Es desproporcionado que el caso de Jihad Diyab se haya convertido en una crisis para el gobierno uruguayo que hasta repercute fuera de fronteras. Su único sentido es estrictamente humanitario, centrado en las penurias de un hombre encarcelado durante 12 años en la infame cárcel de Guantánamo y en su incapacidad y renuencia a adaptarse a la vida en nuestro país. Pero sus dos meses de huelga de hambre para presionar al gobierno con acusaciones de incumplimiento de presuntos acuerdos y con actitudes y demandas cambiantes han llevado la situación al límite de la tolerancia y la buena voluntad oficial. Incide además el multifacético entorno de Diyab, que incluye hasta la Plenaria Verdad y Justicia, de Irma Leites, una institución caracterizada por su extremismo con fines de agitación política.
El desproporcionado caso Diyab
Es desproporcionado que el caso de Jihad Diyab se haya convertido en una crisis para el gobierno uruguayo