Desesperanzador
El déficit fiscal de Uruguay llegó al nivel que tenía en 2003, el año posterior a la salida de una profunda crisis económica y financiera
El segundo mes del año finalizó con una noticia muy preocupante y desesperanzadora: el déficit fiscal de Uruguay llegó al nivel que tenía en 2003, el año posterior a la salida de una profunda crisis económica y financiera. Es toda una señal de que estamos ante un problema serio ante el que Frente Amplio debería sentir vergüenza por no haber podido solucionar ni siquiera en la gran bonanza de los 15 años que lleva en el poder, pese incluso a haber prometido hacerlo para fin de este año.
Los datos finos del sector público, difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el jueves pasado, muestran que a enero el déficit fiscal verdadero, que deja a un lado los recursos adicionales para atender situaciones puntuales, trepó a 4,1% del PIB, el mayor registro alcanzado desde los 12 meses finalizados en junio de 2003. Al cierre de 2018, el mismo déficit había sido de 4%.
Se podría argumentar que se trató de un pequeñísimo salto de apenas 0,1 puntos porcentuales, pero lo importante es ver la tendencia de aumento del gasto, algo que ni siquiera había sido contemplado en las proyecciones económicas del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas del año pasado, aprobada por el Parlamento.
Ese es el verdadero meollo del problema: un gasto público en ascenso y, mucho peor, en un año electoral donde hay menos margen para cambiar el actual estado de cosas dado el usual comportamiento de los partidos cuando están en el poder.
El presidente Tabaré Vázquez reconoció el viernes 1° que la baja del déficit fiscal lo incluye como uno de los desafíos pendientes de su gobierno. Buena cosa que Vázquez haya reconocido su responsabilidad en un controvertido acto de rendición de cuentas en el Antel Arena, pero no es suficiente. Es que es necesario revertir cuanto antes el déficit por sus implicancias en el crecimiento económico, la inflación, el mercado de trabajo y la competitividad del país, una realidad que reportan al mundo las consultoras privadas, agencias calificadoras de crédito y organismos internacionales.
El FMI, por ejemplo, recomendó a Uruguay el mes pasado tomar medidas adicionales para bajar el déficit fiscal y consideró “difícil” cumplir la meta oficial de un saldo en rojo de 2,5% para 2020. Es cierto que el organismo internacional reconoció el compromiso del gobierno por mantener la sostenibilidad fiscal, pero, al mismo tiempo, le hizo un tirón de orejas por la abultada deuda pública.
Una desgracia que las políticas macroeconómicas “prudentes”, que elogia el FMI, no se hayan reflejado en el manejo del gasto público donde más bien ha ocurrido todo lo contrario por no haber aprovechado mejor los períodos de bonanza de los precios de los bienes de exportación, no haber hecho a tiempo las imprescindibles reformas en el sistema previsional y en las empresas públicas y no haberse animado a disminuir el gasto corriente del Estado.
Los partidos políticos deberían tomar nota de que ya no alcanza con ver el problema. Cualquiera sea quien gane las elecciones tendrá que encarar un plan de baja estructural del gasto público. Y mucho más si se tiene la ambición de tener una economía sólida como la de Chile. Sin ello, entonces, seguiremos teniendo indicadores económicos mediocres que, es bueno recordar, perjudican especialmente a las familias más desfavorecidas.
