La presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó esta tarde un mensaje por cadena nacional. La presentación de la mandataria fue a través de un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, ya que no podía moverse hasta allí por razones médicas tras la operación a la que se sometió en diciembre.

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Es la primera vez por cadena nacional tras la muerte del fiscal Alberto Nisman que la había denunciado por supuesto encubrimiento Irán en el caso de la AMIA. La expectativa en el discurso oficial está centrado en posibles anuncios vinculados a las áreas de Inteligencia y Seguridad.

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Cristina empezó la cadena recordando los juicios y condenas realizados durante la última década por el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura y cómo en los dos casos de terrorismo internacional que sufrió el país -AMIA y la Embajada de Israel- aún no tienen condenados. Y luego hizo una extensa y férrea defensa del memorándum de entendimiento con Irán. En este sentido, Fernández destacó que el gobierno siempre tuvo "voluntad de esclarecer" la causa y dijo que el memorándum Argentina-Irán se firmó para lograr que los ciudadanos iraníes implicados declararan y para "que la causa avanzara". "Habíamos dado un salto cualitativo", puntualizó la mandataria argentina.

El último acto público en el que se había mostrado en su residencia de Olivos el pasado 14 de enero, el mismo día que Nisman la denunció por presunto encubrimiento de terroristas. Desde la muerte del fiscal, ocurrida hace una semana, la mandataria sólo se había expresado a través de dos cartas publicadas en su página web y sus cuentas en las redes sociales.

La reforma

Fernández decidió derogar la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y enviar al Senado un proyecto de ley reestructura del sistema de escuchas telefónicas. "El proyecto establece la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia", y sus autoridades serán designadas por el Poder Ejecutivo pero con acuerdo del Senado.

Las acciones del nuevo organismo se limitarán a cuestiones de narcotráfico, ciberdelitos, terrorismo internacional, criminalidad organizada, trata de personas y delitos económicos. Las operaciones de inteligencia dentro de territorio argentino deberán destinarse a "investigaciones de delitos complejos" y a cuestiones vinculadas con "traiciones a la patria" (delitos contra la democracia).

En cuanto a las escuchas telefónicas, el proyecto de ley prevé que las autorizaciones estén en mano de los jueces, y que el Poder Ejecutivo pierda las potestades de decidir las escuchas.

Por otra parte, la ley establece penas para los funcionarios de inteligencia, jueces, fiscales, ministros y otros miembros del Estado que se comuniquen sin seguir las "vías institucionales correspondientes". Por otra parte, se crearán "bancos de protección de datos y archivos de inteligencia". La presidenta argentina justificó que la reforma "es una deuda de la democracia" y dijo que la justicia debe "comenzar a repensarse". "Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierta y que hay que cortar de cuajo", justificó Fernández.

La mandataria argentina dio un plazo de 90 para que se apruebe la nueva ley.

La denuncia y acusaciones a Clarín

Con respecto a la denuncia del fiscal Nisman, la presidenta manifestó que "los argumentos son absurdos" y que "no hay un solo abogado que pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal". Dijo que nunca negoció impunidad por granos ni por petróleo

"A mí no me van a extorsionar, no tengo miedo, que hagan las denuncias que quieran. No me van a hacer mover ni un centímetro de lo que pienso. El poder judicial tiene un gran desafío: demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien. Que es posible recuperar la confianza", declaró Fernandez en la cadena nacional de radio y TV.

La presidenta argentina habló en numerosas oportunidades a la "desinformación" provocada por el grupo Clarín. Apuntó a Diego Ángel Lagomarsino, el empleado de la fiscalía que le entregó a Nisman el arma calibre 22 que apareció al lado del cuerpo del fiscal fallecido. La presidenta dijo que Lagomarsino es "hermano de un importante ejecutivo de empresas vinculadas al grupo Clarín" y que era "el gerente de informática del grupo Clarín".

En este sentido, Fernández aseguro que Clarín hizo un "aquelarre" con un propósito: "Desinformación, confusión y que haya un gran pesimismo de la gente en la justicia".

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