¡Qué me van a hablar de libertad!
Mieres y Alonso tienden mano al gobierno en gesto político de alto valor
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres".
La libertad va de la mano de la dignidad, y por eso cada vez que se invoca la libertad para ajustarla a una proclama política, recuerdo esa estupenda cita del "Capítulo 58" del "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", en la que el aventurero explica a su ayudante el motivo de resignar la "abundancia" de "banquetes sazonados" y bebidas bien heladas, que tenían el castillo que estaba sintiendo como un encierro. Por la libertad.
Algo tan preciado no merece ser utilizado como escudo de argumentaciones por otros intereses. Uno de los tres plebiscitos propuestos para 2019 es promovido con la consigna de "la libertad", aunque en realidad tiene otras motivaciones, quizá razonables, pero que serían menos convocantes para el gran público.
Es un recurso político viejo. Hay antecedentes de plebiscitos "por la vida", como si los que no firmaban estaban por "la muerte", o "por la soberanía" como si los que no lo acompañaran fueran serviles al poder extranjero, y así varios.
Hay uruguayos que compran el argumento de la libertad y creyendo que están defendiendo ese valor tan preciado, pueden terminar apoyando otro enchastre a la Constitución de la República. Esos ciudadanos merecen que se los informe correctamente y el gobierno deberá hacer esfuerzo de comunicación profesional en eso, y también algún gesto político, para lo que dos senadores de oposición han tendido una mano que no puede ser ignorada.
La iniciativa que ganó fuerza esta semana nació entre comerciantes de Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha, que se han quejado de los
aranceles que les cobran los sellos de tarjetas y que desde abril de 2016 ese agrupan en la "Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este" (CRECE).
El discurso de "la libertad de elegir" si se quiere o no trabajar con banco, no aplica a ellos, porque todo comerciante por chico que sea, se maneja con cuenta bancaria para pago de proveedores y otras transacciones corrientes.
La referencia es a "poder cobrar el sueldo como se quiera", pero ellos no cobran sueldos, los pagan. Por lo tanto, si fuera por "la libertad", los que debieran impulsar el plebiscito, serían los asalariados.
El movimiento no nació de empleados porque a la inmensa mayoría le conviene cobrar así, y tener una cuenta bancaria o dinero electrónico sin costo alguno, pero además porque la gran mayoría de trabajadores, tanto del sector privado como de funcionarios del Estado, ya cobraba de esa forma.
¿Alguien desconoce lo engorroso de ensobrar billetes y monedas para cada trabajador, con el cambio justo, tener seguridad para el transporte de dinero, hacer el pago y todo eso? Eso es el pasado.
Con la ley, para la amplia mayoría de los trabajadores, el cambio fue de libertad. Ya cobraba por banco pero sin elegir la institución, porque su empleador hacía un convenio con un banco o una cadena de pagos, y le abría una cuenta ahí, pero con la ley, el empleado comenzó a elegir el banco o alguna otra institución financiera para cobrar, lo que exigió una ingeniería para que eso pudiera ser sin costo.
La ley obligó a que todos paguen a sus empleados por transferencia, para que los trabajadores de pequeñas y micro empresas tuvieran el mismo beneficio que los de empresas medianas o grandes, lo que también tuvo excepciones (para localidades de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con puntos de extracción de efectivo).
Es falso que haya sido para favorecer a los bancos, que claramente no fueron favorecidos. Y para ayudar a los comercios chicos a cobrar con tarjeta, se dieron subsidios para la compra de los equipos (POS, "point of sale", que traducido es "punto de venta"), pero ningún comercio está obligado a aceptar pago con tarjeta. Sólo está el caso de estaciones de nafta (con un tope de dinero, restricción que se puede saltear haciendo dos boletas)
Los comerciantes no impulsan esto "por la libertad", sino por sentirse perjudicados, y eso será por el "costo país" y la baja o casi nula rentabilidad, será porque otros comercios los desplazan, será porque no saben adaptarse al Siglo XXI, pero no por esta ley en cuestión.
Si no hubiera habido ley, el proceso hubiese sido más lento, pero siempre inevitable. Tampoco se puede olvidar que la "inclusión financiera" quita espacios a la evasión de impuestos, al que hace como que cobra IVA y se lo queda, al que hace una boleta cada tres ventas, al que paga en negro y elude aportes sociales. Eso sí ha golpeado a muchos.
Ante el empuje de las papeletas y el apoyo de importantes líderes de la oposición, el gobierno deberá asumir que la ley en cuestión no es la esencia, sino que lo es su plan de inclusión. Deberá entender que puede haber casos para corregir, porque ya lo ha hecho, y porque ahora debe atender el gesto político de los senadores Pablo Mieres del Partido Independiente y Verónica Alonso del Partido Nacional, que rechazan modificar la Constitución por este tema, que no firmarán las papeletas, pero que entienden que hay que hacer cambios.
El Frente Amplio, el PI y el grupo de Alonso, forman una mayoría clara en las dos
cámaras (18 en 31 en Senado y 54 en 99 en Diputados) para aprobar cambios puntuales, y para el gobierno sería imperdonable desperdiciar esa oportunidad, para poner un dique de contención al enfoque engañoso de la campaña.
Los plebiscitos polarizan opiniones en dos posturas, y generalizan en falsas oposiciones, como en este caso se quiere hacer creer que la disyuntiva es "libertad versus obligatoriedad". Y así, además del riesgo de agregar parches en la Constitución, con regulaciones que son para otro ámbito, también hay un daño colateral a la libertad: por uso indebido.
