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La última carta de las autoridades frente a la inflación es hacer la vista gorda mientras el dólar cae.

La semana pasada, el dólar llegó a alcanzar su cotización más baja del año.
Muchos se preguntan si los $ 19 son un nuevo piso en el cual se mantendrá la divisa, si seguirá bajando o si rápidamente retomará un valor más cercano a $ 20.

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Lo cierto es que hoy, responder a esa pregunta pensando en un valor de equilibrio es absurdo, porque en el corto plazo la economía uruguaya funcionará bajo una lógica muy distinta, basada en desequilibrios.

La inflación en aumento y el creciente desfasaje cambiario son una muestra. También el crecimiento de la economía se da de forma desigual, con un pujante aumento del consumo en un contexto de fuerte desaceleración de las exportaciones.

La participación del gobierno intenta balancear los distintos desequilibrios y evitar que se salgan de control.
Una variable de las tantas que entran en juego es el precio del dólar. Es una herramienta de doble filo. Por un lado, una baja de las cotizaciones permite moderar las presiones inflacionarias, porque abarata los bienes importados y aquellos que compiten directamente con los mercados internacionales. Pero por otro lado, encarece los bienes producidos en la plaza local y los hace menos competitivos con el resto del mundo.

Si el gobierno soltara las riendas a los mercados cambiarios, el dólar caería, producto de la fuerte presión vendedora. Sin embargo, eso causaría estragos a nivel de la actividad exportadora, no solo de bienes sino también de servicios y en particular en el turismo, que ya de por sí tiene bastantes problemas con las trabas burocráticas impuestas por las autoridades argentinas para evitar la compra de dólares en el vecino país.

Si la cotización del billete verde hoy no cae es porque el gobierno interviene –a través
del Banco Central en salidas puntuales al mercado, o con la constante participación del
Banco República–, sosteniendo la competitividad de la economía doméstica.

Sin embargo, los problemas actuales de inflación obligan al gobierno a echar mano a todas sus herramientas disponibles.

De hecho, con un gasto rígido, una política monetaria tímidamente contractiva, una
política salarial muy permisiva y medidas heterodoxas que decepcionaron en cuanto a su capacidad de incidencia en el índice de precios al consumo, no quedó otra opción que tolerar una baja del tipo de cambio para hacer frente a una inflación que durante dos meses consecutivos, se ubicó por encima de 9%.

En conclusión, aun a riesgo de perder competitividad, la prioridad del gobierno seguirá siendo la inflación y por lo tanto, mientras que las presiones sobre el nivel de precios no cedan y la inflación no se encamine decididamente por debajo de 8%, el dólar seguirá siendo la variable de ajuste
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