la inseguridad preocupa también a sus votantes, pero estos no necesariamente comparten las mismas preferencias sobre el castigo?
Para Queirolo y Repetto, la heterogeneidad de las preferencias ciudadanas plantea desafíos a los partidos políticos. La demanda de mano dura no es exclusiva de la derecha: "Incluso entre quienes se identifican con la izquierda encontramos personas que priorizan la prevención con otras que reclaman mayor firmeza frente al delito. Esto supone un desafío particular para los partidos de izquierda, que deben responder a demandas diferentes, potencialmente presentes también dentro de sus propios electorados".
En particular, las investigadoras identifican el dilema de los partidos de izquierda: responder a los reclamos de mayor firmeza frente al delito sin abandonar sus compromisos programáticos e identitarios.
En ese sentido, mencionan la trayectoria del Frente Amplio, que ha incorporado medidas más punitivas, pero combinándolas con políticas preventivas y sociales, estableciendo límites a la coerción y procurando mantener una identidad política diferenciada.
Este proceso constituye uno de los ejes de la investigación doctoral de Repetto.
La encuesta ayuda a entender esa tensión.
Porque, así como una mayoría de los uruguayos quiere combinar la persecución de grandes narcotraficantes con la de pequeños vendedores, también una proporción importante considera que el gobierno debe combinar castigo y prevención.
La discusión, por tanto, no necesariamente se reduce a elegir entre dos respuestas opuestas.
Y hay otro resultado que cuestiona algunas ideas habituales sobre quiénes reclaman mayor dureza.
La preferencia por un gobierno más duro, refleja la encuesta, es relativamente elevada entre personas jóvenes y de mediana edad, con valores próximos al 45% alrededor de los 30 a 35 años. En cambio, entre las personas mayores aumenta el respaldo a la prevención.
Es decir, la preferencia por la mano dura no crece necesariamente con la edad.
Las investigadoras advierten, de todas formas, que las estimaciones correspondientes a las edades más avanzadas deben interpretarse con cautela por el menor número de observaciones.
Más allá de la izquierda y la derecha
Volvamos a la pregunta del comienzo.
Si tuviera que decidir cómo combatir el narcotráfico, ¿perseguiría solamente a las grandes organizaciones criminales o también a quienes venden pequeñas cantidades de drogas?
La mayoría de los uruguayos eligió ambas estrategias. Pero detrás de esa coincidencia aparecen diferencias ideológicas pronunciadas sobre dónde deberían concentrarse los esfuerzos del Estado.
Algo similar ocurre con la inseguridad. Es una preocupación compartida, pero no todos creen que se resuelva con mayores castigos. Y tampoco existe una posición uniforme sobre las drogas: se puede apoyar la regulación de la marihuana y rechazar la legalización de otras sustancias.
Queirolo y Repetto están comenzando a desarrollar una línea de investigación que busca conectar las preferencias punitivas frente al delito con las posiciones sobre políticas de drogas.
El objetivo es comprender en qué medida las demandas de castigo se trasladan de un ámbito a otro, qué explica que algunas personas combinen posiciones aparentemente contrapuestas y qué papel desempeñan la ideología, las percepciones de inseguridad y las experiencias personales.
Porque, como muestra el estudio, detrás de una preocupación compartida por la delincuencia existen distintas maneras de entender qué significa combatirla y hasta dónde debería llegar el poder punitivo del Estado.
Sobre la encuesta
El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el profesor adjunto del Instituto de Estadística (Udelar) Juan Pablo Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.
Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.
Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.
Para este sondeo puntual fueron encuestados 3.473 voluntarios entre el 14 y el 29 de abril de 2026.
A continuación los detalles metodológicos: