Argentina ordena la detención de 45 militares requeridos por España
El juez Canicoba Corral dijo que el arresto provisorio de los 46 fue hecho por el magistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, quien los investiga por crímenes cometidos contra españoles en Argentina
Un juez argentino ordenó el jueves el arresto de 45 militares y un civil a pedido de la justicia de España, que los acusa de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó el país sudamericano entre 1976 y 1983.
"Producidos los arrestos, se le notificará al juez (Garzón) y el juez tiene 30 días para remitir el formal pedido de extradición", agregó Canicoba.
Algunos oficiales "arrepentidos" han admitido que muchas de las víctimas eran drogadas y luego arrojadas al Océano Atlántico desde aviones militares.
Muchos de los militares buscados son ahora ancianos o sufren problemas de salud, como Massera, quien estuvo a cargo de uno de los mayores centros de arrestos y tortura y ahora se encuentra en estado vegetativo.
El gobierno de Kirchner ha dado recientes señales de que podría derogar un decreto que rechaza automáticamente los pedidos de extradición por delitos cometidos en Argentina, que en la práctica protege a los militares acusados de genocidio.
El juez Canicoba Corral dijo que el decreto que protege a los militares no lo inhibe de realizar los "arrestos provisorios con fines de extradición".
Alba Lanzillotto, del grupo Abuelas de Plaza de Mayo, que reúne a familiares de víctimas de la dictadura, dijo a Reuters que "nosotros tenemos la esperanza de que (Kirchner) derogue el decreto".
Los miembros de la cúpula de la dictadura fueron juzgados y encarcelados luego que Argentina volvió a la democracia en 1983, pero fueron luego indultados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999).
Canicoba Corral dijo que en el caso de los militares que ya cumplen arresto se los notificará del pedido de Garzón.
Esas normas fueron declaradas inconstitucionales en los últimos meses por algunos tribunales inferiores, y ahora la Corte Suprema de Justicia tiene una causa en la que deberá decidir si chocan o no con la Constitución Nacional.
(Reuters)
