Se llamaba Génesis Carmona, tenía 21 años, estudiaba Ciencias Sociales y había ganado el concurso de Miss Turismo en el estado central de Carabobo el año pasado. Se había unido a los jóvenes que el martes acompañaron al opositor Leopoldo López a presentarse ante la Justicia; se había vestido de blanco porque acudía a una marcha pacífica.
Su ropa quedó teñida de sangre cuando una bala le entró por la cabeza. La trasladaron de urgencia, la atendieron como pudieron y falleció unas horas más tarde.
Su historia es similar a la de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya o Roberto Redman, tres hombres que el miércoles pasado también murieron en el marco de los enfrentamientos que se están reproduciendo en Venezuela, que tuvieron su auge el miércoles 12 y el martes 18. También se parece a la de otras dos personas cuyos nombres se desconocen y que ayer se supo que fallecieron, uno por disparos en el estado de Bolívar y otro atropellado mientras participaba en una marcha en Sucre. En total los muertos son seis.
En el caso de la Miss, el proyectil la atacó en la ciudad de Valencia, esa misma donde el martes hubo al menos otros siete heridos de bala. No se cuentan en la nómina los que recibieron perdigones o pirotecnia. La versión de los opositores es que ellos marchaban pacíficamente y que la policía del Estado y civiles afectos al gobierno -los “colectivos”- arremetieron contra la gente y usaron sus armas.
Esa ciudad vive por estas horas una tensión especial que los opositores le achacan al gobernador Francisco Ameliach, que el día anterior había escrito en su cuenta de Twitter: “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden”.
Las UBCH o colectivos son las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, grupos organizados de civiles a los que el oficialista PSUV asignó la tarea de la “defensa de la revolución”. Según explicó una vez Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, están integradas por unas 547.000 personas en todo el país.
Ese mensaje tan corto pero que incluye las palabras “ataque fulminante” generó miedo entre los disidentes, que incluso llegaron a demorar el anuncio de la muerte de la joven para evitar un aumento de tensión, según relató uno de ellos a El Observador.
Ayer las calles de esa ciudad seguían siendo un hervidero: los opositores buscaban llegar a las fiscalías para presentar denuncias pero los colectivos y uniformados hacían piquetes que impedían el paso. Cuando esto sucedía, llegaban motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana y comenzaban la disuasión con gases lacrimógenos y perdigones, según un testigo de esas instancias. La ciudad funcionó a medias, con los centros comerciales cerrados y algunas plantas industriales con actividad solo hasta las 12 del mediodía.
Sostenidos y fuera de control
Esa urbe vive en especial tensión ndesde hace días. El sábado de noche fueron asesinados dos sacerdotes salesianos de 80 y 84 años en un supuesto robo que sembró dudas, pues se produjo mientras los clérigos dormían y las víctimas resultaron con varias puñaladas.
El diputado y secretario general de Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia, ayer responsabilizó formalmente al gobernador Ameliach por el aumento de la violencia y le pidió que “desarme inmediatamente a los colectivos que están arremetiendo y asesinando a los estudiantes”. “No es posible que estén actuando al margen de la ley, muchas veces, amparados y protegidos por el gobierno”.
Esos colectivos tienen radios, vehículos y recursos para poder responder al llamado de las autoridades del PSUV. El problema, acusó Berrizbeitia y confirman los medios de prensa venezolanos, es que están divididos y algunos de ellos solo quieren enfrentamientos directos con los opositores.
El riesgo de que la violencia aumente depende en parte del poder del gobierno para controlar a estos grupos. Si no antes, el sábado habrá un nuevo riesgo de choques, pues la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para ese día a una actividad pacífica para exigirle al Ejecutivo de Nicolás Maduro que controle a los grupos armados que actúan al margen de la ley.
“Maduro puede gastar toda la tinta y la saliva pero no puede eludir su responsabilidad. No pueden convivir grupos armados irregulares con la paz de la sociedad. Al gobierno le incumbe la responsabilidad de desarmar a ese grupo”, advirtió el secretario general de la MUD, Guillermo Ramón Aveledo.
En su comunicado también denunció persecución política contra el partido. Primero, porque la abogada Marisela Rodríguez, que defendía a los detenidos de Carabobo, fue detenida y acusada por “ultraje violento” porque le había preguntado a los que llevan la causa si iban a poder dormir tranquilos después de acusar a los jóvenes.
Segundo, porque también se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular como Leopoldo López que no se sabe cómo reaccionará ante el pedido de la Justicia. “Es absolutamente inaceptable pues es nueva evidencia de la naturaleza de este gobierno y de su modo inescrupuloso de utilizar el poder público”, criticó Aveledo.
