El caso Berríos y el desafío de evitar las operaciones
En equipo, los periodistas de El Observador contrastaban la información, intentando evitar operaciones o que permearan datos aportados por fuentes desinformadas
Antes que El Observador diera cuenta el 8 de junio de 1993 que un acuerdo militar había otorgado protección a un científico chileno involucrado en la dictadura pinochetista, la tensa puja de los mandos militares y servicios de inteligencia con el poder civil era un hecho: los atentados de la Guardia de Artigas y el espionaje eran prueba de ello. Pero la noticia de que Eugenio Berríos, bioquímico a cargo del Proyecto Andrea en el que se produjo gas sarín para utilizarlo como arma, había estado oculto en Uruguay, puso en primera plana el complejo entramado de los refugiados latinoamericanos en Uruguay.
Alfonso Lessa, editor de Política de El Observador en ese momento, recordó que en esos años sabía que tenía el teléfono intervenido o que lo pasaban a buscar encapuchado por la rambla de Montevideo para hacerle una nota a un grupo de personas a las que nunca vio. En ese contexto surge el caso Berríos.
Los primeros días fueron difíciles. El presidente de la joven democracia uruguaya, Luis Lacalle Herrera, estaba en una gira institucional en Londres y el tiempo parecía estar pausado esperando su llegada. “Las cosas eran complejas, lo que llegaba no se sabía a quién respondían. Ahí, en equipo, corroborábamos el origen de la información y veíamos que fuera correcto. Todos nos compartíamos la información y hacíamos análisis colectivos para corroborarla. Nada era individual”, recordó Lessa.
Gabriel García
El cuerpo del científico Eugenio Berríos apareció semienterrado en la playa de El Pinar
La opinión del Parlamento, la posición de la Justicia, la explicación militar y los cruces entre el gobierno uruguayo y el chileno derivándose las responsabilidades solo aumentaban la complejidad y la confusión. Eran pocos políticos los que sabían de la interna militar y también militares desinformados. Los funcionarios judiciales no hablaban del tema y los expedientes eran reservados. El campo de fuentes se reducía cada vez más para averiguar la verdad sobre el científico que había estado escondido en Parque del Plata.
Diez días después de la primera publicación, El Observador informó que el canciller Sergio Abreu había manifestado en el Parlamento que al consulado uruguayo en Milán habían llegado dos presuntas cartas del científico chileno en las que afirmaba que estaba a salvo y en Italia. La publicación hablaba de “presuntas cartas (…) supuestamente firmadas por Eugenio Berríos”. Puertas adentro, en la redacción, tenían la convicción de que eran falsas –como años más tarde se comprobó-. Lessa, que tenía una fuente de estricta confianza en el consulado milanés, había compartido con sus compañeros que esa carta no era verídica.
Ante la falta de respuestas claras, el caso se cerró para volver a abrirse en 1996 cuando los militares Tomás Casella y Eduardo Radaelli, apuntados como los responsables de haber traído a Berríos a Uruguay, declararon que el científico había desaparecido junto a dos agentes chilenos. Su cuerpo, luego, fue encontrado semienterrado en la playa de El Pinar.
“Recibimos en el diario un comunicado de oficiales de inteligencia que decía que no había habido un único Berríos, pero en este caso trascendió”, rememoró Lessa. El bioquímico fue solo un ejemplo de las decenas de exaliados militares de Latinoamérica que buscaron refugio en el país.
*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.
