El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) analiza un recurso de nulidad presentado por la anestesista Inés Miralles tras la inhabilitación para ejercer por cinco años dispuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP) por el caso en que murió la pediatra Soledad Barrera.
El asunto se remonta al año 2023 cuando la pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula en el SMI. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció. La hipótesis principal es que la mala praxis se registró porque Miralles se ausentó del block al irse al baño a drogarse con fentanilo.
Tras ser sancionada, Miralles presentó recursos ante el MSP que fueron rechazados y al agotar la vía administrativa llevó la situación al TCA.
En esta instancia, el MSP no respondió a la demanda dentro del plazo, lo que motivó un sumario a la abogada encargada del trámite que concluyó recientemente señalando que corresponde sancionarla por una "falta grave" por las consecuencias del hecho, según confirmó El Observador por fuentes del MSP.
La demora en responder –entregó el escrito un día después– le generó un perjuicio al MSP a nivel procesal dado que activó la denominada "regla de admisión" que llevó a rechazar la prueba solicitada por el ministerio y admitir la prueba pedida por Miralles, así como realizar una pericia técnica de oficio.
En definitiva, la jueza de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno Lucía Techera dio por ciertos los hechos narrados por la anestesista (lo que sucedió durante el procedimiento médico y la atención a la paciente) que podían ser controvertidos por el MSP aunque quedará sujeto a la sentencia y a la pericia médica determinar si constituyen una falta administrativa o una mala praxis médica.
La resolución del caso se prevé para 2027.