Al aprobar obra, presidente de UTE omitió decir que había presentado una denuncia penal
En abril Casaravilla fue a la Justicia pero recién en agosto lo informó al directorio cuando ya había votado la adjudicación
A medida que avanza la investigación sobre la licitación de UTE para el mantenimiento de sus centrales térmicas, se revelan más elementos que ponen en duda la transparencia del proceso. De documentos oficiales de UTE en poder de El Observador surge que el directorio aprobó la licitación a favor de Ciemsa, sin saber que esa empresa había sido denunciada por el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, ante el Juzgado contra el Crimen Organizado.
Esa licitación es por US$ 7 millones y el directorio se enteró de las sospechas de irregularidades un mes después de votar la adjudicación.
Según los documentos con las resoluciones del directorio, la adjudicación a Ciemsa se concretó el 28 de junio para trabajos de mantenimiento mecánico en las centrales térmicas José Batlle y Ordoñez, CTR, Punta del Tigre y turbina de Maldonado. Esa adjudicación quedó sujeta a la aprobación posterior del Tribunal de Cuentas.
El semanario Búsqueda informó el jueves que Casaravilla presentó la denuncia judicial en abril y recién en agosto informó a sus colegas del directorio donde la oposición cuenta con un representante, Enrique Antía (Partido Nacional).
Por lo tanto, el directorio lo aprobó en junio cuando la denuncia ya había sido realizada y sin que los otros directores supieran sobre las dudas de Casaravilla.
Otro documento oficial da cuenta de que el 26 de enero, UTE “no hizo lugar” al recurso interpuesto por la firma Tecnocyl contra la licitación que obtuvo Ciemsa.
Tecnocyl es la empresa que se encarga del mantenimiento de las centrales y, tras la denuncia judicial de Casaravilla, el directorio le amplió el contrato para que continuara realizando esa tarea.
Casaravilla informó ayer al directorio que en su denuncia -que presentó con la anuencia del presidente José Mujica- no involucró al exvicepresidente de UTE, Pedro de Aurrecoechea, dijeron a El Observador fuentes del ente.
En un comunicado, Casaravilla afirmó luego que “la denuncia penal presentada a la Justicia en abril 2012 no es contra ninguna persona física o jurídica y radica en una investigación sobre los procedimientos de compra”. Afirmó también que ese accionar “se inscribe dentro de una política del gobierno de investigar cada denuncia formal que se presente” y que sean los propios jerarcas los que actúen “en pos de la transparencia, la imagen institucional de las empresas públicas y la de los funcionarios”.
De Aurrecoechea es accionista minoritario –tiene el 4% de las acciones– de la empresa Ciemsa y así consta en su declaración jurada de bienes, según dijo a El Observador. También afirmó que mientras estuvo en el directorio de UTE, Ciemsa no trabajó para el ente.
La empresa hermana de Ciemsa es CSI Ingenieros, para la cual trabajó como consultor Mario Arean –exsecretario privado del intendente Mariano Arana–, quien fue indagado por el affaire de los casinos municipales, en el que resultó condenado el exdirector comunal, Juan Carlos Bengoa.
Arean comentó ayer a El Observador que no tuvo nada que ver con la licitación de UTE que hoy está bajo sospecha de presunta corrupción y dijo que, por ahora, la Justicia no lo convocó. Señaló asimismo que realizó algunos trabajos puntuales para CSI Ingenieros y aclaró que no es funcionario de esa firma. Fuentes de la compañía estatal dijeron haber visto en UTE la tarjeta personal de Arean con la inscripción que lo identificaba como representante de CSI.
Ahora la justicia investiga, al menos, seis licitaciones de UTE que están bajo sospecha y que se realizaron entre 2006 y 2011, según informó ayer el diario El País.
Además, el directorio de UTE ordenó la contratación de un abogado externo, Alvaro Richino, para realizar una investigación de lo ocurrido con la licitación adjudicada a Ciemsa. Al abogado se le dio 90 días para trabajar y le restan algo más de 20 para presentar su informe.
El diputado nacionalista Jorge Gandini, que había denunciado irregularidades en otra licitación de UTE, dijo a El Observador que en este caso Casaravilla “actuó bien e hizo lo que tenía que hacer”.
