La bancada de diputados del Partido Nacional anunció que promoverá la interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras la polémica gestión de la cartera en el caso de la anestesista Inés Miralles. Desde la oposición aseguran que la jerarca de Estado faltó a la verdad al afirmar que sus decisiones no generaron perjuicios y la acusan de haber priorizado "intereses corporativos" por encima de las garantías de los usuarios del sistema de salud.
El miembro interpelante será el diputado Federico Casaretto. La fecha deberá aún no fue definida.
La controversia tiene su origen en la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de reducir la sanción administrativa impuesta a la anestesista María Inés Miralles, quien fue condenada penalmente por homicidio culposo tras la mala praxis que le costó la vida a la pediatra Soledad Barrera. Este martes el presidente Yamandú Orsi intervino para revocar la rebaja de la pena y restablecer la sanción original de cinco años de inhabilitación que había dictado la Comisión Honoraria de Salud Pública.
En una declaración de bancada, los legisladores nacionalistas apuntaron directamente contra Lustemberg, afirmando que "miente" al minimizar los daños de su accionar. La ministra ignoró —según los representantes— el "sufrimiento padecido por la familia Barrera" y provocó un grave "descreimiento y pérdida de prestigio" del MSP, lo que decantó en "la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos que integraban la Comisión Honoraria".
"Todo ello se hubiese evitado, si la señora Ministra no hubiese beneficiado a una profesional condenada por homicidio", subraya el texto emitido por el Partido Nacional. Los diputados advierten que reducir la sanción a un profesional con este tipo de antecedentes penales implica que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) "pierdan las garantías sanitarias".
A las críticas sobre la rebaja de la pena se suma una denuncia sobre el desempeño jurídico de la cartera. La bancada señala que el MSP "extrañamente dejó pasar los plazos legales" para contestar la demanda que la anestesista inició contra el Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Para la oposición, esta "negligencia" terminó fortaleciendo la posición jurídica de la médica condenada.
Los legisladores también se refirieron a la reciente intervención del mandatario. Si bien reconocen que Orsi logró enmendar el "error cometido por la Ministra" para calmar un "verdadero estado de alarma pública", cuestionan que el presidente mantenga a la jerarca en su cargo. Según los diputados blancos, al respaldarla políticamente, el gobierno "avala que la salud pública de nuestro país se maneje por intereses corporativos".
"Liderar la máxima autoridad sanitaria exige humanidad, seriedad, profesionalismo, transparencia, ética pública", concluye la declaración nacionalista, fundamentando que la interpelación es un paso necesario para exigir "el restablecimiento imprescindible de las garantías y confianza en el sistema sanitario".
