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Por decimosexta semana consecutiva, decenas de miles de israelíes se manifestaron en las calles Tel Aviv contra la reforma judicial que impulsa el primer ministro Benjamín Netanyahu, un paquete de proyectos de ley que cambia la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces con el fin de darle a la coalición al gobierno de ultraderecha la mayoría de los escaños en el comité.

Netanyahu y sus aliados sostienen que el Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en un grupo cerrado y elitista que no representa al pueblo israelí y se extralimitó en sus funciones, entrometiéndose en asuntos sobre los que no debería pronunciarse, posición que los manifestantes y los partidos de oposición consideran un riesgo para la democracia.

Los manifestantes se congregaron en Tel Aviv y en otras ciudades del país, como Haifa, dos días antes de la conmemoración el Día del Recuerdo en homenaje a los soldados israelíes muertos y a las víctimas del terrorismo, ocasión en la que además se celebrará el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel.

En Tel Aviv, algunos manifestantes portaron pancartas que rezaban: "Defenderemos aquello por lo que cayeron", en alusión a los soldados muertos en combate. La protesta registrada en Tel Aviv, la mayor ciudad del país, congregó a decenas de miles de personas, que algunos medios locales como el Times de Israel cifraron en más de 100.000 manifestantes, pese a que Netanyahu anunció días atrás una “pausa” legislativa para dar “una oportunidad al diálogo”.

Desde que se anunció el proyecto de reforma en enero pasado, decenas de miles de personas se manifiestan cada semana para denunciar la iniciativa que, según la coalición de gobierno, la más derechista en la historia del país, servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema, y que los críticos consideran que empujará a Israel país hacia un modelo autoritario.

Netanyahu y sus aliados, un conjunto de partidos ultrarreligiosos y ultranacionalistas, argumentan que el plan busca “mejorar” un sistema que da demasiada voz a los tribunales sobre cómo se elaboran las leyes y se toman las decisiones de gobierno. Los opositores, sin embargo, destacan que el paquete de leyes incrementará el poder de los políticos sobre los jueces y disminuirá el rol de la Corte Suprema.

Los críticos puntualizan que la iniciativa alterará el sistema de controles y contrapesos del país y concentrará el poder en manos del primer ministro. También acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por una serie de cargos de corrupción, posición que incluso es avalada fuera del país, como en el caso de los Estados Unidos, principal aliado de Israel, que expresó su "preocupación" por la polémica iniciativa.

Otro elemento significativo de los cambios propuestos es la llamada “cláusula de anulación”, que otorgaría al Parlamento el poder de aprobar leyes previamente declaradas inválidas por el Tribunal, anulando esencialmente las decisiones del Tribunal Supremo. Sus partidarios afirman que el tribunal no debe interferir en la voluntad del pueblo. "Vamos a las urnas, votamos y, una y otra vez, personas a las que no elegimos deciden por nosotros", sostuvo el ministro de Justicia, Yariv Levin, al presentar el paquete a principios de enero.

Otro proyecto de ley, ya aprobado, dificulta que un primer ministro en ejercicio sea declarado incapaz para el cargo, restringiendo los motivos a la incapacidad física o mental, y exigiendo que el propio primer ministro o dos tercios del gabinete voten a favor de tal declaración, un punto de especial importancia debido a que Netanyahu es acusado por la fiscalía en tres casos separados que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza.

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