Corte decide si reactiva juicio de US$ 20 millones contra Economía

Funcionarios reclaman por compensación salarial creada en el gobierno blanco

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá decidir antes de fin de año si reactiva o no un juicio iniciado en 2009 por un grupo de 2.300 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que exigen el pago de unos US$ 20 millones derivados de incorrectas liquidaciones de compensaciones salariales.

El tema es objeto de un antiguo y complejo litigio judicial que tuvo su origen en la ley de Presupuesto del gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), que en su artículo 169 creó un mecanismo de equiparación para los funcionarios del MEF de menor escalafón y grado a través de un fondo común con los ingresos extrapresupuestales, cuyo 5% debe volcarse mensualmente a los salarios más sumergios de los organismos de la cartera.

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En 1998, un grupo de 720 funcionarios inició un juicio contra el MEF reclamando liquidaciones irregulares de esas compensaciones desde 1991. El proceso fue extenso y si bien el fallo contra del Estado fue en 2005, el monto a pagar se fijó en 2008 y rondó los US$ 9 millones de la época, informó en marzo de ese año el diario Últimas Noticias.

En ese momento, al responder un pedido de informes del senador blanco Luis Alberto Heber, el MEF indicó que además de los 720 funcionarios que ganaron el juicio otros 4.800 tenían dinero para cobrar debido a incorrectas liquidaciones en el marco del pago del fondo salarial compensatorio.

Por eso fue en que en 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) y con Danilo Astori al frente del MEF como en la actualidad, el gobierno decidió pagarle a todos los funcionarios para evitar situaciones de inequidad entre los que habían iniciado el reclamo civil en 1998 y los que no.

US$ 20 millones

Pero en 2009, 2.300 funcionarios –de la Aduana, la DGI, la Dirección de Catastro y la Auditoría Interna de la Nación entre otros organismos dependientes del MEF– promovieron otro juicio al entender que la liquidación también se realizó en forma incorrecta y por eso, alegaron, cobraron menos de lo que les correspondía.

En primera y segunda instancia el juicio –donde cada funcionario pide unos $ 271 mil por lo que el total es de US$ 20 millones– fue desestimado al considerar la prescripción de la supuesta deuda.
Pero los funcionarios, representados por la abogada María Jimena Giacosa, presentaron un recurso de casación ante la SCJ pidiendo que el máximo órgano del Poder Judicial revea los fallos de primera y segunda instancia que consideraron prescripto el reclamo y reactive el proceso que quedó trunco en el juzgado civil de 8º turno, a cargo del magistrado Federico Tobía.
El jueves 19, ante los ministros de la SCJ, se realizó una audiencia in voce donde los funcionarios, el MEF y también el fiscal de Corte, Jorge Díaz, expusieron en forma oral su posición respecto a la prescripción del reclamo.

Los abogados de la secretaría de Estado argumentaron a favor de que se confirme la prescripción, al tiempo que Giacosa hizo su alegato en el que planteó que la deuda reivindicada por sus clientes está dentro del plazo para ser reclamada.

Y Díaz, en su dictamen sobre el plazo para reclamar la deuda, compartió la posición de la abogada demandante y entendió que como el MEF decidió en 2008 pagarle a todos funcionarios, eso representó un reconocimiento de que existió una incorrecta liquidación, algo que interrumpió la prescripción, explicó Giacosa a El Observador.

El fiscal de Corte, en un dictamen de seis páginas, afirmó que por esa razón "el crédito reclamado no puede considerarse prescripto".

El dictamen de Díaz no es vinculante para los ministros de la SCJ pero es un elemento de análisis importante para los magistrados, que deberán resolver la prescripción en un plazo de 30 días.
"Si los ministros de la Corte comparten nuestro criterio y el del fiscal de Corte, el juicio volverá al juzgado de primera instancia que deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto", dijo Giacosa.
Los funcionarios, al presentar el recurso de casación ante la SCJ, adjuntaron una consulta a su favor elaborada por el catedrático en derecho civil Juan Andrés Ramírez. l

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