El acuerdo de paz, en su peor momento

Año y medio después de firmado, el acuerdo de paz con las FARC comienza a hacer agua por el incumplimiento de lo pactado tanto por parte del gobierno colombiano como de la antigua guerrilla, hecho agravado por escándalos de corrupción y narcotráfico.

Como un barco que avanzaba hacia el puerto seguro de la paz definió muchas veces el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, su programa bandera, que, si bien atracó el 24 de noviembre de 2016 con la firma del acuerdo definitivo con las FARC, soporta ya en tierra firme numerosas tormentas.

Hace una semana, el exjefe negociador con las FARC y actual candidato a la Presidencia Humberto de la Calle dijo: "Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz", y criticó a la ya desmovilizada guerrilla por no mostrar empatía suficiente con los colombianos, al gobierno por haberle "quedado grande la implementación" y a la oposición por generar una "nostalgia de la guerra".

La fractura se hizo más dolorosa en el abril que acaba de terminar cuando afloraron historias de narcotráfico y corrupción en el manejo de los dineros del posconflicto que han llevado tanto al gobierno como al partido FARC y a analistas políticos a admitir que el acuerdo está en su más grave crisis.

El pasado 9 de abril Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla y designado como uno de los cinco futuros representantes a la Cámara por la FARC, fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos a solicitud de ese país por el delito de narcotráfico por hechos ocurridos luego de la firma del Acuerdo de Paz.

"Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso", aseguró entonces Iván Márquez, número dos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) en el que se transformó la guerrilla.

La crisis se agudizó por la decisión de Márquez, que será senador a partir del próximo 20 de julio, de trasladarse "temporalmente" a una zona rural del sur de Colombia para ponerse al frente de la reintegración de los excombatientes, decisión que ha alimentado suspicacias, ya que él mismo dijo que en las condiciones actuales no asumirá su escaño legislativo.

Márquez, que pidió esta semana a Santos actuar para "salvar la paz" de los "montajes judiciales y la intervención foránea", está en medio de la turbulencia luego de que The Wall Street Journal asegurara que también está investigado por agentes de la DEA por supuesta conspiración para el tráfico de cocaína hacia EEUU. Esa versión puede explicar su salida de la escena bogotana para instalarse en la zona rural de Miravalle con guerrilleros desmovilizados.

La tormenta se veía venir a comienzos de abril cuando estalló el escándalo por supuestos malos manejos del dinero donado por la comunidad internacional para la implementación de la paz, luego de que los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega pidieran algunas explicaciones al gobierno.
A raíz de ello, la funcionaria Gloria Ospina fue destituida como directora del Fondo Colombia en Paz, entidad creada por Santos en abril de 2017. Los supuestos malos manejos se extienden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aunque Santos insiste en que pese a "las dificultades y retrasos" en la implementación del acuerdo el "balance es positivo", la sensación general es que al barco de la paz se le abrió una vía de agua.