La jueza de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, declaró reservada la audiencia en la que se iban a definir las medidas cautelares para Martín Mutio, acusado de traficar 4,5 kilogramos de cocaína a Europa.
Lo hizo basándose en una circular del Poder Judicial, de número 292 y del 2017, cuyo primer párrafo establece el derecho de los periodistas a acceder a las audiencias.
Allí se establecen las "buenas prácticas" para regular el "acceso a los medios de comunicación social a las audiencias penales".
Justamente en el primer inciso, en esa circular se establece que las audiencias que se celebre "una vez concluida la investigación preliminar serán públicas y los representantes de los medios de comunicación social podrán estar presentes durante todo el desarrollo de las mismas, sujetos a disposiciones del presente reglamento".
Respecto a esto último, se establece que el magistrado actuante y los funcionarios "deberán tomar todos los recaudos pertinentes a efectos de asegurar que no haya inconvenientes para el ejercicio pleno del derecho a la información de todos los comparecientes".
Chamsarian había absuelto a Mutio en agosto del año pasado, pero la Fiscalía –a cargo de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero– apeló y en los últimos días se conoció que un Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza y condenó al empresario a 15 años de prisión.
Pero como ese fallo del Tribunal de Apelaciones no está firme hasta que se exprese la Suprema Corte de Justicia –organismo al que acudió la defensa de Mutio–, se debe determinar si corresponde que el acusado cumpla o no con la medida cautelar de la prisión.
Aunque con el nuevo código del proceso penal se consagraron las audiencias orales y públicas, la jueza Chamsarian determinó que esto no sucediera en el caso de la instancia de este viernes.
