Desacuerdo sobre destino de presos demora el cierre de Guantánamo

Legisladores se niegan a que los reos sean trasladados a Estados Unidos y juzgados allí

El más reciente impulso de la Casa Blanca para cerrar la prisión de Guantánamo se estancó por un desacuerdo interno sobre su disposición más controvertida: la de dónde alojar a los detenidos que serán trasladados a Estados Unidos para su juicio o prisión por tiempo indeterminado.

La Casa Blanca tenía la intención de, antes de que comenzara el receso de agosto, dar a los legisladores una nueva hoja de ruta para el cierre de la prisión, definido por Barack Obama como prioritario para el tiempo que le queda al frente del gobierno. Ese plan incluía la propuesta de destinar los cerca de 116 detenidos que quedan en la isla cubana a una prisión de máxima seguridad en Illinois o a una dependencia naval en Charleston, Carolina del Sur.

Sin embargo, en una videoconferencia que tuvo lugar recientemente entre altos funcionarios del gobierno, el abogado principal al fiscal general adjunto, Scott Ferber, dijo que el Departamento de Justicia no puede apoyar el uso de la prisión federal de Thomson, en Illinois. Así lo declararon algunos funcionarios que prefirieron mantener la condición de anonimato.

Ferber agregó que en 2012, cuando compró esa instalación carcelaria, el Departamento de Justicia se comprometió en público a no trasladar allí a los detenidos en Guantánamo. "No vamos a mover a la gente de Guantánamo a Thomson, diga lo que diga la ley. Esa es mi promesa como fiscal general", había comentado por su parte Eric Holder a la Comisión de Justicia del Senado.

Aunque en su momento no se tomó tan en serio el planteo que hizo Holder, ahora las autoridades confirmaron que Thomson ya no es una opción, pese a que tiene 1.600 celdas y 79 plazas ocupadas. Un alto funcionario del gobierno destacó que la financiación para la construcción de esa cárcel se aprobó ante el compromiso de que no albergaría a ex reos de Guantánamo.

Esta disputa de último momento es una muestra más de las muchas dificultades que enfrenta el intento de la Casa Blanca por concretar la promesa de Obama de cerrar la prisión en Cuba antes de 2017.

Además, aún cuando los funcionarios logren unificar criterios y elijan un sitio, la posibilidad de llevar a todos los presos al territorio estadounidense sigue siendo un asunto casi radiactivo en el Congreso. Los legisladores que se oponen argumentan que ningún lugar en el país puede ofrecer la misma seguridad que Guantánamo. El gobierno responde que la Oficina de Prisiones ya ha condenado a varios terroristas peligrosos en el territorio.

Necesidad de convencer

Desde hace meses el gobierno busque una fórmula que plazca a sus legisladores y también a los de la oposición republicana. El senador John McCain, opositor y presidente de la Comisión de Servicios Armados, se dijo dispuesto a apoyar el cierre de Guantánamo siempre y cuando se le entregue un plan detallado de cómo mitigar los riesgos de seguridad que eso supondría. Semejante plan no se encuentra desde 2009 y la ley no permite que se traslade a los presos hacia EEUU. Esta norma solo cae si se aprueba un proyecto que hay actualmente en el Congreso.

La segunda opción de destino de los exreos de Guantánamo sería una base naval en Charleston, donde en el pasado se recluyó a sospechosos de terrorismo. Este lugar también encuentra objeciones en la cámara alta.

"Si los detenidos deben ser trasladados a algún lugar, que los lleven a una cárcel de máxima seguridad en algún área remota, alejada de zonas densamente pobladas y con infraestructura. Charleston no se adecua a esos criterios", declaró Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.

"El Departamento de Defensa está liderando un esfuerzo para identificar sitios en EEUU donde se pueda mantener a los detenidos de Guantánamo de manera humanitaria y segura. Ese trabajo está en curso", reveló un alto funcionario del gobierno.

Los legisladores, entre ellos McCain, además buscan tener garantías de que los detenidos no recibirán más derechos cuando sean trasladados a Estados Unidos.

A todo esto, el Ejecutivo enfrenta problemas por los atrasos en el traslado de 52 reos a sus países de origen o a terceras naciones. De acuerdo con la ley, cada transferencia debe ser aprobada por el secretario de Defensa, quien debe garantizar al Congreso que no hay riesgos asociados a la liberación de esas personas.

Las autoridades no tienen claro cuántos presos tendrían que ser llevados a Estados Unidos. La Casa Blanca se refiere a un "mínimo irreductible" que se calcula en decenas.

EEUU alega que busca un final "responsable"

En su último pronunciamiento formal sobre el cierre de Guantánamo, Estados Unidos respondió a un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que los prisioneros sean juzgados en las cortes de EEUU. El pasado jueves Washington respondió que está dando los pasos para cerrar la prisión de "manera responsable".

La CIDH había denunciado que la detención indefinida de sospechosos extranjeros de terrorismo en esa cárcel constituye "una clara violación del derecho internacional".

De acuerdo con un funcionario de EEUU, desde la última audiencia ante la CIDH en marzo, el gobierno transfirió a seis detenidos, mientras que otros casos están en revisión.

Esa fuente indicó que Washington entregó a la CIDH un informe detallado con lo actuado desde marzo. Entre otras cosas, allí respaldó la recomendación de la CIDH para que los países de América Latina reciban a prisioneros de Guantánamo, tal como hizo Uruguay con seis personas en diciembre de 2014.

Kerry oficializa el cambio diplomático

Pasado mañana el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, viajará a la capital cubana de La Habana y ahí hará oficial la reapertura de la embajada de su país, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Kerry será el primer jefe de la diplomacia estadounidense en viajar a la isla caribeña en más de medio siglo. El gesto con el que sellará la alianza será el izado de la bandera estadounidense en Cuba.

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