Duro plan de recortes y más impuestos en España

El Partido Popular (PP) señaló que los ajustes son “imprescindibles para reducir el déficit y dinamizar la economía española”.

El Gobierno conservador español de Mariano Rajoy lanzó este viernes su estrategia contra la crisis y el déficit con la aprobación de un duro paquete de medidas de ajuste, que incluye un primer recorte presupuestario de casi 9.000 millones de euros y la subida del impuesto sobre la renta.

Un mes después de que el Partido Popular ganara las elecciones y menos de dos semanas después de asumir el mando del país, el nuevo ejecutivo señaló que las medidas adoptadas hoy son "el inicio del inicio de unos ajustes estructurales imprescindibles para reducir el déficit y dinamizar la economía española".

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, reveló que el déficit público en 2011 será en torno al 8% del PIB. Es un déficit "mucho más elevado de lo que había comunicado y comprometido el anterior Gobierno" socialista, que calculaba acabar el año en un 6%.

La "mano derecha" de Rajoy dejó entender que el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no les había informado correctamente, para subrayar después que "el desfase presupuestario está ahí, con independencia de su origen". No obstante, "hay un gobierno dispuesto a tomar decisiones", afirmó.

Entre estas hay algunas que ya se habían filtrado. Por ejemplo, la congelación un año más de los sueldos de los empleados públicos -que en 2010 lo vieron recortado en un 5% de media- o la del salario mínimo interprofesional, que actualmente es en España de 641 euros (824 dólares) al mes, uno de los más bajos de la Unión Europea.

También se ampliará la jornada laboral en la administración pública a 37.5 horas semanales, y se congelará la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos.

La portavoz dijo que se aprobó un recorte de gasto de 8.900 millones de euros (11.500 millones de dólares) a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año.

El Ministerio de Fomento será el más afectado por el recorte, seguido por los de Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

Pero la "nueva situación" creada por el déficit del 8% del PIB ("extraordinaria y no deseada", según Sáenz de Santamaría) obligará al Gobierno a adoptar también "medidas extraordinarias" y no previstas anteriormente.

Así el ejecutivo del Partido Popular, que era reacio a aumentar los impuestos, aprobó aumentar durante dos años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las rentas de trabajo y de capital. Además, aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles y suprimirá las bonificaciones al gasoil profesional.

Con estas medidas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que esperan recaudar más de 6.000 millones de euros (7.800 millones de dólares), más de dos tercios de ellos por el impuesto a las rentas de trabajo.

El aumento por este concepto será progresivo, con subidas del 0,75% para las rentas más bajas hasta del 7% para las más altas.

El ejecutivo también acordó reducir en un 20% las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

La única partida que se aumentará será la relativa a las pensiones de jubilación, que se incrementarán un 1% en 2012, lo que corresponde al aumento previsto del Índice de Precios al Consumo (IPC).

La portavoz del ejecutivo subrayó que para "proteger a los más débiles", se mantendrán ayudas como los 400 euros mensuales (518 dólares) que reciben los desempleados que ya han agotado sus prestaciones, una cantidad introducida por el anterior gobierno socialista para paliar el impacto social de casi cinco millones de parados.

Las reacciones al "tijeretazo" anunciado hoy no han sido unánimes. Por el lado del PP su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, se felicitaba porque "los más débiles no pagarán el ajuste". En cambio, desde la izquierda el coordinador de IU, Cayo Lara, criticó que el Gobierno haya decidido, con la subida del IRPF, gravar más a los trabajadores que a las rentas de capital. Criticó además que no se haya tocado el impuesto de sociedades y que el gobierno no haya tomado medidas para reforzar la lucha contra el fraude.

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