El presidente Yamandú Orsi respaldó este miércoles a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras la polémica por la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles, y sostuvo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue "inducido a error" por el asesoramiento jurídico que recibió en primera instancia.
"¡Por supuesto!", respondió Orsi cuando le preguntaron si respaldaba a la ministra, durante una rueda de prensa este miércoles. También descartó que Lustemberg hubiera puesto su cargo a disposición: "No, no, no hay necesidad; porque la capacidad de corregir cuando alguien, de repente, no fue bien asesorado, es lo mejor que nos puede pasar", afirmó.
El presidente explicó que la decisión de volver a establecer en cinco años la inhabilitación profesional de Miralles fue compartida con la ministra y se tomó después de que el equipo jurídico de Presidencia revisara el expediente y no compartiera el criterio que había sostenido la jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP).
"Fue una decisión compartida con la ministra, porque ante un recurso de revocación, la ministra se me acercó y me dijo: 'Tengo esto'. Había habido una definición de la jurídica del Ministerio de Salud Pública que la jurídica de Presidencia no compartió, y a partir de eso tomamos la decisión", señaló Orsi.
Consultado sobre si aparecieron elementos nuevos en la revisión, Orsi respondió que lo que hubo fue "una visión distinta".
"Vos te tenés que apoyar, para temas de sanciones te tenés que apoyar en informes técnicos de la jurídica. Ahí siempre precisás un apoyo técnico", sostuvo. Cuando le preguntaron si reconocía que había existido un error del MSP, el presidente fue categórico: "Fue inducido [a] error, ¡claro que sí!".
Orsi aclaró que la decisión inicial no había surgido de una determinación personal de Lustemberg, sino que se había basado en un informe técnico que recomendaba reducir la sanción: "Yo no comparto lo que surgió, pero no compartimos ahora, ni la ministra ni yo, porque veníamos con otro informe; un informe técnico que decía [que] había que bajar la penalización", explicó.
En ese sentido, insistió en que la ministra actuó sobre la base del asesoramiento recibido: "Cuando tenés una responsabilidad como ministro y tenés un soporte jurídico, es el que te dice por dónde tenés que caminar: 'guarda con pisar ese palito'. La ministra, ante un reclamo, vino, habló con nosotros y lo corregimos", afirmó.
Orsi indicó que todavía no había hablado con Rosario Barrera, madre de Soledad, quien había impulsado el reclamo para que se revisara la sanción. Consultado sobre por qué el asunto había llegado a Presidencia, respondió que fue la propia ministra quien solicitó una segunda evaluación jurídica: "Porque ella dice: 'Yo preciso, técnicamente, otra visión de otra jurídica para ver si lo que resolví estaba bien o no'".
La polémica por el caso también derivó en pedidos de renuncia a Lustemberg desde la oposición. Consultado sobre si el gabinete seguía firme, Orsi contestó: "Sí, claro. Estas cosas son las que nos afirman". "Desde que empezamos, yo creo que me han pedido que renuncien todos", agregó.
La marcha atrás con la sanción a Miralles
La anestesista Inés Miralles había recibido una inhabilitación profesional de cinco años por parte de la Comisión Honoraria de Salud Pública, a raíz de su actuación durante la operación de vesícula de Soledad Barrera en el Sanatorio Médico Integral (SMI), en 2023. La paciente sufrió un paro cardíaco durante la intervención y falleció diez meses después.
En mayo de este año, Lustemberg resolvió reducir la sanción a tres años, al considerar que la comisión no había fundamentado suficientemente la duración de la pena. La decisión provocó la renuncia de once de los trece integrantes de ese organismo.
La revisión posterior incorporó elementos que no habían sido considerados al momento de la resolución inicial: la condena de Miralles por homicidio mediante un proceso abreviado, el acuerdo alcanzado con la familia Barrera en la Justicia civil y documentación de una investigación interna de la mutualista Universal.
A partir de esa nueva evaluación, el MSP sugirió revocar parcialmente la resolución anterior y volver a establecer cinco años de inhabilitación profesional. Orsi hizo suyo ese criterio y lo incorporó en su resolución, aunque todavía puede ser objeto de revisión en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
"Se llegó a este acuerdo, para el cual ambos estuvimos de acuerdo", había dicho Lustemberg el martes.
Orsi dijo que un puerto de aguas profundas en Rocha es una necesidad de la región
En la misma rueda de prensa, el presidente también se refirió a la posibilidad de avanzar en un puerto de aguas profundas en Rocha y sostuvo que la iniciativa responde a una necesidad planteada por otros países de la región.
"En una reunión con Paraguay y Bolivia, sin que yo lo dijera me lo plantearon ellos: '¿Para cuándo un puerto de 20 metros?'. Algo que es un proyecto, que Uruguay lo estaba manejando en algún momento, la región lo está necesitando; y ahí tenés que articular con todos", afirmó.
Consultado sobre cuánto tiempo podría llevar concretar una obra de esas características, Orsi reconoció que se trata de proyectos que requieren varios años, pero consideró que es necesario comenzar a trabajar.
“Y esas cosas demoran, ¿no? Pero hay que empezar. Y ahí lo que tenés que ver es si tenés carga. Y a eso apuntamos”, sostuvo.
El mandatario también explicó que el gobierno está trabajando en la conformación de una unidad dedicada al tema de las aguas profundas. En ese marco, fue consultado sobre quién ocupará el lugar de Pablo Genta en la Administración Nacional de Puertos (ANP).
“Estamos viendo. En principio hemos hablado con alguna gente, pero ya se van a enterar cuando lo podamos mandar al Parlamento”, respondió.
