Hasta ahora había sido un gobierno relativamente terso para los cánones políticos de Paraguay. En la recta final de su mandato, Fernando Lugo no había sufrido la inestabilidad política ni la violencia de sus antecesores del Parido Colorado, que había gobernado Paraguay durante 60 años hasta la victoria del exobispo católico en las elecciones de 2008.

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Más allá de que cada tanto enfrentaba un juicio por algún hijo no reconocido y concebido cuando aun vestía los hábitos religiosos, la gestión de Lugo no había registrado episodios siniestros como los que marcaron las presidencias de Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas o Luis González Macchi y las acechanzas golpistas del general Lino Oviedo.

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Sin embargo el caldo que se preparaba en la cocina interna de la política paraguaya hervía a punto de ebullición. Lugo se había quedado solo. Sus aliados de la izquierda lo habían abandonado por no haber logrado la reforma agraria y otras promesas de campaña. Su alianza con el Partido Liberal y el vicepresidente Federico Franco se había resquebrajado al punto de que ambos expresaban sus discrepancias en público como si se tratara de dos opositores.

Por eso cuando un enfrentamiento entre la policía y unos campesinos que ocupaban unas tierras del exsenador colorado Blas Riquelme acabó con 17 muertos y varios heridos, los hechos se precipitaron rápidamente. Y en cuestión de días, a Lugo se le entabló juicio político y fue destituido.

Sin embargo, su propia destitución tampoco implicó la violencia y sucesos truculentos de otras anteriores, en las que se pudo ver hasta un magnicidio, como el del vicepresidente Luis María Argaña en 1999. En el caso de Lugo, a pesar del carácter expedito del juicio político, todo parece haberse hecho en el marco de la Constitución paraguaya.

La particularidad política del Paraguay otorga ciertas prerrogativas al Poder Legislativo. Cuando se promulgó la Constitución de 1992 se buscó reforzar al Congreso para que ejerciera un contrapeso efectivo a la tendencia histórica paraguaya de concentrar el poder en un solo hombre, que tuvo como paradigmas a las dictaduras de Alfredo Stroessner, en el siglo XX, y de Gaspar Rodríguez de Francia, en siglo XIX. Tendencia histórica del hombre fuerte que fuera reflejada con maestría por Roa Bastos en la novela Yo el Supremo.

De ese modo, en las últimas dos décadas, Paraguay se ha comportado como un régimen semi parlamentario, en el que cuando un presidente ha perdido el apoyo del Congreso, ha debido renunciar, como lo hizo Raúl Cubas en 1999 un día antes de que el Senado votara su destitución.

En el caso de Lugo, se llegó a consumar el juicio político, y la votación fue abrumadora: 76 votos contra 1 en la Cámara de Diputados, y 39 a 3 en el Senado. En un sistema parlamentarista, como el italiano por ejemplo, eso significa la caída del gobierno, que se da con bastante frecuencia en ese país. En Paraguay, se hace mediante el juicio político.

Las razones de la pérdida de apoyo de Lugo se basan en que la mayoría de la clase política paraguaya lo considera responsable por avivar el conflicto de tierras que lleva décadas en Paraguay y que a mediados de mes acabó con el baño de sangre en la hacienda de Riquelme. El discurso de izquierda de Lugo es visto por sus críticos como disparador de esos conflictos, en una sociedad rígida y estratificada. Al mismo tiempo, el surgimiento durante su mandato de un grupo guerrillero del que poco se sabe, pero que según la prensa paraguaya estaría financiado por las FARC y el narcotráfico, había causado también cierta alarma entre la clase política.

Pero la soledad de Lugo nunca se pudo ver con mayor claridad que después de su destitución. Unos pocos protestaron y rápido se diluyeron los apoyos al líder caído; lo que puso en evidencia que la izquierda también le había pasado factura por el incumplimiento de sus promesas. Así era imposible que se mantuviera en el poder; y lo único que lo podría ayudar ahora a recuperarlo es la presión del exterior. No está muy claro todavía, pero se ve difícil.
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