Pedro Alemany es uno de los tantos propietarios de Punta del Diablo que este martes vio como funcionarios de la Intendencia Municipal de Rocha (IMR) tiraban abajo su casa con retroexcavadoras, cumpliendo una orden municipal.

“Hay que estar ahí para saber lo que se siente. Yo todavía no sé cómo hice para filmar lo que me estaba pasando”, señaló a El Observador. “Cuando salí, tenía una mujer policía llorando al lado mío”, contó algo confuso.

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Tal como lo tenía pensado, cuando los efectivos policiales y de Prefectura llegaron a su casa para tirarla abajo, Alemany se encerró en ella junto con su novia, ofreciendo resistencia.

Mientras los efectivos ejercían presión para entrar, su novia lloraba de los nervios y él se comunicaba vía telefónica con el abogado del grupo de propietarios afectados, Pedro Algorta, pidiéndole consejo. Al entrar, los efectivos se llevaron esposada a su novia, pero al poco rato quedó en libertad nuevamente.

Su casa había sido construida 20 años atrás por un familiar y hacía 13 años que él visitaba Punta del Diablo. Este año se había ido a vivir allí, donde residió por cuatro meses, pero asuntos laborales, lo obligaron a volver a Montevideo. Debido a estas circunstancias, no le quedó otra que aprovechar su casa de Punta del Diablo, todos los fines de semana, que fuera posible.

Alemany vive de la guitarra y aseguró que él nunca “alquiló” su casa, aunque el dinero lo necesitaba.

“Lo que queríamos todos los vecinos era regularizar nuestra situación y pagar los impuestos que nos correspondiera. Es más si hubiera habido un plan para comprar terrenos, lo hubiera comprado, pero no nos posibilitaron el diálogo”, afirmó indignado.

“La gente se cree que estábamos robando por estar ahí, pero Punta del Diablo tiene una historia: la intendencia durante muchos años impulsó a la gente para construir sus casas ahí”, señaló, al tiempo que resaltó que durante la década de los 90 la comuna les cobró durante dos años aproximadamente un impuesto a la propiedad indebida, que luego se les quitó para no seguir impulsando la construcción en la zona.

La versión de la comuna señala que estos predios sobre la playa se tratan de terrenos fiscales, que son del Estado, y por lo tanto nadie puede construir en ellos. Para derribar estas viviendas, la Intendencia se ampara en un Plan de Excelencia, mediante el cual busca que las playas rochenses se “luzcan más”, señaló a El Observador días atrás el director de Turismo de Rocha, Pedro Quartino.

Los propietarios de la vivienda se oponen a esta medida argumentando que la intendencia no respeta los plazos judiciales y todavía no cuenta con la necesaria.

La intendencia prevé derribar 70 viviendas.
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