Creador de la ley del aborto cuestiona cómo la aplica el gobierno

La ley de interrupción voluntaria del embarazo cristalizó gracias al acuerdo que logró el Frente Amplio –que no contaba con los votos necesarios– con el diputado Iván Posada (Partido Independiente).De hecho, la norma finalmente aprobada –luego de varios intentos durante más de 20 años– se la conoció incluso como la “ley Posada”.
Su creador, sin embargo, discrepa con la forma en que el gobierno la está aplicando.
Posada fue quien propuso como condición que se creara un equipo interdisciplinario integrado por al menos un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social, para que actuara en forma conjunta y asesorara a la mujer que concurriera al centro de salud con la intención de realizarse un aborto, e informarla sobre las alternativas a su decisión. En conclusión, el equipo debía intentar convencer con información a la mujer de no realizarse el aborto. Sin embargo, la cosa no funcionó como Posada había previsto y advierte que el Ministerio de Salud Pública “debe modificar la reglamentación ajustando el decreto a lo que establece la ley”.
“Hay una falta que debe ser corregida”, dijo el legislador a El Observador.
Posada se refiere a que la reglamentación de la norma habilitó a las instituciones a que las consultas se realicen en forma individual con los distintos profesionales y no en conjunto. Entiende que de esa manera no se respeta la entrevista prevista en la norma aprobada por el Parlamento. “La ley es clara en que (el encuentro)debe ser en forma conjunta, para que la mujer tenga la posibilidad de plantear su decisión y conocer los distintos aspectos que la rodean, pero que sea una única entrevista”, señaló el legislador.
Consideró que el hecho de que se habiliten en forma separada las consultas con distintos profesionales “va en desmedro de la propia calidad de asesoramiento que se previó en la ley”, de hacer conocer a la mujer “las posibilidades que tiene en materia de apoyo social del Estado y organizaciones no gubernamentales de dar al niño en adopción, así como un aspecto que es medular en el artículo 3, que es tratar de remover las causas que determinan la decisión”, agregó el diputado.
“Esto no fue respetado. Es un grave error desde el punto de vista jurídico y práctico”, dijo.
El diputado cree que la realidad hará que la reglamentación sea modificada. “La cuestión no es la practicidad. Se debe elevar el estándar de calidad en un asesoramiento clave para que la decisión sea responsable y conscientemente tomada por parte de la mujer. El aspecto de dividir la instancia de la entrevista en mas de una es un aspecto que incide negativamente”, concluyó.
Lo que pasó
Pero el diputado también hizo referencia a lo que debe y no hacer la comisión asesora. Días atrás, una mujer que concurrió a interrumpir su embarazo en Maldonado relató a La Diaria que en una de las instancias un profesional le consultó si quería escuchar el corazón del bebé. “Eso excede lo que debe hacer el profesional. En la ley, cuando se establecen deberes de los profesionales se expresa que debe abstenerse de realizar opiniones personales o tratar de incidir de otra manera que no sea a través de información y asesoramiento. Si hay una actitud de esa naturaleza se excede”, indicó.
Otra de las situaciones que sucedió en los últimos días, y que mereció cuestionamientos por parte del legislador, es la de la falla del Misoprostol, medicamento indicado para la interrupción del embarazo. Señaló que ese hecho debe ser informado a la mujer, ya que “la prestación no termina con la extensión de la receta”. De todas formas consideró “una garantía” el hecho de que el MSP haya ordenado una investigación administrativa para definir qué pasó en el caso de la paciente a la que luego de la falla del medicamento en dos oportunidades no se le haya querido practicar un legrado por haber pasado la semana 13 de gestación.