Al hacer un diagnóstico sobre la situación de la seguridad pública en el país, el ministro del Interior, Carlos Negro, cuestionó el abordaje tradicional con el que Uruguay ha enfrentado la delincuencia en las últimas décadas. A su juicio, el debate público en la materia continúa atrapado en discusiones circulares que desconocen la naturaleza económica del delito y carecen de respaldo académico.

"La demanda de drogas está en crecimiento. Esto es un mercado y los mercados no se combaten a los disparas y a los balazos. Los mercados se controlan", afirmó el titular de la cartera. Para el ministro, existe la falsa noción de que "combatiendo" o "guerreando" se puede erradicar un fenómeno comercial complejo. "Da la impresión de que combatiendo, guerreando vamos a combatir un mercado que no responde a eso. El debate gira a veces en torno a si las soluciones tradicionales siguen siendo las apropiadas", remarcó, al tiempo que advirtió que las discusiones sobre seguridad "pocas veces arrojan soluciones" por no incorporar el conocimiento académico.

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Negro contrapuso esta dinámica con la práctica política histórica de tomar decisiones basadas en la improvisación. "El ensayo y error es la historia del Uruguay en temas de seguridad. Hoy estamos pagando los precios de decisiones de hace 30 años pensando que mágicamente las cosas se iban a solucionar", criticó, señalando que el denominador común ha sido la "toma de decisiones espontáneas sin evidencia".

En esa misma línea, remarcó las limitaciones estructurales de la respuesta penal del Estado. "La gran limitación del derecho penal es llegar tarde. Luego que llega tarde no soluciona, sino que impone una pena con el encierro por excelencia", sostuvo. Al respecto, advirtió sobre los efectos no deseados del sistema carcelario actual: "El derecho penal uruguayo privilegia la solución más violenta de todas con las consecuencias que tiene el encierro. La universidad del delito. El derecho penal termina reproduciendo el problema y no siendo parte de la solución".

Para corregir este rumbo, el ministro enfatizó la necesidad de un enfoque analítico que contemple el contexto local. "Es necesario entender el fenómeno criminal como un fenómeno y no como un delito caso a caso", remarcó, para luego señalar que si bien existen profesionales en el país, la mayoría se ha formado en el exterior. "Lo que no tenemos es criminólogos formados en la realidad de los delitos uruguayos", una particularidad clave considerando las dinámicas del crimen local y el sistema penitenciario nacional.

Las afirmaciones del ministro tuvieron lugar durante la presentación de la nueva Licenciatura en Criminología de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En el evento también participaron la vicerrectora de la institución, Victoria Pasquet; el politólogo y docente Diego Sanjurjo; y la jueza penal Beatriz Larrieu.

Durante la actividad, Pasquet destacó la iniciativa como un "hito para la UCU y para nuestro país", argumentando que a pesar de los aumentos presupuestales y las reformas legislativas, la seguridad sigue estando entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Por su parte, la jueza Larrieu remarcó la importancia de contar con evaluaciones y análisis de datos previos a la imposición de penas o medidas cautelares. También se refirió al papel que ocupa la víctima en el proceso penal y dijo que ha cambiado. "Ya se están planteando casos de conflictos entre la línea que plantea el fiscal y lo que pretende la víctima", dijo y se preguntó si se quiere tener un querellante. Respondió que "es una decisión política".

En tanto, Sanjurjo, que será docente de la carrera, subrayó que la propuesta académica busca formar profesionales capacitados para tomar decisiones basadas en evidencia e interdisciplinariedad.

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