"Es decepcionante" la actitud de Uruguay ante Venezuela, según Humans Rights Watch

"Tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de instarlo respetuosamente a adherirse a la declaración conjunta sobre la crisis venezolana emitida por Perú el 6 de julio de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La declaración, una iniciativa regional, ya ha sido suscrita por 53 estados de todo el mundo y se encuentra abierta a adhesiones hasta este viernes, 20 de julio", dice la carta publicada en el sitio web de la organización. Esa declaración condena la violación de derechos humanos en el país caribeño.

Según Vivanco es "decepcionante" que Uruguay, un país al que define como "históricamente aliado de la protección y promoción de los derechos humanos en las ONU", no se haya adherido a la iniciativa peruana.

La declaración fue promovida por el denominado Grupo de Lima que ya se ha expresado en varias oportunidades sobre la situación de Venezuela pero el gobierno uruguayo prefirió mantenerse al margen de esas declaraciones.

Sin embargo, Uruguay se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre la situación de Venezuela pero haciendo hincapié en no aislar al país liderado por Nicolás Maduro. Incluso, Uruguay firmó la suspensión del país caribeño del Mercosur por "ruptura del orden democrático".

El último pronunciamiento del gobierno fue tras las elecciones en Venezuela a mediados de mayo. En ese comunicado Cancillería señaló que "el gobierno de Uruguay ha seguido con la mayor atención el proceso electoral en Venezuela, en el contexto de la difícil situación política, económica y social que atraviesa este país y tal como ha expresado reiteradamente, reafirma que la peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento internacional".

De esa forma, Uruguay criticaba las reacciones como las del Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea que analizaban sanciones al país caribeño.

En la carta difundida por HRW, el director ejecutivo cita el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que denuncia que Venezuela sigue deteriorándose a niveles alarmantes. "El éxodo de alrededor de dos millones de venezolanos así como la crisis humanitaria que impide a muchísimos venezolanos alimentar a sus familias y tener acceso a servicios de salud básicos y la violenta arremetida contra opositores, ameritan una firme respuesta multilateral", dice.

Según ese informe, más de 12.000 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias desde 2014, y al menos 570 personas —incluyendo 35 niños— fueron detenidas entre agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018. Muchas personas detenidas han permanecido incomunicadas y han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes que, en algunos casos, constituyeron torturas. Entre las técnicas utilizadas se documentaron descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia y abuso sexual, incluidos casos de violación.