Del oxígeno al aire fresco

Los negocios de Uruguay con Venezuela y el pedido del diputado nacionalista Jaime Trobo para crear una comisión investigadora

Esto es oxígeno puro para el país", declaró el presidente Tabaré Vázquez en julio de 2015, al anunciar, en compañía de algunos de sus ministros y su vicepresidente, que había firmado "un amplio acuerdo de cooperación comercial, tecnológica y técnica con el gobierno de Venezuela".

¿Lo recuerda? ¿No? Bueno ... no importa: es apenas otro de los anuncios presidenciales que no dejan rastros, solo que aquel ha cobrado una nueva relevancia esta semana, al conocerse finalmente los fundamentos en base a los cuales el diputado Jaime Trobo quiere que se forme una comisión parlamentaria investigadora de los negocios que el país no ha hecho con Venezuela, aunque sí algunos de sus ciudadanos.

Según autoridades del régimen, las denuncias de Trobo han resultado "inconsistentes", basadas en "dimes y diretes" y "recortes de prensa", razón por la cual ejercieron su mayoría en el seno de una pre-investigadora a fin de desestimar la posibilidad de formar la comisión, una vez el tema sea puesto a consideración del plenario de la Cámara de Representantes el próximo 31 de octubre.

La reacción de los legisladores oficialistas es comprensible: los temas puestos a su consideración son de por sí complejos, y la madeja conceptual que ponen en funcionamiento dos administraciones opacas, declamatorias y burocráticamente concertadas para oscurecer lo claro superan, con creces, el entendimiento de las almas sencillas. Por ello no viene mal intentar simplificar los términos de la cuestión.

En ese camino, comencemos por el llamado Fondo Bolívar-Artigas, que los legisladores frenteamplistas entienden es de exclusivo resorte venezolano y, por ende, ajeno al interés parlamentario uruguayo. Bueno: el primer indicio está, probablemente, en la referencia a Artigas, el segundo en el hecho de que sus aportes se deberían volcar en una cuenta bancaria uruguaya, y el tercero que tendría por cometido financiar el intercambio de bienes y servicios entre Venezuela y Uruguay, desde que se alimenta de parte de los pagos que Uruguay realiza por importaciones de petróleo venezolano.

Trobo estima que los negocios que este fondo habría financiado alcanzan una cifra cercana a los US$ 1.000 millones, y habrían tenido por destinatarios 19 proyectos económicos. Por qué se trata de esos 19 y no del suyo o del mío es algo que a Trobo le interesaría saber, aunque a mí menos, por cuanto sé a ciencia cierta que se trata, por sobre toda otra prelación, de financiar esos engendros cooperativos frenteamplistas carentes de todo pie o cabeza, en los que una jornada perdida es aquella en la que no se arroja a la hoguera, y a manos llenas, dinero del contribuyente.

Pero el centro de la curiosidad del legislador está en otro lado.
Le llama la atención que, con la firma de esas rimbombantes Declaraciones bolivariano-tupamaras que Nicolás Maduro y José Mujica firmaban, prometiendo el oro y el moro del intercambio "solidario", siempre corrieran por detrás organismos públicos venezolanos, como el pomposo SUVINCA (Suministros Venezolanos Industriales CA), la CVAL (Corporación Venezolana de Alimentos) o Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional SA), a fin de replicar los términos acordados ... pero con empresas privadas uruguayas: Aire Fresco S.A., Atlansur S.A. y Urutransfor S.A.

¿Y qué tesoro reservaba para las entidades monopólicas venezolanas que tanto tiempo e ingenio han empleado en facilitar el reconocido acceso del público venezolano a bienes de consumo y servicios públicos, este relacionamiento con sociedades uruguayas sin trayectoria ni historia registral alguna? El régimen frenteamplista le dirá que sus infinitos contactos comerciales.
No le crea.

Lo que estos sellos de goma daban a la corrupta dictadura venezolana era una invalorable cobertura a fin de poder requerir del contralor cambiario del país dólares al tipo de cambio oficial, que de inmediato serían vendidos en el mercado negro, generando ganancias de hasta 20.000%; esto, y la posibilidad de pagar por "exportaciones" uruguayas precios significativamente por encima de los del mercado, de forma de satisfacer las bolivarianas y tupamaras necesidades solidarias de todos los involucrados, era el cerno del negocio. "Una forma de ganarse la vida como cualquier otra", según resumiría José Mujica.

En el saco del olvido, claro, han quedado los miles de venezolanos que se han visto sometidos a vivir en el pantano del desabastecimiento: muchos de los alimentos, remedios, insumos industriales y bienes de consumo adquiridos mediante el sistema que el régimen frenteamplista entusiastamente convalidara con la firma de Mujica y sus ministros, así como con el discreto asentimiento de nuestros "exportadores" de cabotaje, se han pudrido o perdido en hangares y robos.

Es que, mientras los demás hablábamos de quesos y automóviles, el socialismo hablaba, claro, de los dólares. No falla.

A los parlamentarios del régimen les tiene sin cuidado estos hechos. Para ellos, la información arrimada por Trobo es especulativa. Que una persona jurídica uruguaya sin otro antecedente comercial que el de la pertenencia de sus responsables al grupo político del Presidente, y al motor financiero de éste, el Fondo "Raúl Sendic", firme bajo el manto de la representación de órganos y autoridades del estado uruguayo convenios con organismos públicos venezolanos, y que lo haga con la mira puesta en poner los fundamentos de imaginarios organismos binacionales, es algo que no interrumpe su sueño.

Si, como es de prever, el 31 de octubre la Cámara de Representantes rechaza la posibilidad de investigar formalmente este episodio bananero, no quedará otro recurso que el de ponerlo a consideración de la justicia, como ya lo está haciendo el fiscal informal de la República, Dr. Gustavo Salle. Ya sabemos lo que eso significa: diferir, hasta el límite de lo tolerable, el análisis detallado del caso; aplazar, hasta la irrelevancia, el llamado a responsabilidad de los protagonistas; burlarse, una vez más, del bovino desinterés con el que los ciudadanos de Venezuela y Uruguay hemos visto acaecer este insuceso, que ayer llamábamos "negociado" o "ilícito económico", ante nuestros mismísimos ojos.

Cuando, en 1970, el MLN intentaba justificar su larga lista de crímenes, lo hizo mediante un manifiesto en el que detallaba el orden social contra el que, supuestamente, se había alzado en armas: "el orden", expresaba entre otros conceptos, "de los ministros, los intendentes, los jefes de policía y los políticos coimeros y ladrones ... el orden de la desocupación y de los cantegriles ... el orden de la juventud sin horizontes, lanzada a la delincuencia o a la emigración ... el orden, en fin, de una minoría que se enriquece a costa del sufrimiento de la enorme mayoría."

Lo que el régimen frenteamplista pretende narrar hoy es que tal orden ha sido superado por el "aire fresco" y el "oxígeno puro" de su palabrerío y amaño.
Pues no ha sido así. Y la comprobada miseria en la que hoy se debate el sojuzgado pueblo venezolano, constituída en modelo fielmente defendido por las autoridades uruguayas que así lo proponen para este país, es testimonio de esa gran falsedad.

El voto negativo que el lunes próximo darán los legisladores del régimen tendrá, por lo tanto, que ser considerado apenas como otro clavo de complicidad en el ataúd de la esperanza en el que han terminado por convertir al país sus quebradas ideas y peores abanderados

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